Codigo Organico De La Produccion, Beneficio Para Nuevas Empresas.

Nombre: Galo Egas G. Fecha: 2012-04-07

Cristhian Rosales C.

Beneficios para Empresas Nuevas en el Código de la Producción Ecuador 2011

Antecedentes

La discusión sobre el rol del estado en el fomento productivo y el rol de la política industrial, comienza a adquirir mayor preponderancia en la década pasada, ante el fracaso de las políticas minimalistas del Estado y del conjunto de políticas denominada del Consenso de Washington.

La reciente crisis financiera global capitalista ha obligado a múltiples cuestionamientos sobre los límites del mercado y de la auto-regulación, profundizando el debate ya existente sobre las llamadas políticas “selectivas”, “industriales” o “sectoriales”; que son aquellas que deliberadamente fomentan ciertos sectores, ignorando las señales del mercado, usualmente –no siempre- para mejorar su eficiencia y promover incrementos de productividad.

En el debate sobre las nuevas formas de hacer política industrial en América Latina se ha recurrido, en forma frecuente, a comparar paradigmas de desarrollo de países emergentes en Asia, de países europeos de menor desarrollo o de algunos países latinoamericanos que han probado ser exitosos, a pesar de los efectos limitantes de las reformas de los años noventa.

Las experiencias exitosas de desarrollo de países asiáticos, europeos y latinoamericanos, arrojan importantes lecciones que deben ser sistematizadas para orientar el desarrollo productivo de nuestro país; así se podría establecer las siguientes:

i. Las políticas sustitutivas de importaciones, y por ende de protección de la producción local se han mantenido solo por un tiempo determinado y nunca dejaron de estar acompañadas de políticas de mejora de productividad y promoción de exportaciones industriales y de servicios;

ii. Las medidas tradicionales de política industrial, verticales y selectivas, han estado condicionadas a determinadas metas e indicadores de eficiencia productiva y de capacitación de la mano de obra, y, muy vinculadas a utilizar en forma creciente el factor de la innovación tecnológica;

iii. Las políticas de competitividad sistémica, la calidad de la infraestructura, los servicios básicos y una mayor institucionalización de las reglas del juego de la competencia, como la de regulación de los mercados, son condiciones indispensables para el éxito de políticas de desarrollo productivo o de fomento industrial;

iv. Un crecimiento económico sostenido no solamente puede ser el resultado de mayor valor agregado industrial, sino de una diversificación optima de otros sectores productivos con alto contenido tecnológico;

v. En forma creciente se comprueba que las políticas de desarrollo productivo exitosas ya no derivan de medidas de políticas unilaterales o únicas del Estado, o de la entrega de paquetes económicos al sector privado por parte del sector público, sino de instancias de consenso público-privado como un medio de provocar mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de estas políticas. Y estas instancias de diálogo tienen también que darse no sólo a nivel nacional sino regional y local.

Una buena parte del debate sobre este nuevo paradigma se concentra aún en dos temas: el primero, la conveniencia de aplicar políticas industriales ante la potencial captura de grupos de interés, dado que la experiencia latinoamericana de sustitución de importaciones fue intermitente, poco estratégica y plagada de capturas; y el segundo, el límite para su accionar, es decir que si estas políticas sólo se deben centrar en la generación de bienes públicos faltantes por fallas de mercado, o si incluso deberían proveer en ciertos casos bienes considerados como privados.

Por otro lado, una de las críticas a las políticas horizontales implementadas, ha sido que las mismas han estado orientadas casi exclusivamente a la atracción de la inversión extranjera y a la promoción de las exportaciones no tradicionales, sin que estas políticas hayan cerrado las brechas estructurales de productividad entre actores heterogéneos como las micro y pequeñas unidades productivas y entre sectores.

De una revisión reciente de la literatura sobre transformación productiva, mirada como la migración de un portafolio de productos con poco valor agregado a uno de mayor sofisticación, se establece que es imperativo la producción de bienes públicos muy específicos, sectoriales, para generar la transición. La institucionalidad de este nuevo enfoque de política industrial es muy relevante a la hora de abordar las fallas de mercado con intervenciones estatales, para sentar las bases y condiciones necesarias para la diversificación productiva, industrial y de servicios.

Ahora el Estado no diseña aisladamente estas intervenciones, en primer lugar, porque el Estado maneja menos información que el sector privado sobre los obstáculos y fallas de mercado que impiden el desarrollo de productos nuevos, y en segundo, porque los actores productivos tienen que tener claros incentivos para generar la transformación productiva deseada. En consecuencia, las decisiones de políticas deben necesariamente realizarse en forma conjunta y a partir del serio trabajo del Estado con el sector privado. Un factor clave para el éxito de estas políticas es el establecimiento de claros indicadores de mejora de productividad y generación de empleo, los que tienen que ser monitoreados de manera transparente. Por lo tanto, la institucionalidad de esta nueva forma de hacer política industrial debería asegurar coordinación y monitoreo constante del proceso de tomas de decisiones, de políticas conjuntas entre sector público y privado, un apoyo al mas alto nivel posible de gobierno a este proceso, y creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas constante de las políticas adoptadas.

Hay claros consensos en que la nueva agenda industrial para los países en desarrollo debe contemplar dos aspectos importantes. El primero es la provisión sustentable de bienes públicos para el sector productivo, que fomenten la innovación tecnológica, el manejo sustentable del recurso natural, la capacitación de los recursos humanos para la innovación, en proveer más y mejor infraestructura física, etc.; orientadas todas ellas a una mayor productividad y capacidad tecnológica de las empresas. El segundo aspecto tiene relación con la efectividad de estos bienes públicos para generar desarrollo y con la necesidad de contar con buenas instituciones para gerenciar estos bienes y lograr los resultados ya mencionados. Así, una nueva modalidad de la política industrial en América Latina resulta de la combinación de bienes públicos sustentables e innovadores para el sector productivo y de buenas instituciones gerenciadoras de estos bienes.

La política de crecimiento productivo en los países en desarrollo está condenada a priorizar su accionar, a generar bienes públicos específicos y a fomentar bienes privados también específicos, no sólo por las razones anotadas, sino también por restricciones presupuestarias; sin que esto implique que el Estado no tendrá una política general de fomento de las inversiones y propenderá al adecuado clima de inversión, reduciendo los costos de transacción y con una reducción drástica de la tramitología en todas sus áreas.

En 1957 se expidió la Ley de Fomento Industrial, que sintetiza la primera política de fomento industrial que se fortaleció con la creación de la Junta Nacional de Planificación en 1962 y con el ingreso de Ecuador al Pacto Andino en 1966.

En los años setenta, gracias a los recursos petroleros, el Estado pudo reforzar las políticas de desarrollo industrial. La dictadura de entonces eliminó una serie de tributos e incrementó los niveles disponibles de crédito sectorial a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera Nacional. El tamaño del Estado pasó de 35 agencias e instituciones estatales en 1965, a 163 en 1976; sin embargo, existieron distorsiones que deterioraron la competitividad de la economía, y se incrementó en forma sustancial la deuda externa.

Hacia fines de los ochenta se implementaron en el país un conjunto de políticas orientadas a desmantelar muchas de las instituciones y políticas que habían regido las anteriores décadas. La nueva dirección minimizaba el rol del Estado y favorecía a las exportaciones. Se enfatizó la desgravación arancelaria, la simplificación de la tramitología, y la participación en el esquema de arancel externo común en el sub-mercado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) entre Ecuador, Colombia y Venezuela.

Ecuador enfrenta varios problemas en su estructura productiva, que bien pueden ser explicadas por los fallas de mercado y de Estado ya mencionadas, en particular la ausencia de políticas de desarrollo productivo sectoriales integrales y además de la preeminencia del sector petrolero que ha generado problemas adicionales en la economía. Ecuador, en el 2007 experimentaba una triple concentración:

1. Concentración del valor agregado en pocos productos de exportación, solo el 46% de las exportaciones no petroleras son industriales (2008), y de éstas, las no petroleras constituyen apenas el 36% del total de las exportaciones.

2. Concentración de mercados de destino: Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia constituyen los más importantes destinos, y diez países, entre los que se encuentran Venezuela, Italia, España, Alemania, Holanda, Bélgica concentran el 81% de las exportaciones.

3. Alta concentración de la propiedad empresarial: De las empresas que hay información sobre su capital accionario, el 95% de las empresas tienen el capital en manos de cinco accionistas y

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