DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

El renacimiento del pensamiento totalitario en el seno del Estado de Derecho: La doctrina del derecho penal del enemigo

La teoría de Derecho penal de enemigo, se caracteriza por un amplio adelantamiento de la punibilidad para cierto tipo de delitos, por un incremento comparativo y desmesuradamente notable de las penas frente al Derecho penal y por la supresión de determinadas garantías procesales individuales.

Este modelo autoritario que se encuentra alejado de un Derecho penal liberal o garantista, se presenta como una propuesta alternativa del Derecho Penal común; gira en torno a la adopción como un mecanismo para neutralizar a ciertos sectores de la delincuencia que fueron surgiendo como terroristas y grupos organizados, este último lo que actualmente conocemos como delincuencia organizada.

El derecho penal del enemigo, llega al punto de negar la condición de personas, al establecer la distinción entre un ciudadano de un enemigo, actuando por razones de un supuesto interés de la comunidad, de quien comete un delito contra la seguridad del Estado, y con ello ataca la libertad de los otros, justifica este doble tratamiento, en que estos últimos, los enemigos, no son y no se comportan como auténticos ciudadanos, pues no se limitan a solo infringir al Derecho, sino que fundamentalmente tratan de destruirlo y con ello persiguen acabar con el sistema social, por consiguiente han de ser tratados como enemigos, y no como ciudadanos, de ahí deriva la necesidad de la elaboración de un Derecho penal singular, especial o excepcional para estos sujetos.

Considero que no se puedan utilizar medios de represión del delito, por más grave que este sea, ya que resulta cuestionable que en un Estado de derecho pueda legitimar la existencia de un ‘Derecho de lucha contra los enemigos’ como complemento del Derecho penal, con un contenido de sus regulaciones mediante la coacción y de la fuerza.

Si viene cierto que la tendencia modernista del Derecho penal y entre ella la práctica de un Derecho penal reservado para enemigos, es una problemática que en el fondo remite a cuestiones de política criminal, encaminada a la búsqueda de estrategias destinadas por los poderes públicos a frenar altas tasas de criminalidad, que permitiría lograr obtener la seguridad ciudadana, y por su parte el derecho penal pretendería limitar esa actividad del Estado para respetar los derechos de los individuos que cometen delitos.

Mientras que la política criminal propone alternativas para luchar contra el crimen, el Derecho penal se encarga de poner límites a esa facultad que tiene el Estado para reprimir las conductas consideradas como desviadas y merecedoras de reproche y sanción penal, tratando de reaccionar frente al fenómeno delincuencial, pero en la práctica

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