Derecho Agrario y del Ambiente

Republica Bolivariana de Venezuela

Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”

Escuela de Derecho – Núcleo Maturín

Derecho Agrario y del Ambiente

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Abg. José Quintero                                                                   Bachilleres:

Olivo Milanyer C.I: 20.647.908

Rojas Mérida C.I: 22.924.548

Maturín, noviembre de 2016.

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos.

Para regular la industria minera los gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales han creado una serie de reformas legislativas, que buscan la armonía y la estabilidad del sector productivo. Estas en su gran mayoría están enfocadas en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad de los mineros, sin embargo, las violaciones a estas normas en el último tiempo han provocado diversos desastres en varias naciones del mundo.

En nuestro país Venezuela se ha creado mediante decreto “El Arco Minero del Orinoco”, donde se ventila el aprovechamiento de una franja cuya superficie corresponde a 111.843,70 kilómetros de territorio que serán ocupadas por más de 150 empresas de la minería de diversas partes del mundo, donde se destina el aprovechamiento de recursos que posee el país en esa área con la finalidad inicial de corresponder el aumento de potencialidades de desarrollo económico, social y productivo; cuya intención es disminuir la dependencia del crudo (Petróleo) cuya dependencia es casi total en la nación.

El decreto del Arco Minero del Orinoco fue realizado con la intención de permitir el desarrollo de la explotación en esa área; ahora bien de un análisis exhaustivo desarrollado en base al contenido del referido decreto, pareciera que el Ejecutivo intenta realizar mejoras en el sistema económico y de desarrollo del país, a fin de alejar la dependencia fáctica sobre el petróleo cuyas ganancias se encuentran en tela de juicio en cuanto al beneficio que provoca, orientando la nación a un sistema más amplio y orientado a la globalización de otro medios de explotación de recursos.

Examinando este decreto desde la perspectiva de la globalización pareciera genial, pues se trata de un nuevo sistema económico productivo que desecha la dependencia de las ventas del petróleo y se orienta a la globalización que genera la exportación y creación de industrias  que laboren dicha actuación, así como la progresividad de las aéreas de desarrollo global, en base a  cultura, economía y políticas de Estado.

Ahora bien, es necesario reconocer que toda acción genera una reacción, en este caso el ejercicio de la actividad minera adquiere costos que en muchos casos no son precisamente en niveles económicos; el presente Decreto no desvirtúa tal consideración, por cuanto para la extracción de cada uno de los recursos que han de explotarse, deben generarse acciones que del todo no ayudan al establecimiento intrínseco de la protección del medio ambiente, toda vez que este, pertenece como deber de Estado y su cumplimiento debe ser de estricto orden publico; siendo necesario para ello, entender que no pudiese prevalecer sobre aspiraciones económicas, situaciones que trastocaran no solo la generación presente sino aquellas venideras. Existen ciertos principios y derechos ambientales que son trastocados por el ejercicio de la actividad minera entre ellos:

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