Derecho Agrario

Unidad II

Tema 1

Propiedad Civil y Propiedad Agraria

Origen de la Propiedad Agraria en Venezuela

A partir de 1830, empieza un periodo nuevo para Venezuela conocido con el nombre de Venezuela Agropecuaria. La base de la economía en esa época dependía de las actividades agrícolas y pecuarias. Las tierras, hatos y haciendas se encontraban en poder de pocas manos, los latifundistas. La mayor parte del ingreso dependía de la exportación del café y cacao.

Además la mayoría de la población vivía en el campo y su subsistencia dependía de las labores del mismo. Sin embargo, en esta Venezuela sobresalen algunas características especiales como son: el asentamiento de

las clases sociales, caudillismo y surgimiento de partidos políticos, entre otras.

La compleja estructura social generó serios conflictos políticos y sociales, así como contradicciones entre las clases existentes, unos tratando de defenderse

de los otros, especialmente por la actitud manifiesta del gobierno al favorecer al

sector mercantil.

Los terratenientes o latifundistas se ubicaban en el medio rural. La clase estaba constituida por los propietarios de las tierras, procedían en su mayor parte de la Antigua Oligarquía Colonial (Blancos Criollos). Este grupo salió muy favorecido en la República de 1830, porque tenían más poder político que en la Colonia, cuando sólo disfrutaban de poder municipal, tierras y haciendas, y estaban sometidos a las restricciones del gobierno español.

Ahora mantenían la propiedad territorial y además el poder político concedido por la Constitución, el mando de la República reposaba en manos de los terratenientes.

Formas Originarias de la Propiedad Agraria en Venezuela

Ocupación y Usurpación de Tierras Realengas

Fue una forma de adquirir la propiedad de las tierras. Sin justos y verdaderos títulos. Las tierras realengas, también se denominaron baldías y durante el período de la conquista, en muchas ocasiones fueron otorgadas en pública subasta al mejor postor. Es importante resaltar que el término baldío, no fue empleado en esa época con el mismo sentido jurídico que se le dio en las leyes de tierras posteriores a la Independencia. Asimismo, el término realengo se refería a todas las tierras de la América Española cuya propiedad no hubiere perdido la Corona Española, mediante las figuras jurídicas admitidas por ésta.

Composiciones

Fueron instrumentos jurídicos, aplicados desde las dos últimas décadas del siglo XVI, destinados a legalizar la ocupación de las tierras baldías o realengas, que habían sido usurpadas por particulares. Estos últimos, debían pagar el impuesto de la media anata y otros derechos a la Real Hacienda, para poder legalizar las tierras que poseían.

Resguardos Indígenas

Fueron derechos otorgados a los indígenas en forma colectiva o individual, para garantizarles la posesión de las tierras y defenderlos de la voracidad de los usurpadores, ya que las tierras de los resguardos eran inalienables y permanecían fuera de las reparticiones. Es importante resaltar que mediante la aplicación de estos conceptos se garantizaban las figuras traslativas de propiedad: repartimientos, mercedes, venta y composición. Se delega la confirmación de las concesiones reales en funcionarios coloniales, además se estableció por excepción, el otorgamiento de títulos de justa prescripción a aquellos ocupantes cuya posesión fuera anterior al año 1700.

También, incluye dos presunciones legales a favor de la Corona, primero que todas las tierras eran realengas salvo prueba que demostraran lo contrario y segundo que todo aquel que hubiere ocupado excediendo los límites, de lo comprado o compuesto, confirmados o no estos títulos, debían acudir a los Ministros Subdelegados para realizar la composición de dichos excesos y así obtener título y confirmación de los mismos, de no cumplir con esta última exigencia, de nuevo las tierras pasarían al patrimonio de la Corona.

Haberes Militares

Surgen con el Decreto de Simón Bolívar, de fecha 10 de octubre de 1817, mediante el cual se establece la confiscación de los bienes de los enemigos, españoles y americanos realistas, con la finalidad de ser repartidos y adjudicados entre los miembros del Ejército de la República como recompensa por los servicios prestados a la Patria. Dicha repartición se debía hacer con arreglo a los grados obtenidos en la Campaña Libertadora. El Congreso de Valencia (05-08-1830), derogó la Ley de Confiscación de Bienes, con la finalidad de que cesaran las adjudicaciones que se hacían a los principales acreedores y tenedores de haberes militares. Sin embargo, se observa, que después de ese año se encuentran adjudicaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda. Esta figura jurídica al igual que la Enajenación de Tierras Baldías, representan una forma de traslación de propiedad considerada una fuente de primera mano de invalorable importancia para el estudio histórico de la tenencia de la tierra en Venezuela.

Enajenación de Tierras Baldías

Tuvo su base legal en la Ley del 13 de Octubre de 1821 y en ella se establece, la enajenación como única forma de traslado de la propiedad a los particulares (enajenación: es la transmisión de un derecho, de un patrimonio a otro patrimonio) y por excepción se señala el otorgamiento de títulos de justa prescripción a aquellos ocupantes cuya posesión fuera anterior al año 1700.

Además, los antiguos realengos son denominados Tierras Baldías; se elimina el método de la Composición de 1754 y se exige el Registro de Títulos en las

Oficinas Provinciales.

Con la Ley de Tierras Baldías del 10 de Abril de 1848, se establece la venta de Baldíos ante las Juntas de Haciendas organizadas por el Poder Ejecutivo y derogó a la Ley de 1821. Destaca la Ley de 1848 que no se establecen límites máximos en las superficies a venderse.

Adjudicación de Tierras Baldías y Ejidos

Se establece como Ley el 13 de Agosto de 1909, y se señala por primera vez “la autoridad de la prescripción como causa legítima de dominio, según el Código Civil”. Contempla que la prioridad de las tierras baldías sólo podía adquirirse a través de la compra, correspondiendo al Ejecutivo Federal por órgano del Ministerio de Fomento, expedir a los compradores los títulos

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