Derecho Ambiental

"El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – espacio"[117].

A lo largo del presente trabajo investigativo, hemos podido apreciar que la competencia sobre el ambiente y los recursos naturales la ejerce el Derecho administrativo, por consiguiente el "Derecho penal es auxiliar de las prevenciones administrativas, que por sí solo carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos negativos para el entorno en general; este Derecho, no es evidentemente el único recurso con que cuenta el ordenamiento jurídico para la corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero sí representa el instrumento más grave"[118].

Lo anterior significa, como bien nos lo señala el académico COLUMBUS MURAT, que "solo deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico, o bien porque la gravedad del hecho cometido denuncia como inoperantes otras medidas que no sean las penales". Tal afirmación, nos lleva a interpretar, que estamos ante una autonomía relativa del Derecho penal o sea que no está totalmente subordinada a lo que disponen las leyes no penales, pues, como nos dice BLOSSIERS HÜME[119]"antes de prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que indica el ámbito de los comportamientos acreedores de tales penas".

Pero esa pérdida de autonomía, no significa que el Derecho penal sea secundario del Derecho ambiental y del Derecho de los recursos naturales, sino más bien el primario, por su "papel de protección, y accesorio en cuanto a su función tutelar que solo puede realizarse apoyando las normativas administrativas que de modo principal y directo, regula y ampara la realidad ambiental"[120]. El delito ambiental, es pues, el "Hecho antijurídico, previsto por el derecho positivo, lesivo del derecho al ambiente"[121], donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida son el bien jurídico protegido.

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