Derechos Humanos En Espana

La historia política de España fue uno de diversos conflictos y revoluciones llevado a cabo por grupos de distintas ideologías políticas. Durante el siglo XIX en España la inestabilidad política es constante. Los enfrentamientos entre liberales y realistas se traducen en una sucesión de golpes de estado y "restablecimientos". Estos conflictos a través de los siglos crearon una división por ideales políticos y tuvieron un impacto negativo moral, psicosocial-económico sobre el país. El reconocimiento de derechos humanos en España surge a principios del siglo XIX luego de siglos de guerras, conflictos, revoluciones, y las atrocidades que vivieron los españoles a manos de monarquías y el estado fascista franquista. Siguiente, deseo elaborar la evolución histórica, política y evolución de los derechos humanos en España.

El inicio de abolición de los tratos inhumanos en el siglo XIX se inicia en España con dos hechos relevantes:

• En 1808 la llamada Constitución de Bayona prohibió la tortura.

• En 1814 fue abolida la esclavitud en la España peninsular (permitiéndose no obstante que continuara en las colonias).

La Constitución de Bayona era una "carta otorgada", ya que no fue producida por los representantes de la nación, sino impuesta por Napoleón. A diferencia de no ser de hecho una constitución, fue el primer documento español que recogió en parte las normas de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada en Francia en 1789. Además de la prohibición de la tortura, recogía derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y los derechos de los detenidos y los presos.

En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz en la cual tuvo una duración breve. Tras la finalización de la Guerra de la Independencia y la reposición de Fernando VII, fue abolida. Fue restablecida en 1820, derogada nuevamente en 1823 y restablecida de nuevo en 1836, siendo sustituida por la Constitución de 1837 y ésta, a su vez, por la Constitución de 1845. En estas constituciones se reconocían los derechos de los detenidos, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de propiedad, mientras que la libertad de imprenta y de pensamiento se garantizaba parcialmente. No reconocían la libertad religiosa, el sufragio era censitario y los derechos de reunión y manifestación se contemplaban con limitaciones.

La proclamación de un nuevo sistema de gobierno, La Segunda República, dio lugar a la Constitución de 1931, en la que se incluía una amplia declaración de derechos. Esta constitución a diferencia de las previas, recogía derechos económicos, sociales y culturales. Por primera vez, una Constitución Española contemplaba el sufragio universal, incluidas las mujeres, y el sistema de garantías jurídicas estaba fortalecido por un Tribunal Constitucional. En 1932 se abolió por primera vez la pena de muerte (siendo reintroducida en 1934 y abolida de nuevo por la Constitución de 1978).

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, el 17 de julio se indignaron las fuerzas militares de Marruecos y al día siguiente el disgusto se extendió por toda España, iniciándose la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil (1936-1939), los derechos y las libertades fueron violados tanto en la zona republicana como en la dominada por las fuerzas sublevadas.

Sobre el balance final de víctimas hay diversas opiniones. Al parecer estarían alrededor de las 500,000. De esta cifra, unas 100,000 corresponderían a muertes en combate, 150.000 a ejecuciones (sumando las de ambos bandos e incluyendo las ejecuciones de la posguerra), 50.000 a causa del hambre y las enfermedades durante la guerra y 200,000 a causa del hambre y las enfermedades durante la posguerra, las muertes en prisión y durante el primer exilio en Francia.

Luego del fracasado Golpe de Estado del 1936 y la Guerra Civil (1936-1939), surge la era Franquista (1936-1975). La dictadura franquista se fundamentó en principios ajenos a los sistemas liberales democráticos, por lo que los derechos y las libertades más elementales no se garantizaron. Se perdieron muchos de los avances constitucionales relativos a los derechos de las personas incorporados a la Constitución de 1931, derogada en al bando rebelde al iniciarse la contienda. Las Leyes Fundamentales del Reino, ocho leyes aprobadas gradualmente a partir de 1938, regulan el marco legal de la dictadura. Una de estas leyes es el Fuero de los Españoles (1945), en el que se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Reconocía teóricamente el derecho a la libertad de expresión, el secreto de la correspondencia, la libre elección del lugar de residencia, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión y asociación, y a no ser retenido injustamente por la policía. No obstante, todos estos presuntos derechos estaban condicionados por el artículo 35, que especificaba que podían ser suspendidos total o parcialmente durante el

...