Desmovilizacion En Colombia

Desde agosto de 2002, el Gobierno colombiano implementó la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), con el objetivo de recuperar y fortalecer la institucionalidad y el orden público, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas en Colombia.

Esa Política busca desmontar a todos los grupos armados ilegales a través de desmovilizaciones colectivas e individuales. En el caso de las desmovilizaciones colectivas, un grupo puede entrar en los diálogos y desmovilizarse solo por una vez.

Las desmovilizaciones individuales son una opción disponible para los individuos que eligen abandonar sus grupos y entrar al proceso de desmovilización, siempre que no tengan órdenes de captura por crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Una persona que tenga órdenes de captura por delitos contra el DIH puede desmovilizarse, pero en caso de ser condenada no será acreedora a los servicios de la Alta Consejería para la Reintegración, ACR.

Todas aquellas personas requeridas por infracciones al DIH pueden acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que les brinda la posibilidad de acceder a beneficios judiciales a cambio de la confesión de la totalidad de sus crímenes y su compromiso con la reparación de las víctimas

Hasta la creación de la ACR, en septiembre de 2006, el gobierno colombiano ofrecía un programa de reintegración enfocado en el individuo, que buscaba reformar y preparar a las personas desmovilizadas a través de atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud, además de una mensualidad económica. El programa se llamaba Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) y era dirigido por el Ministerio de Interior y de Justicia.

En comparación con otros programas de reintegración enfocada en el individuo, el PRVC estaba muy bien concebido e incluso llegó más lejos en ciertos aspectos que otros programas similares en el mundo, particularmente en lo relacionado con la atención psicosocial para personas desmovilizadas, servicios y beneficios ofrecidos a sus participantes. Sin embargo, poco se hizo para preparar física o psicológicamente a las comunidades receptoras para la llegada de las personas desmovilizadas y sus familias.

Al principio, esto no representó un problema para el programa, porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando se empezaron a ver los resultados de la política de seguridad democrática, la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció significativamente y el PRVC se congestionó y enfrentó dificultades administrativas y conceptuales.

Desde 2003 hasta hoy se han presentado unas 54.000 desmovilizaciones, tanto de las AUC, como de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales.

Actualmente hay un promedio de seis nuevas movilizaciones

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