ESCRITO APELACION

La búsqueda de la felicidad, la justicia, la paz, la tranquilidad, la seguridad, el orden, la solución de conflictos e incertidumbres entre otras, son finalidades perseguidas por el derecho y el proceso. La pluralidad de métodos dirigidos a reglamentar los caminos o bien denominados “procesos” para mantener, conservar y proteger la dignidad de las personas y la institucionalidad de las personas jurídicas son reglamentados por las unidades administrativas, judiciales, ejecutivas y legislativas.

En este mundo globalizado, la tendencia moderna apunta a la simplificación administrativa, la maximización de beneficios, la reducción de procesos, plazos y costos, la creación de nuevas formas de solución de conflictos, la eliminación de la burocracia, la utilización de la tecnología, etc. los cuales han replanteado las estructuras procesales, normativas, jurisdiccionales y administrativas. En el Estado Moderno actual se busca generar y consolidar un “estado de bienestar” basado en la capacidad de interactuar entre sí, de depender unos de otros, de poder hacer cosas para los demás y que ellos hagan cosas por ti, además de buscar optimizar sus recursos, maximizando sus beneficios y reduciendo sus costos de transacción.

Cuando aquel punto de equilibrio se quiebra, sea accionando u omitiendo de manera irresponsable, imprudente, negligente, con la falta de pericia (culpa) o intencionalmente (dolo), algún hecho u acto de una persona natural o jurídica (DOLO), contra una o más personas naturales o jurídicas, es el juez o quién haga las veces de administrador o impartidor de justicia quien dará la solución, mediante sentencia o algún pronunciamiento análogo en base a la estructura normativa, la casuística, la doctrina, los usos y costumbres, el criterio juzgador y los principios generales del derecho y el proceso.

La problemática procesal que abordaremos en el presente trabajo será “El proceso ejecutivo y la no inclusión del pago parcial, como causal de contradicción al mandato ejecutivo, en los procesos de obligación de dar suma de dinero”.

Así pues, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de 1993, vale decir cuando regía el Código de Procedimiento Civiles de 1912, el legislador brindaba la facilidad de alegar todo lo que quisiera al ejecutado (entre ellas, como veremos, expresamente, la denominada “pluspetición” como causal de oposición) y que sus afirmaciones fueran probadas por cualquier medio probatorio. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil en 1993, muchas cosas cambiaron sustancialmente, se limitaron taxativamente los motivos de contradicción y las pruebas utilizables, y, sorprendentemente, se eliminó como motivo la causal de pago parcial, es decir, alegar que el ejecutante está pidiendo más de lo que realmente se le debe, regulándose además en tres llamados procesos de ejecución, el proceso ejecutivo, el de ejecución de resoluciones judiciales y el de ejecución de garantías”.

Es decir, de un ordenamiento que expresamente consagraba a la pluspetición como motivo de oposición a la ejecución, llegó el código procesal civil de 1993, para

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