El Exequatur

EXEQUATUR

El exequátur, es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera o por un tribunal arbitral foráneo que entrañan la condición de ser ejecutorios. En otros términos, es el trámite que se prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la legislación vigente de cada estado donde deban ejecutarse, para admitir judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos.

Estos procesos corresponden al campo del Derecho Internacional Privado, cuya función primordial es atender y dar solución a los conflictos que trascienden las fronteras de cada estado. Tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de brindar solución a las controversias que surgen entre sujetos de distintas o iguales nacionalidades, quienes acuden o se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional o arbitral, en procura de que les decida sus diferendos. Es entonces que surgen los denominados conflictos de leyes en el espacio que cobija la aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse para decidir un determinado asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero. Es una realidad que, los sujetos de las relaciones jurídicas se separan o ausentan del territorio jurisdiccional de dicho órgano y las consecuencias de sus pronunciamientos, si bien ahí les alcanzan y son ejecutorios, lo cierto es, que a los 2 lugares o países donde se trasladan no, pues incluso hasta se ignora la solución decretada, sino es hasta que se intenta su homologación. Asimismo, se dan los casos en que sus efectos se salen del ámbito estatal en que está asentado dicho órgano, sea que se producen hacia fuera, incluyendo su ejecución forzosa, como el caso del fallo que resuelve el contradictorio suscitado por la celebración de un contrato en un país extranjero para verificar su eficacia en otros territorios y, de ahí, la necesidad de crear los mecanismos-procesos que faciliten tal ejecución. Es entonces, que los estados no pueden desentenderse de esas problemáticas, e ignorar que, al amparo de las leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente, las cuales, en tesis de principio, deben regirse por la legislación del país emisor, pues tampoco podría imponerse a un estado la obligación de aplicar leyes que estén en conflicto con el orden público interno. En cuanto al cumplimiento de los relacionados pronunciamientos, el problema estriba en la forma como habrán de ejecutarse, habida cuenta de que, por el principio de territorialidad que dimana de la función jurisdiccional

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