El Gasto público Respecto Al PIB

El Gasto Publico respecto al PIB

Introducción

En las sociedades democráticas liberales, es necesario buscar un equilibrio adecuado entre las actividades del sector público y las del sector privado, por lo cual es menester que el Estado cumpla con sus objetivos de una manera eficaz. Tradicionalmente el Estado complementa al mercado en la asignación de recursos a través de mecanismos que consideran criterios políticos, sociales y regionales, todos ellos de una índole diferente al mecanismo de precios. De ello se deriva una de las tareas relevantes del Estado, que es la provisión de bienes y servicios diversos a la sociedad. La intervención del Estado en la economía se manifiesta básicamente a través del ejercicio del gasto público, que corresponde al cumplimiento de los compromisos sociales y económicos, entre ellos la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la defensa nacional, el apoyo a las actividades económicas y el empleo, entre otros.

Contexto Histórico

En las sociedades liberales del siglo XIX la asignación de recursos era una tarea exclusiva del mercado, y al Estado le correspondía la protección de los derechos de propiedad, esto es, el establecimiento de las condiciones propicias para el intercambio económico. Esta situación se revirtió a partir de la crisis de 1929, que demostró que la economía de libre mercado no es capaz de satisfacer por sí sola algunas necesidades sociales básicas. Esta situación generó una participación directa y amplia del Estado en la asignación de recursos, incluyendo en el catálogo de tareas estatales, además de la protección de los derechos de propiedad, a la educación, la salud, la seguridad social, la estabilización del nivel de la actividad económica a través del gasto público, la regulación financiera, la inversión pública en infraestructura, el apoyo para agentes y sectores desprotegidos ante el mercado (agricultura, grupos vulnerables). En las últimas dos décadas, la participación del Estado en la economía cambió cualitativamente debido a la globalización, las políticas de estabilización y liberalización económica y el desarrollo tecnológico en especial de las telecomunicaciones y la informática, lo que permitió la separación de los monopolios naturales y su privatización. Esto generó un giro en el perfil de la intervención pública en la economía, de la participación directa en las actividades económicas hacia esquemas de regulación económica y financiera. En México, los compromisos económicos y sociales se encuentran consagrados en la Carta Magna, bien como requisitos fundamentales para la adecuada operación del sistema económico o porque corresponden a compromisos que el Estado debe asumir ante una falla en la previsión de las consecuencias de las actividades gubernamentales sobre la población, o debido a los efectos de las actividades privadas ante la deficiente regulación pública sobre éstas. Estos factores generaron una intensa intervención del Estado en las actividades económicas. En nuestro país, el proceso de industrialización se llevó a cabo mediante una amplia participación del Estado en la economía. En la etapa de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, el Estado se desempeñó como impulsor del desarrollo económico, asumió una posición proteccionista para fomentar el fortalecimiento de las actividades industriales, proveyendo para ello la infraestructura, insumos de uso generalizado e inclusive bienes de consumo básico.

En los años setenta, con el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, y ante las consecuencias de la inestabilidad macroeconómica, el Estado se hizo cargo de la protección del empleo, lo que lo llevó a tomar a su cargo a las empresas con problemas económicos, esto significó un crecimiento considerable del aparato estatal. Aunado a ello, el monopolio del sector energético y petrolero y las demandas crecientes en la sociedad junto con la escasez de recursos públicos, hicieron que el déficit fiscal y la deuda del gobierno aumentaran como proporción del PIB. En los albores de los años ochenta, la emergencia de la crisis económica generó una modificación de la actividad estatal. Frente a los problemas de inflación e inestabilidad macroeconómica se impulsó una política de reducción del gasto primario que se tradujo en la disminución del déficit público, a través de la venta de las empresas paraestatales y la reducción del gasto público. En los últimos veinte años, el gasto público en México alcanzó niveles históricos y cambió de manera sustantiva su orientación en la economía. En la década de los noventa se realizó una profunda reforma del Estado propietario de los años ochenta se convirtió en las postrimerías del siglo XX, en otro Estado eminentemente regulatorio, con una menor participación directa en la economía a través de empresas estatales, pero con mayor influencia sobre la conducta de los agentes económicos mediante agencias regulatorias, marcos normativos, y actualización de la legislación vigente.

En 1982 estalló la crisis económica que cambió la configuración del sector público mexicano. Esta crisis puso al descubierto una economía petrolizada, dependiente del endeudamiento externo y con un sector público con muchas empresas, no todas ellas correspondientes a la naturaleza del quehacer estatal. La crisis hizo patente la necesidad de ubicar al Estado en un nuevo perfil económico, ya que el gobierno no podía hacerse cargo de todas las actividades económicas. El diagnóstico en 1982, afirmaba que el desequilibrio externo y

la inestabilidad interna eran problemas derivados de un exceso de demanda, en donde el responsable más evidente fue el gobierno, que según los expertos había ejercido el gasto público de manera negligente, recurriendo al financiamiento inflacionario del déficit. A partir de 1983 se emprendió la reorganización del sector paraestatal en torno a las actividades estratégicas y prioritarias señaladas en la Constitución Política. Muchas de las empresas fueron catalogadas como ineficientes y/o improductivas, y el gobierno no contaba con los recursos necesarios para procurar su operación. El resultado de esta política fue un proceso de desincorporación de empresas paraestatales, que promovió la fusión, venta, liquidación y extinción o transferencia de las entidades paraestatales. Al observar la participación del gasto neto de las empresas y organismos de control presupuestario directo dentro del gasto neto del sector público, es evidente una modificación en el peso relativo de las empresas públicas en el gasto total. En 1980, el gasto de las empresas representaba el 45.2 por ciento del gasto neto devengado del sector público; en 1983 el 34.5 por ciento y para 1987 había caído a 29.1 por ciento. Desde entonces, su participación en el gasto neto del sector público fluctuó entre 28.8 y 35.9 por ciento. Para el año 2002, el número de entidades de control presupuestario directo se ha reducido a siete. En 2006, el número de empresas se redujo a 5 empresas en donde CAPUFE y LOTERIA NACIONAL pasó a formar parte de las empresas de control presupuestario indirecto.

El gasto programable de los organismos y empresas de control presupuestario directo se ha reducido en forma sostenida, lo que se explica por el proceso de desincorporación de entidades paraestatales.

Hacia 1993, se desincorporó la mayor parte de las empresas estatales con la venta de las entidades bancarias. El gasto programable de los organismos y empresas de control presupuestario directo se estabilizó en la década de los años noventa, a excepción de una caída en 1995, asociada a los efectos de la crisis económica. Por otro lado, durante las dos últimas décadas, las finanzas públicas se caracterizaron por la debilidad institucional en materia de recaudación fiscal, toda vez que las modificaciones al marco impositivo no fueron suficientes para hacer frente al crecimiento de las necesidades públicas. Esta característica, junto con la política de austeridad implantada durante la década, llevó a una reducción del gasto público, en particular del gasto de capital, que con el tiempo se evidenciaría en las crecientes necesidades del gasto en infraestructura productiva.

La intervención del Estado en la economía se ha modificado sustancialmente en los últimos veinte años. El gasto público en 1980 se ejercía a través de las empresas públicas, en funciones productivas y de manera centralizada. Además, dentro del gasto programable participaba en mayor medida el gasto de capital, ya que la estrategia de crecimiento se apoyó en la formación de capital. En 1980, debido a las características de la contratación de la deuda, el peso del servicio de la deuda pública no restringía el uso de los recursos para el crecimiento económico, pero entre 1982 y 1990, el costo financiero del sector público se elevó aceleradamente, aunque en la última década, su peso disminuyó. Para el año 2000, los cambios relevantes son la reducción del peso del gasto no programable dentro del gasto neto del sector público y la disminución de la participación de las empresas paraestatales en el gasto público. En cuanto a la composición del costo financiero, el costo relativo de la deuda externa cedió ante el costo interno derivado de los pasivos asumidos por el gobierno, a raíz de los efectos de la crisis de 1994-95 y de otras políticas cuyas consecuencias no se anticiparon oportunamente (diseño de las concesiones en infraestructura carretera, regulación financiera, inversión energética, entre otras). Respecto al déficit público, hay un cambio sustancial, pues en

1980 no existían restricciones respecto al nivel del

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