El contrato administrativo

UNIVERSIDAD FERMIN TORO

VICE RECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

Derecho Administrativo

ASIGNATURA: Derecho Administrativo

FACILITADOR:

AÑO: 3RO

SECCIÓN T-623

LAPSO ACADÉMICO: 2012/A

BARQUISIMETO, 13 DE FEBRERO DE 2013

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BARQUISIMETO, 13 DE febrero de 2013

Introducción

El contrato administrativo, como todo contrato, supone un acuerdo voluntario, pues no significa un acto unilateral de la administración pública, sino bilateralidad de partes, de objeto lícito, que tiene por objeto una prestación, pero con algunas particularidades:

La forma del contrato administrativo siempre debe ser la escrita, las partes no están en condición igualitaria, salvo que se contrate con otro organismo de la Administración Pública de la misma jerarquía, ya que en general, quien contrata con la Administración está subordinado a ella, especialmente si es un particular; persona física o jurídica.

Existe colaboración y un fin de utilidad pública, que en general es al que tiende la Administración, que contrata por medio de cualquiera de los poderes del Estado, ya sea a través de sus órganos centralizados o descentralizados, por entes públicos no estatales, y también por organismos privados, que han recibido la posibilidad de contratar por delegación estatal.

El particular, además, se propone un beneficio personal, concediéndosele prerrogativas a la Administración pública (posibilidad de incluir cláusulas exorbitantes, como por ejemplo disponer la suspensión de una obra sin que pueda reclamarse indemnización, y modificar ciertas condiciones, lo que se denomina (ius variandi) en vistas a cumplir esos fines de bien común. Por esos son contratos de derecho público (Interviene un organismo público y un interés general).

Los contratos administrativos son formales, y las solemnidades establecidas no pueden dejarse de lado por voluntad de las partes, debiendo seguirse el procedimiento previsto administrativamente Está prohibida la cesión de las obligaciones por parte del contratista, y la subcontratación.

Ejecución de los contratos administrativos

Antes que todo, se debe definir que son los contratos administrativos. Se entiende por contratos administrativos, como una delegación que hace la administración pública para que una empresa o un particular preste un servicio público. Esto no es más que una delegación de poderes y siempre se deja un espacio para que la administración pueda revocar esa delegación. Mientras que el doctrinario Lares, E. (2008), lo define de la siguiente manera:

El interés principal de la distinción entre los contratos administrativos y los contratos de derecho común consiste en que en la ejecución de los primeros se aplican ciertas reglas especiales de derecho público, emanadas de las prerrogativas propias de la Administración, como representante del interés general, sin prejuicio de la aplicación supletoria de las normas de derecho privado (p. 303).

Con lo anteriormente dicho se tiene que la aplicación de reglas especiales a la ejecución de los contratos administrativos se debe a que los contratos de este tipo tienen por objeto facilitar el funcionamiento de un servicio público, o mejor, la realización de actividades encaminadas a dar satisfacción a un interés general. Por ello se considera como regla esencial en la ejecución de los contratos administrativos, que el interés general del funcionamiento regular del servicio público, en relación con el contrato, no debe ser comprometido por el interés privado del otro contratante. Es por ello que Brewer, A, (1974), indica a continuación que:

...la noción que le da su naturaleza específica al contrato administrativo es la finalidad de servicio público que se persigue al celebrarlo..., una actividad es realizada con finalidad de servicio público cuando, realizada por una autoridad pública como gestión de intereses públicos y en ejecución de la Ley, tiende a mantener y hacer mantener incólumes las garantías constitucionales de los ciudadanos; a respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos; a hacer cumplir los deberes constitucionales de los ciudadanos; a cumplir las obligaciones constitucionales del Estado venezolano con miras a obtener el bienestar general y la seguridad social" (p.161).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señala que los contratos administrativos son los negocios jurídicos por los que la Administración encomienda a otra persona la explotación de un determinado servicio (concesión de servicio público), mediante una remuneración pactada, la cual puede ser fija o determinada por los resultados financieros o por cualquier otra modalidad o la entrega de un recurso (concesión de bienes o recursos) propiedad de la Nación, a un particular para que la explote.

En conclusión, se tiene que la ejecución de contratos administrativos, la administración posee prerrogativas para la ejecución del mismo, como es el Ius Variandi: la administración podrá modificar las condiciones del contrato hasta un punto racional; Posibilidad de mayores penalidades al contratista que incumpla con sus obligaciones. Los principios de la autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes, quedan subordinados en el contrato administrativo. En este sentido, puede decirse que la libertad de las partes queda circunscripta o limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista; la aprobación o autorización legislativa o administrativa, y la subordinación del objeto al interés público.

Obligaciones y derechos de las partes

Obligaciones del contratista

En cuanto a las obligaciones de los contratistas de la Administración, el principio general es el de la ejecución personal; es decir, los contratos gubernamentales sólo pueden ejecutarse por el contratista personalmente, por lo que como principio, existe la prohibición de que puedan ser traspasados o cedidos a otros particulares,

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