Elogio De Los Jueces

Después de un breve antecedente de la prisión preventiva considero importante señalar lo que los Doctrinarios señalan como naturaleza jurídica de la prisión preventiva siendo definida como “el estado de privación de la libertad que el órgano jurisdiccional impone al procesado durante la substanciación del proceso, a fin de asegurarla actuación efectiva de la ley penal” , naturaleza que de ninguna manera pierde de vista uno de los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio como lo es el de principio de presunción de inocencia, en el que el imputado durante las diversas etapas del procedimiento tiene el pleno goce de sus derechos constitucionales mientras no se decrete su responsabilidad, pues bien, la prisión preventiva tiene su sustento Jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19 Constitucional, al señalar en el párrafo segundo lo siguiente “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso” , estableciéndose en dicho ordenamiento que el legitimado para solicitar dicha medida cautelar lo es el Ministerio Público; siendo el Juez de Control el encargado de resolver sobre esta solicitud de medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16 Constitucional; lo anterior y como lo menciona el también doctrinario Sergio Garcìa Ramirez, “la Medida Cautelar debe guardar proporción con la necesidad que se trata de resolver, en virtud de las características de ésta y de los fines procurados, una medida desproporcionada sería un abuso inaceptable” . Numerales antes señalados que entre otros dieron vida al Sistema Penal Acusatorio, pero sobre todo hacia la transparencia de un estado Democrático que respeta los derechos fundamentales y por ello la prisión preventiva se constituyó como una medida cautelar de carácter excepcional respecto al imputado protegido bajo el principio de presunción de inocencia.

Ahora bien en el Estado de México el Código Procesal Penal establece en su artículo 10 lo siguiente “Las medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad personal … tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al derecho que se pretende proteger, al peligro que tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse” , asimismo establece el citado ordenamiento en el artículo 184 cuales son las medidas cautelares personales entre la que se encuentra en su fracción XIII a la prisión preventiva, siempre y cuando el delito de que se trate esté sancionado con pena privativa de libertad, señalando que ésta, entre otras medidas, serán impuestas exclusivamente por el juez a petición del ministerio público. También dicho ordenamiento establece la procedencia de la Prisión Preventiva de Oficio, situación ésta última que a criterio de la suscrita es inadecuada pues se contrapone con lo establecido en la primera parte del artículo 19 de la misma carta magna, pero eso es materia de otro estudio que por el momento no tocaremos. También señala el ordenamiento en el artículo 194 apartado B señala que el Ministerio Pùblico de manera justificada podrá solicitar la medida cautelar de prisòn preventiva, cuando otras medidas no puedan garantizar “I. La comparecencia del imputado en el juicio; II. El desarrollo de la investigación; III. La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; o bien, IV. Cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso” . Por lo que podemos afirmar entonces que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida extrema, sin poder afirmar que sea violatoria de garantías Individuales pues se encuentra inmersa

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