Ensayo De Reforma Energetica

ENSAYO SOBRE LA REFORMA ENERGETICA

ENRIQUE PEÑA NIETO LAZARO CARDENAS DEL RIO

PRESIDENTE ACTUAL DE MEXICO EXPRESIDENTE DE MEXICO

2012 -2018 1936-1940

El pasado lunes 12 de agosto 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó al legislativo su Iniciativa de Reforma Energética que plantea modernizar a PEMEX y la CFE y abrir a la inversión privada la exploración y explotación del petróleo, sin que implique vender o privatizar PEMEX, afirmó categóricamente el titular del Ejecutivo Federal durante su mensaje a la nación, asegurando que “el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos: serán los únicos dueños de la renta petrolera”.

El punto polémico de la iniciativa se centra en la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos sexto y cuarto, respectivamente. Con ello se pretende retomar las ideas, dijo, que guiaron las reformas legales cardenistas de 1940, destacando la propiedad y el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo y la energía eléctrica, que buscaban el desarrollo de un sistema nacional eléctrico basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado.

La cascada de opiniones a favor y en contra no se dejaron esperar; las fuerzas políticas de izquierda inmediatamente se lanzaron en contra y anunciaron que presentarían la suya, bajo una dinámica de mantener el petróleo en posesión de los mexicanos bajo reglas más claras y precisas y sin tocar ningún artículo de la Ley Suprema, y en efecto, a los pocos días el PRD presentó su propuesta en esa dirección, sumándose a la del PAN que fue entregada previamente.

Lo que ninguna de las 3 iniciativas aborda es el tema del sindicato y la depuración hacia el interior de las paraestatales, sobre todo de PEMEX, que ha sido “saqueado” sexenio tras sexenio, desviando parte de su riqueza económica para fines personales, tanto de dirigentes sindicales, como de directivos y políticos. Sin duda que este es uno de los grandes pendientes que quedarán por resolverse, junto con la garantía de dotar de transparencia el manejo de los cuantiosos recursos que generan el petróleo y la energía eléctrica.

De seguir con la tendencia actual, México se convertiría en un país importador neto de hidrocarburos en tan sólo algunos años.

Enrique Peña Nieto aseguró que, de aprobarse la iniciativa, se permitirá al Estado mexicano celebrar contratos con inversionistas particulares –nacionales y extranjeros–, cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Destacó que el Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. Se mantendrán en manos de la Nación, sostuvo, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública (Compromiso 54). En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de éstos. También acordaron los líderes de los partidos realizar las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal, para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, conservando la propiedad del Estado, pero con capacidad para competir en la industria, hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para lograrlo, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia (Compromiso 55).

Iniciativa de Reforma Constitucional

La iniciativa de reforma en materia energética enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión se sustenta en 6 ejes estratégicos:

I.- Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera: Dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero nacional.

II.- Crecimiento Económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos a favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos.

III.- Desarrollo Incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.

IV.- Seguridad Energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones.

V.- Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional.

VI.- Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias.

Enfatiza el Presidente Peña Nieto en la propuesta, que ésta se basa en las ideas fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938. En ella se destaca que la propiedad y el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, son y seguirán siendo de la Nación. De forma análoga, se retoman las ideas que guiaron las reformas legales cardenistas en materia eléctrica, que buscaban el desarrollo de un sistema nacional eléctrico basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado.

La falta de un marco jurídico que responda a la realidad en esta materia ha llevado a una producción insuficiente de petróleo y gas natural, lo que junto con las crecientes importaciones de gas natural, gasolinas, diesel y petroquímicos, ha erosionado la seguridad energética de la Nación. De seguir con la tendencia actual, México se convertiría en un país importador neto de hidrocarburos en tan sólo algunos años. Hoy el régimen fiscal de PEMEX se sustenta en un esquema de derechos rígidos, los cuales se determinan sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa. En naciones como Brasil, Colombia y Noruega, las empresas petroleras nacionales pagan contribuciones más moderadas que la paraestatal y luego, dependiendo de la rentabilidad de la inversión, se decide de forma más flexible si el remanente se reinvierte en la propia empresa o se transfiere a la hacienda pública.

La propuesta se incluirá en la reforma hacendaria y estará alineada con la necesidad que tiene PEMEX de ser más flexible para conseguir mejores resultados, lo que implicará un cambio de paradigma con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, el remanente de ese pago de derechos podrá ser reinvertido en la empresa o una parte podrá ser transferida al presupuesto como si fuera un dividendo a fin de emplearse para gasto en escuelas, hospitales, infraestructura de agua o carreteras. Este nuevo esquema hará que PEMEX tenga un trato fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el mundo. A diferencia del actual, el régimen propuesto, alineará los incentivos entre PEMEX y el Gobierno Federal, al mismo tiempo que le permitirá a la empresa ser más competitiva. No hay que olvidar, se afirma, que varios países han ajustado su legislación ante los retos que representa el nuevo entorno de yacimientos cada vez más complejos, que requieren de grandes inversiones, compartir riesgos, así como desarrollar y aplicar nuevas tecnologías. Las reformas de Brasil, Colombia y Noruega dan muestra clara de ello, al diseñar esquemas que promovieron la producción en yacimientos de petróleo no convencional.

A través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos se pactarán mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos.

En el caso del gas y crudo de lutitas, los retos técnicos y de capacidad de ejecución son significativamente mayores que los que se enfrentan en yacimientos convencionales, ya que la productividad por pozo es mucho menor, los costos son considerablemente mayores y su producción requiere una mayor capacidad de ejecución.

Evolución del Marco Jurídico

En materia energética, México cuenta con grandes ejemplos que no sólo definieron la política del sector, sino que contribuyeron a fortalecer nuestro carácter nacional frente al mundo.

La Constitución de 1917 plasmó en su artículo 27 el régimen de la propiedad y dentro de éste, el dominio de la Nación de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno, entre otros, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Dicha disposición facultaba al Gobierno Federal a otorgar concesiones, figura bajo la cual los particulares podrían aprovechar bienes del dominio de la Nación, con la condición de que se establecieran trabajos regulares para la explotación de dichos elementos. Así, se preveía la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión.

La primera gran reforma energética de México fue impulsada por el Presidente Lázaro Cárdenas, quien en un contexto internacional y nacional sumamente complejo, promovió una transformación fundamental en el sector hidrocarburos. Esta visión de largo plazo permitió llegar a un gran acuerdo para alinear y equilibrar los legítimos intereses de los trabajadores, del sector privado y del gobierno. Un elemento fundamental de estas reformas fue que garantizaron la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contemplaron la participación del sector privado en diversas actividades de la industria.

El primer paso consistió en dotar al país de un marco constitucional sólido en materia de hidrocarburos, por lo que el 22 de diciembre de 1938, se envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión. Ésta fue aprobada en sus términos y la reforma se publicó el 9 de noviembre de 1940 en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma cardenista estableció en el artículo 27 constitucional que la ley reglamentaria respectiva determinaría la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos; es decir, la forma en que recuperará dichos recursos del subsuelo y dispondrá de ellos. Así, es clara la distinción entre el derecho exclusivo del Estado reconocido por la Constitución para extraer y disponer de sus propios recursos, y la forma en que lo hará, que será determinada por la ley, otorgándose para ello el más amplio margen al legislador. Con la Ley Reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940 –el mismo día que la reforma constitucional– se creó un marco jurídico que incluía los siguientes aspectos:

Se incorporó la posibilidad de celebrar con particulares contratos de exploración y explotación. El reconocimiento constitucional de este último como un derecho exclusivo de la Nación, permitía que cumplieran su función operativa, sin poner en riesgo los derechos del Estado sobre sus recursos. Así, los artículos 6º y 7º de la Ley previeron que para la exploración y explotación por la Nación “podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal, los trabajos de exploración y explotación”. Se estableció que las compensaciones por esos contratos podían ser en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos obtenidos. Para el otorgamiento, los contratistas debían recuperar las inversiones y obtener una utilidad razonable.

Las reformas cardenistas garantizaron 4 aspectos esenciales: 1).- Se consolidó la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos; 2).- Se eliminó el régimen de concesiones en exploración y extracción; 3).- Se creó un sistema de figuras contractuales para la exploración y extracción de los hidrocarburos, y 4).- Se permitió la participación de terceros en refinación, transporte y distribución de hidrocarburos. Este modelo visionario permitiría que la Nación pudiera hacer un uso eficiente de sus recursos para impulsar el desarrollo del país en beneficio de los mexicanos. Se trató de un diseño nacionalista en cuanto a la propiedad, e inteligente y pragmático desde el punto de vista de la eficiencia operativa.

Este régimen subsistió cerca de 20 años y es hasta 1958, año en que se expidió una nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, que se eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación que lleva a cabo el Estado y reservó todas las actividades de la industria petrolera sólo a Petróleos Mexicanos o a cualquier otro organismo que se estableciera en el futuro. Así fue eliminada la contratación como medio a través del cual la Nación puede llevar a cabo la extracción de los hidrocarburos, y mediante reforma a la Constitución del 20 de enero de 1960, se incorpora la prohibición de contratos en esta materia en el artículo 27 constitucional.

Será en la ley reglamentaria que se determine la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado.

Finalmente, el 3 de febrero de 1983 se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, con el propósito de configurar un derecho constitucional económico al establecer en la Ley fundamental los principios y medios que debían regir la actuación del Estado en la materia. Se estableció en el artículo 28 constitucional que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de petróleo y demás hidrocarburos, así como petroquímica básica, entre otras, y que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas y en las actividades de carácter prioritario.

Participación Privada en PEMEX

Para asegurar un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de la Nación, la propuesta de EPN comprende 2 esquemas de participación de capital privado: 1) contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal y; 2) participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, a través de autorización expresa del Gobierno Federal. La iniciativa descansa en 4 pilares:

A).- Mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, sólidos, líquidos y gaseosos en todo momento;

B).- Mantiene la prohibición de otorgar concesiones, al basarse en la conducción decidida e irrenunciable de las actividades del sector por parte del Estado, en el entendido de que sólo éste puede disponer de los recursos del subsuelo;

C).- Plantea la incorporación de contratos, que celebre el Ejecutivo Federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y

D).- Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.

Para ello, se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos, es decir, en su extracción del subsuelo para su aprovechamiento. Esto generará un marco constitucional idóneo para que el Estado pueda aprovechar las aportaciones de terceros para complementar a sus organismos, a través de contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los del Estado, en las actividades inherentes a la exploración y extracción de dichos recursos.

La ley reglamentaria determinará la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado, de modo análogo a las reformas cardenistas, a través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos, entre otros, tal como se previó en las reformas cardenistas y atendiendo a las mejores prácticas en esta materia. En tal virtud, se plantea retomar en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en la parte relativa a los hidrocarburos, la reforma impulsada por el Presidente Cárdenas y que estuvo vigente de 1940 a 1960 en los siguientes términos: “…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos…”.

Se reubica dentro del mismo párrafo sexto del artículo 27 el mandato –hoy vigente– , consistente en que no se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos, ya que a diferencia de los hidrocarburos, se considera que las actividades relacionadas con la extracción de dichos minerales, dada su naturaleza y posibles usos, no deben llevarse a cabo por particulares, ni aún bajo la figura jurídica de los contratos.

En relación con el artículo 28 constitucional que establece que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de petróleo y demás hidrocarburos”, se propone reformarlo para suprimir a la petroquímica básica como área estratégica que no constituye monopolio y señalar expresamente que tratándose de petróleo y demás hidrocarburos “se estará a lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución”, ya que es dicha norma la que otorga al Estado la función de explotar los hidrocarburos del subsuelo, consistente en el derecho de extraerlos de su reservorio natural y disponer de ellos, lo que será llevado a cabo en la forma que determine la Ley Reglamentaria. Con ello se pretende asegurar un marco constitucional claro que permita la celebración de contratos del Ejecutivo Federal con organismos del Estado y/o con particulares en actividades de exploración y extracción y que además de los organismos del Estado, los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de los productos obtenidos del subsuelo (petróleo crudo, gas natural y sus líquidos), como de aquellos que son resultado de la transformación (petroquímicos y refinados), siempre en los términos que establezca la legislación secundaria, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo.

México ya ha dado pasos en esta dirección. Mediante reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el dof el 11 de mayo de 1995, se eliminó del catálogo de actividades que comprende la industria petrolera, a cargo –en forma exclusiva– del Estado, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo; quedando únicamente como actividades estratégicas las necesarias para interconectar su explotación y procesamiento. Así, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo se transformaron, de actividades exclusivas del Estado, en actividades que pueden llevar a cabo los particulares mediante permiso. En la misma dirección, Brasil, Colombia y Noruega, tienen esquemas de participación de terceros en actividades de transformación y transporte, lo cual ha permitido a los consumidores de esos países tener una oferta cada vez mayor de combustibles e insumos para sus actividades.

Corresponderá a la ley determinar las condiciones bajo las cuales puedan concederse permisos a los particulares para llevar a cabo estas actividades, así como la regulación a la que estarán sujetos en su operación, por su interés para la Nación.

El nuevo régimen fiscal para PEMEX será propuesto como parte de la Reforma Hacendaria.

En conclusión, se sostiene en la iniciativa de reforma de EPN, la reforma “que se somete a la consideración de esa Soberanía en materia de hidrocarburos consiste en retomar el marco jurídico promovido por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fortaleció los derechos de la Nación sobre sus recursos naturales, al mismo tiempo que previó instrumentos para aprovechar la participación de los particulares en el desarrollo de sus funciones exclusivas –extracción de los hidrocarburos del subsuelo para su aprovechamiento– así como la participación directa de los mismos en las demás actividades de la industria petrolera”. Bajo este esquema se plantea el fortalecimiento de Pemex y redefinir su relación con el Estado mexicano, pasando de una visión estrecha como generador de ingresos públicos en el corto plazo, a una de perspectiva amplia y de largo plazo. El nuevo régimen fiscal para la paraestatal se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria y será congruente con el nuevo enfoque.

Propuesta de Reforma Energética del PAN

La reforma de Acción Nacional propone, por un lado, dotar a PEMEX de todas las características necesarias para convertirla en una verdadera empresa, con un gobierno corporativo eficiente para maximizar la generación de valor a través de la exploración y producción de hidrocarburos. Así también que cuente con la libertad de determinar cuáles son los mejores esquemas de inversión, coinversión y desarrollo de tecnología. Pretende sacar al sindicato del Consejo de Administración de PEMEX.

En cuanto a la CFE, se plantea una reforma constitucional y legal que elimine las restricciones vigentes a la competencia y que lleve a cabo la separación de las actividades de generación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica, a fin de lograr dicha competencia de manera plena en generación y comercialización. Estas reformas deberán de ir acompañadas en un nuevo modelo de gestión de negocios y administración del sector eléctrico. La red de transmisión de la CFE estaría a cargo de una filial con separación legal, contable y operativa, y la expansión podría ser efectuada por privados. Finalmente, la distribución también se separaría regionalmente bajo reglas análogas a la transmisión.

La propuesta de reforma del PAN:

• Establece cambios constitucionales en los artículos 27 y 28. En el primero elimina la prohibición para otorgar concesiones y contratos en el caso del petróleo y los demás hidrocarburos y se añade que el Estado debe garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) será la encargada de otorgar las concesiones.

• Para el artículo 28 de la Constitución, la propuesta es eliminar la facultad de exclusividad del Estado sobre el sector petrolero, de hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad; sin embargo se añade que el Gobierno tendrá el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la administración de los recursos de la renta petrolera.

• Añade el concepto de “sustentabilidad”, al indicar que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral, sustentable y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

• Proponen la creación del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) que tenga por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.

• En la CFE se propone eliminar las restricciones para que la competencia se abra a actividades de generación, despacho, transmisión y distribución.

Propuesta de Reforma Energética del PRD

La propuesta en materia de hidrocarburos y electricidad presentada por el PRD no plantea reformar la Constitución, sólo a leyes secundarias, ni transferir a particulares recursos de la Nación o sus rentas. Se platea que sin privatizar a PEMEX ni la CFE, se fortalezca su aporte al desarrollo nacional, para detonar la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleo.

La propuesta se sustenta en 8 ejes estratégicos:

1).- Cambio en el Régimen Fiscal.

2).- Autonomía Presupuestal.

3).- Autonomía de Gestión.

4).- Fortalecer a la Secretaría de Energía (SENER) y a

la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

5).- Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía.

6).- Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un Organismo Financiero.

7).- Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico.

8).- Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos tiene el propósito de generar las condiciones endógenas para que la paraestatal se convierta en una empresa pública, con autonomía presupuestal, autonomía de gestión y un gobierno corporativo más ágil, robusto e independiente. Se propone una nueva composición del Consejo con 9 integrantes: El Secretario de Energía como representante del Estado y Presidente del Consejo de Administración, nombrado por el Ejecutivo Federal; 7 Consejeros Profesionales designados por el Presidente y ratificados por el Senado de la República y, el Director de la Comisión Federal de Electricidad; todo los miembros con voz y voto.

Esta propuesta establece la creación de una Ley del Fondo de Excedentes Petroleros y adicionar, modificar y derogar parte de las 13 disposiciones jurídicas en materia del sector energético nacional, a saber:

1. Ley de Petróleos Mexicanos

2. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

3. Ley Federal de Derechos

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad ­Hacendaria

5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

6. Ley Federal de Entidades Paraestatales

7. Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

8. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

9. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

10. Ley General de Deuda Pública

11. Ley de la Comisión Reguladora de Energía

12. Ley de Instituciones de Crédito.

C O N C L U S I O N E S

1.- La Reforma Energética de Peña Nieto es igual que la de Lázaro Cárdenas.

2.- Por eso, el petróleo no se privatiza, seguirá siendo nuestro.

3.- Con más Ganancias por el petróleo, el Gobierno va a poder construir más escuelas, hospitales, clínicas, carreteras y llevar agua a más personas.

4.- Vamos a pagar menos por la luz y el gas.

5.- Se van a crear muchos empleos.

6.- Los alimentos también bajarán de precio, porque tendremos gas barato para producir fertilizantes más económicos.

PEMEX seguirá siendo una empresa 100% de todos los mexicanos.

Con la Reforma Energética de Peña Nieto el petróleo seguirá siendo de los Mexicanos como lo quiso Lázaro Cárdenas.

MENTIRA.S TÚ y TU FAMILIA

Es mentira que la Reforma va en contra de

la expropiación petrolera.

Es mentira que se va a privatizar Pemex.

Es mentira que se vayan a llevar el petróleo.

Es mentira que van a hacer que Pemex

pierda los negocios importantes.

Es mentira que con la Reforma se beneficia

Estados Unidos.

Es mentira que las reformas energéticas no

han servido en otros países.

Es mentira que con la Reforma Energética

van a subir los impuestos.

Es mentira que Lázaro Cárdenas prohibió a

los privados en todo el negocio petrolero.

VERDAD

La Reforma Energética del Presidente Peña Nieto es

Palabra por palabra la Reforma del Presidente Lázaro

Cárdenas cuando expropió el petróleo.

Pemex seguirá siendo 100 por ciento Mexicana.

No se venderá ni un solo tornillo de Pemex.

Cada barril de petróleo seguirá siendo de los

mexicanos.

Pemex tendrá más negocios que nos darán más

dinero y las nuevas empresas van a generar más

trabajos.

La Reforma es para los Mexicanos. Con más petróleo,

Habrá más dinero, y nuestras familias van a estar mejor.

Brasil y Colombia hicieron reformas energéticas y

ahora tienen más trabajos y más dinero.

En México, ¡la vamos a hacer mejor!

Con la Reforma Energética, vamos a tener más

presupuesto para más escuelas, hospitales, clínicas y

servicios de agua.

El Presidente Cárdenas permitió que el sector privado

ayudara a producir y refinar petróleo.

Así se formó nuestra industria petrolera, juntos, todos a favor de

México.

Reforma Energética:

Luz y gas más baratos

Más trabajo para todos

Más programas sociales

Mejores escuelas para nuestros hijos

Más hospitales, clínicas y servicios de agua

Más transparencia y combate a la corrupción.

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