Herencia Adyavente Y Herencia Vacante

REPONSABILIDAD PENAL EN ADOLECENTES

DEL PAPEL A LA REALIDAD

En 2006, el Congreso de la Republica aprobó la ley 1098 de 2006, en las que ese establecen reglas y principios especiales y diferenciales para la responsabilidad penal para adolescentes, según el sentido de esta nueva ley es de carácter pedagógico y diferenciado del sistema penal para adultos tanto en el proceso como en las penas. Esta ley tiene en cuenta varios tratados internacionales y convenciones de los derechos del niño, para que con base en todo esto investigue, acuse y juzgue a los menores de 14 a 18 años que han tenido conductas en contra de nuestra ley penal.

Esta bonita declaración de principios y finalidades del sistema que se ajusta cuidadosamente a instrumentos internacionales , y respetuosa del Estado social y democrático de derecho de nuestro país, que aprecia la diferencia de los adolescentes, de su situación en la familia, la escuela y la sociedad; y que busca la imposición de las sanciones a aquellos jóvenes menores de 18 años y mayores de 14 dichas sanciones atendiendo siempre su interés de protección constitucional y que buscan el restablecimiento de sus derechos y su readaptación en la sociedad con un proyecto de vida adquirido en los lugares penitenciarios que le permita mantenerlo alejado de la delincuencia, solo se quedó en el papel , esto ha sido un completo fracaso.

Porque en primera medida, no se están teniendo en cuenta aspectos claves, en especial en lo que tiene qué ver con las norma legales para el juzgamiento de los menores de edad infractores de la ley penal,

“Los menores no puedan llegar a acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Esta prohibición no cuenta con argumento válido alguno que supere el más leve de los juicios de constitucionalidad, ya que si es permitida esa figura en la justicia para mayores de edad bajo las premisas de “humanizar la actuación procesal y la pena; y obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso” aporte que nos da el Dr. ANDRES FERNANDO RUIZ Y vemos en esta ley la de aplicar a los menores tienen las mismas pautas procesales de los adultos (Ley 906 de 2004) y, más grave aún, introducen regulaciones específicas aplicables a los menores infractores que desarticulan y desnaturalizan por completo un debido proceso que se tornan en una redundancia inconstitucional al desconocer, el sentido de contar con procedimientos aplicables específicamente a los niños y adolescentes, convirtiéndose el Estado entonces en el principal violador de los derechos de los niños, niñas y adolecentes.

La falta de cupos en las cárceles, la falta de aplicabilidad de los programas de rehabilitación y de educación para jóvenes, la demanda por una mayor punibilidad y por un aumento de las penas de encierro para aquellos individuos considerados peligrosos, ahoga nuestro sistema penal para adolescentes y hace insuficiente la oferta de cupos aumentando con ello el clamor para la construcción de nuevos sitios de reclusión y la expansión del sistema punitivo, y como se menciona anteriormente no es que no hayan programas lo que sucede es que el gobierno muestra interés por tanto no dispone un presupuesto serio para realizar esta clase programas, pero si presupuesta para generar mas sanciones y prohibiciones.

Ahora bien no podemos dejar todas las responsabilidades en hombros el Estado, como quiera que para esta tema que hoy tratamos existe el principio de CORRESPONSABILIDAD en donde debe haber un completo engranaje entre EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA, nos podemos preguntar entonces ¿QUIEN HA FALLADO PARA QUE HAYA AUMENTADO LA DELINCUENCIA JUVENIL?

Pues bien se pensaría que las tres instituciones han fracasado en esta alianza y quienes han salido mayormente afectado han sido nuestros niños y jóvenes, desde el punto de vista

...