INSTRUMENTOS DE LAADMINISTRACION PUBLICA

Análisis de la Administración Pública y su regulación en Bolivia

Empresa pública.- Entidad institucional con personalidad jurídica propia, constituida con capital de titularidad estatal en su totalidad o de modo parcial, cuya finalidad es la realización de actividades productivas o la prestación de un servicio en régimen de derecho privado.

La diversidad de las empresas públicas es tal que, a veces, resulta difícil identificarlas. Así, por ejemplo, no se debe identificar la empresa pública tan sólo con las empresas nacionalizadas ya que, aunque todas las empresas públicas tienen un capital público —al menos en parte—, no todas surgen a partir de un proceso de nacionalización.

Lo que en la práctica caracteriza o diferencia a una empresa pública de otra privada es su relación con los poderes públicos. A diferencia de la empresa privada, la empresa pública no busca la maximización de los beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino que busca el interés general de la colectividad a la que pertenece, aunque este interés pueda, en ocasiones, ir en contra de los objetivos anteriores que rigen la actuación de la empresa privada. Por ello, el proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas que pertenecen al sector privado en tanto en cuanto el poder de iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su actividad; el poder de gestión pertenece a las propias empresas, que lo llevan a cabo a través de sus propios órganos aunque, a menudo, los directivos y administradores son nombrados por el Gobierno. Es frecuente también que los trabajadores y los usuarios, mediante las asociaciones de consumidores, estén representados en los órganos decidores.

Las empresas públicas, que constituyen la mayor parte del sector público de la economía, y que son uno de los principales medios utilizados por los Gobiernos para intervenir en la economía, tienen una relevancia económica muy destacada, no sólo en términos cuantitativos (por su volumen de negocios, su participación en el producto interior bruto —PIB—, número de empleados, etcétera), sino también debido a que se sitúan en sectores productivos clave.

La diversidad de empresas públicas es muy amplia, por lo que su modo de actuar e intervenir en los mercados dependen directamente del país y del sector al que pertenezcan.

Por otra parte, la diferenciación entre empresa pública y empresa privada no es absoluta. Por un lado, existen empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y en parte privado. Asimismo, una empresa privada puede convertirse en empresa pública si el Gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una empresa pública puede pasar al sector privado tras un proceso de privatización.

En un caso más preciso de identificación de empresas públicas mixtas en Bolivia, están las capitalizadas; que son empresas del estado dados a inversionistas extranjeros (en su gran mayoría) para su administración por un periodo de tiempo y con cuota accionaria de acuerdo a la Ley de Capitalización del 21 de marzo de 1994.

Las condiciones socioeconómicas a las que ha de hacer frente Bolivia dificultan los esfuerzos de reforma en la administración pública, tanto en la profesionalización de la misma como en la modificación del sistema regulatorio. La dificultad se centra principalmente en dos características básicas de la sociedad boliviana:

La polarización social

La pobreza

Estas dos características, ejercen presiones, que han provocado recelo hacia los partidos tradicionales, quienes pierden peso ante el auge de los diferentes movimientos que logran aglutinar a los núcleos de población excluidos tanto social como económicamente. A su vez, estas condiciones generan un descontento generalizado con el desempeño de las instituciones políticas, quienes son vistas como necesarias para el engranaje político, social y económico del país, como también ineficaces.

Este trabajo, se basa en el análisis realizado por el equipo de Daniel Kaufmann, Director del WBI; haciendo una comparación de las instituciones políticas bolivianas en sus problemas de estabilidad política, eficacia en la implementación de políticas públicas y el control de la corrupción. La raíz de cada uno de estos problemas es diferente, pero existe una lógica común que va desde la fragmentación social y la pobreza a la dificultad para establecer amplias coaliciones sociales suficientemente representativas, aislando así la administración y la empresa del juego y la negociación política.

Un primer análisis se deriva de la comparación de diferentes intentos de reforma. No todas las reformas institucionales han tenido el mismo nivel de éxito; así, mientras los avances en la profesionalización de la administración pública han sido escasos, el sistema regulatorio si ha sido modificado con relativo éxito.

En el caso de la reforma administrativa, son los propios partidos y el poder judicial los que han de vigilar y garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas adaptadas, siendo el monitoreo por los organismos internacionales poco viable y vinculante. La ausencia de un procedimiento administrativo suficientemente interiorizado, de un contencioso administrativo o una revisión judicial ágil y eficiente, y de un control efectivo por parte de los organismos multilaterales provoca que las restricciones al comportamiento oportunista brillen por su ausencia y los incentivos se desvinculen de los objetivos de eficiencia y eficacia propios de una buena administración. (En algunas partes de la administración, la reforma ha tenido mas éxito; por ejemplo la administración de aduanas)

En otra perspectiva del análisis realizado, la reforma del sistema regulatorio se ha mostrado algo más exitosa. Este sistema esta encargado de supervisar y reglamentar los servicios públicos y financieros, garantizando así la correcta explotación y gestión de los recursos naturales de nuestro país. Una parte del éxito de esta reforma deriva en la fuerte supervisión por parte del sector privado, quienes al poseer fuertes interés garantizaban la independencia de las decisiones de las Superintendencias.

El relativo éxito del sistema regulatorio queda patente en la voluntad expresada en el Proyecto de Código Tributario de crear Superintendencias Tributarias regionales y a nivel nacional que sirvan, respectivamente, de primeras y segundas instancias administrativas para resolver las reclamaciones de los ciudadanos, evitando así el uso excesivo del contencioso-administrativo

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