Juicio a luis garcia meza.

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UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA

                                        Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho

                                        Asignatura: Procedimientos Especiales

JUICIO DE RESPONSABILIDAD A LUIS GARCÍA MEZA TEJADA

Estudiantes:

Orellana Galileo Cristina Mayra

Jiménez Algarañaz Patricia Andrea

Docente:

Dr. Alejandro Gonzales

Fecha: 19/10/16

Cochabamba - Bolivia

ÍNDICE

ÍNDICE        

1.- INTRODUCCIÓN        

2.- ANTECEDENTES JURÍDICOS        

3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS        

4.- EL PAPEL DEL CONGRESO NACIONAL        

5.- EL AUTO DE PROCESAMIENTO O ACUSACIÓN        

6.- EL PLENARIO DE LA CAUSA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA        

7.- LAS DECLARACIONES DE LUIS GARCÍA MEZA TEJADA        

8.- EL PRINCIPAL REPRESOR NO SE PRESENTO AL JUICIO        

9.- DE LAS DEMÁS CONFESIONES        

10.- DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS EN EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES        

11.- EL COMITÉ IMPULSOR DEL JUICIO DE RESPONSABILIDADES        

12.- EN LA ACTUALIDAD        

13.- CONCLUSIONES        

14.- BIBLIOGRAFÍA        

15.- WEBGRAFÍA        

16.- ANEXOS        

JUICIO DE RESPONSABILIDADES A LUIS GARCÍA MEZA

1.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer todos los sucesos pasados por el golpe de Estado el 17 de julio de 1980 a cargo del General Luis García Meza Tejada quien fue acusado de realizar delitos políticos, como humanos, el mismo fue juzgado y sentenciado.

Luis García Mesa Tejada en su cargo de General de División realiza un golpe de Estado el 17 de julio de 1980 derrocando a la Presidenta Constitucional Interina de la República, Lydia Gueiler Tejada, llegando así, a asumir el poder, y; posteriormente renunciando al cargo el 4 de agosto de 1981.

Por esas acciones, García Meza fue sometido a un juicio de responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia y condenado en 1993 a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro.

Durante el golpe de Estado que lo llevó al poder el 17 de julio de 1980, fueron asesinados políticos como el líder del Partido Socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, de quien ahora no se encuentra su cadáver.

García Meza fue condenado en rebeldía y no cumplía su pena porque huyó del país, fue descubierto y arrestado en marzo de 1994 en Sao Paulo, Brasil, tras una operación combinada de las autoridades de ambos países; García Meza estaba escondido en un edificio residencial en un barrio del aeropuerto, quien portaba documentación falsa. Fue entonces que García Meza ingresó al penal de Chonchocoro el 15 de marzo de 1995.

Durante el gobierno de García Meza, se produjo el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, diputado nacional instigador del juicio de responsabilidades al exdictador Hugo Banzer Suárez.

Posteriormente se produjo el asesinato de ocho líderes de la dirigencia clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Masacre de la calle Harrington (La Paz) el 15 de enero de 1981, quienes mantenían reuniones secretas a pesar del toque de queda establecido por la dictadura. La única persona que logró escapar con vida fue Gloria Ardaya.

García Meza y sus colaboradores fueron juzgados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación boliviana por los delitos cometidos durante su dictadura y finalmente sentenciados el 21 de abril de 1993. El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, fue una figura clave en enjuiciar a Luis García Meza. Luis García Meza estuvo presente en Chuquisaca para declarar en el juicio, en el que resultó culpable por crímenes a los derechos humanos.

Un denominado “Juicio de Responsabilidades” fue iniciado contra la dictadura y sus principales personeros a principios de 1984, y el mismo al cabo de tres años y medio y de varias fases e instancias se halla al presente en manos del máximo Tribunal Boliviano, la Corte Suprema de Justicia que, sin embargo, a la distancia de casi 7 años de los hechos delictivos, después de una gestión poco satisfecha del primer Gobierno Constitucional y en medio de una aguda crisis económica que ha reflotado en el escenario político a las opciones conservadoras que anteriormente gobernaban Bolivia, ha perdido autoridad y credibilidad ante la opinión pública no solo por la dilación del procesamiento sino por un creciente ambiente de impunidad del que gozan los acusados, con anuencia de varias autoridades del gobierno. Sin embargo el enjuiciamiento continúa. En el mes de septiembre y luego del descanso judicial anual que solía existir en esos años, se reiniciaron las actuaciones y varias instituciones nacionales de la máxima importancia que conforman el Comité Impulsor del Juicio entre ellas la Central Obrera Boliviana, el Sistema Nacional Universitario, la Asamblea de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares han ratificado con vehemencia su decisión de continuar el proceso hasta alcanzar una sentencia condenatoria, lo que mantiene en actualidad el proceso y hace impasible cualquier intento de archivarlo u olvidarlo. El próximo año de 1988 se abrirá la recepción de la prueba y es probable que con ese motivo recobre gran actualidad el enjuiciamiento. Es, pues, de importancia que la opinión pública, especialmente la internacional, vinculada a la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, esté informada con detalle sobre el curso del "Juicio de Responsabilidades" en Bolivia que, a la postre, es el único que en Latinoamérica se sigue después del "punto final" argentino y de la "obediencia debida" uruguaya en contra de los exdictadores que en su momento asolaron nuestro continente.

2.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

El juzgamiento de ex-gobernantes por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones se halla sujeto, en Bolivia, a un procedimiento especial cuya finalidad teórica es la celeridad en el enjuiciamiento político de los actos delictivos en que hubieren incurrido el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado. Embajadores y Contralor General, que son, precisamente, los "dignatarios" que, por esa calidad, gozan del también denominado "caso de Corte".

Un juicio de responsabilidades es, básicamente, un juicio penal que se cumple ante una jurisdicción especial con dos etapas procesales diferenciadas: La etapa sumarial en la que se recogen elementos de convicción sobre los hechos delictivos, los autores y las circunstancias y, a partir de ellos, se establece la existencia o no de indicios de culpabilidad que permitan, decretar la acusación formal y continuar el enjuiciamiento, o pronunciar el sobreseimiento cortando todo procedimiento ulterior. En un juicio de responsabilidades, contra ex-gobernantes, esta etapa sumarial se cumple, por disposición del Art. 68-12 de la Constitución Política boliviana, ante el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senadores juntas) que debe ajustarse a las normas de procedimiento que establecen dos antiguas leyes: La de 31 de octubre de 1884 y la de 23 de octubre de 1944. Ese procedimiento, como decíamos, tiende a ser sumario, vale decir expedito y, por lo mismo, como establece el Art. 2 de la Ley de 1944, propuesta la denuncia por cualquier congresal o ciudadano, la misma, leída en sesión de Congreso, pasa de inmediato a la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial, Comisión que en el plazo de 15 días debe instruir el sumario y dictaminar o el sobreseimiento o la acusación. Existiendo indicios de culpabilidad suficientes el Congreso Nacional decreta acusación contra los ex-gobernantes ante la Corte Suprema de Justicia, que debe juzgar a los acusados, en única instancia (sin lugar a apelaciones) y de acuerdo a las normas del Código de Pdto. Penal (aprobado por el gobierno de Banzer en 1972). Este juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia, constituye la segunda etapa del Juicio de Responsabilidades, denominada Plenario y que culmina, luego de varias fases, en la dictación de una sentencia definitiva e inapelable. No está demás destacar que la Corte Suprema tiene su sede en Sucre, capital legal del país, distante a 1.000 Km. de la ciudad de La Paz, sede de gobierno y principal centro político.

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