Jurisdiccion Administrativa Organizacion Honduras

MARCO TEORICO

La ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo creada bajo decreto No.189-87 en su considerando primero literalmente dice: “que la constitución de la republica creo la jurisdicción de lo contencioso administrativo en su artículo 318 remitiendo su regulación a la ley secundaria que corresponde emitir al soberano Congreso Nacional” , sin embargo las reformas al poder judicial que se hicieron posteriormente reformaron el contenido de los artículos 315, 318 y 320; el cual al reformularse elimino el contenido sobre la creación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuya creación que quedaba anteriormente condicionada a una creación de una ley especial, diciendo literalmente el articulo 318 antes de su reforma: “crease la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La ley establecerá la competencia de los tribunales de la materia, así como su organización y funcionamiento” .

Igualmente la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es la encargada de conocer las pretensiones en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo.

La administración pública está contemplada por:

A. El poder ejecutivo

B. Las entidades estatales, entendiéndose por estas las municipalidades y las instituciones autónomas

La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo conoce también de:

A. Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de contratación del estado, que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del estado, por las municipalidades y por las instituciones autónomas, y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del estado

B. Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del estado y de las entidades estatales

C. La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la ley de la carrera judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones

D. Lo relativo a los actos particulares o generales, emitidos por las entidades de derecho público, tales como colegios profesionales y cámaras de comercio e industrias, siempre que la ley no lo sometiere a una jurisdicción especial, así como el cumplimiento, interpretación, resolución y efectos de los contratos celebrados por estas entidades, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de toda especie

E. las cuestiones que una ley le atribuya especialmente

La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo

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