La Mineria En El Choco

La locomotora minera se parece en muy pocas cosas a una verdadera locomotora. Pero hay una en la que es idéntica: en algunas ocasiones cuando pasa por una comunidad, la gente tiene que darle paso e irse a vivir a otra parte. En aquellos lugares donde se han adjudicado títulos mineros para posible explotación y hay comunidades viviendo en la tierra titulada, o al lado de donde se llevará a cabo la explotación, estas personas según el artículo 13 de la ley minera de 2001 -y su reforma en 2010- deben reasentarse. Y la razón es que la minería es una actividad de utilidad pública y la Constitución dice que los recursos del subsuelo le pertenecen a la Nación (y no sólo a las comunidades asentadas encima de ellos). Se espera que con la explotación del carbón o el oro, las grandes mineras se conviertan en fuente de empleo y utilidades para el desarrollo. Pero si recibir los beneficios de la minería implica tener que mudar a pueblos enteros, para el país un debate nuevo está en el cómo hacerlo. Y llevarlo a cabo no es fácil. Pueblos del Cesar y La Guajira, donde están las principales minas de carbón, llevan años sufriendo el reasentamiento. Cúanto reasentar: expansión o contaminación

Pueblos como Tamaquito dos en la Guajira, o El Boquerón en el César, han arrancado un proceso de reasentamiento por la expansión minera de carbón en ambos departamentos. “Nosotros nos dimos cuenta acá que lo que ha vivido La Guajira con el Cerrejón es casi lo mismo que nos está pasando con la Drummond”, dijo un líder del Cesar en un evento sobre reasentamiento realizado la semana pasada en la Facultad de Artes de la Universidad de Valledupar. Allí se reunieron líderes de caseríos de ambos departamentos que han tenido que reasentarse por dos razones: o porque todo lo que está alrededor suyo ya fue adjudicado a las mineras, o porque colindar con estas empresas terminó agravando el ambiente sano al que tienen derecho

Por: Camila Osorio Avendaño

De los tambores, flautas y platillos que sonaban anteriormente en el departamento del Chocó, está empezando a quedar el recuerdo. La chirimía y el sexteto, los ritmos representativos de más de 380.000 afrocolombianos, se han ido perdiendo con el desplazamiento de una tierra que parece no pertenecerle a nadie. Si los chocoanos construyen y los grupos ilegales destruyen, parece que las multinacionales se hubieran puesto de acuerdo para mantener la situación en sigilo. Hoy, 156 solicitudes han sido radicadas para la explotación de la tierra negra, sin que las comunidades hubieran sido consultadas, como manda la ley.

La organización Cocomacia, que cuenta con el apoyo de 124 comunidades del departamento y que busca defender los derechos del territorio afrocolombiano en la Región Pacífica, ha venido manifestando supuestos atropellos del Estado en los permisos que otorga a multinacionales como la Muriel Mining Corporation o la Anglogold Ashanti para explorar y explotar el territorio sin consulta previa. Al parecer, la problemática, que empezó en 1982 cuando el Gobierno permitió la entrada de la maderera Pizano S.A. con el pretexto de que el territorio estaba desolado, no ha mejorado ni con el reconocimiento de las etnias afrocolombianas e indígenas en la Constitución del 91.

Cuentan las líderes de las comunidades del Baudó que la entrada de las multinacionales ha ido disolviendo la cultura chocoana, al tiempo que se promueven la corrupción social, el daño al medio ambiente y el desplazamiento: "La contaminación de los ríos está acabando con la pesca, los niños contratados para trabajar en los megaproyectos dejan el estudio a cambio de una miseria, las niñas se prostituyen en los campos mineros y el uso de mercurio para la extracción de minerales ha traído enfermedades, como pérdida de la vista, irritación en la piel y malformaciones en el feto", dice una de las líderes.

A pesar de los problemas, ninguna solución ha sido planteada hasta la fecha y, aunque la Corte Constitucional, al resolver una tutela el año pasado, reconoció que el Estado debe llevar a cabo una consulta

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