La Vivienda En Mexico

La Vivienda en México

Y la población en

Condiciones de

Pobreza

Elizabeth López Meléndez

¿Que importancia hay en el ámbito político sobre el tema?

Introducción

En México la situación de las viviendas de las familias en pobreza se encuentra lejos de lo que pudiéramos considerar de una vivienda digna.

(En el anexo se presentan algunas definiciones.)

El documento presenta, en primer lugar, la importancia del acceso a la vivienda como premisa para el desarrollo de las capacidades de las personas y los impactos identificados en distintos ámbitos. Asimismo, analiza el marco legal mexicano en el cual se define lo que debe ser una vivienda digna para las familias mexicanas, y se revisa la interpretación de los estudiosos del tema, quienes señalan que el mandato constitucional impone la obligación a los legisladores de crear un marco jurídicosuficiente para lograr este derecho y, al gobierno federal, de ejecutar las accionescorrespondientes, aclarando que el mandato constitucional no refiere que todas lasfamilias mexicanas deban tener en propiedad una vivienda Si bien existe una importante demanda por vivienda nueva en las zonas urbanas de mayor crecimiento, el parque habitacional de las familias en pobreza presenta importantes carencias. Las políticas habitacionales tienen el doble reto de atender la demanda de vivienda nueva y apoyar a las familias que tienen una vivienda por debajo de los estándares a mejorar sus condiciones o a contar con alternativas para tener acceso a una vivienda digna.Se elabora un diagnóstico de la vivienda de las familias en condiciones de pobreza, desagregando la información por niveles de pobreza, su condición urbana o rural, los tipos de tenencia, y se analizan también los gastos y la capacidad de ahorro de estas familias como elementos que permitan valorar su posibilidad real de acceder a una vivienda terminada a través de mecanismos de crédito.

De acuerdo con esta información, las familias en pobreza no cuentan con los recursos suficientes para acceder a los mecanismos de crédito que se ofertan actualmente para la adquisición de viviendas nuevas. Se observa una tendencia creciente en zonas urbanas a rentar una vivienda, mientras que en zonas rurales predomina el préstamo. Asimismo, se aprecia cómo en general las viviendas en renta tienen en promedio mejor calidad que el resto, mientras que las prestadas suelenpresentar mayor precariedad. De igual forma, se describe el mercado de vivienda, donde se encuentran dos grandes segmentos. El primero se refiere a la construcción para fines de lucro, y el segundo, donde están la mayoría de los pobres, corresponde a procesos deautoconstrucción.

Antecedentes históricos de las políticas de vivienda en México

A partir de 1917, en que la Constitución establece en su artículo 123 la obligación patronal de proporcionar habitación a los trabajadores, los esfuerzos más importantes en materia de impulso a la vivienda a lo largo del siglo XX se dirigieron principalmente a los trabajadores asalariados, con la creación de instituciones como el Infonavit, elFovissste o el Fovi.

Para Conolly, los beneficiarios de las políticas públicas de apoyo a la vivienda fueron en realidad un grupo selecto, así como los grupos corporativizados o sindicatos, los beneficiarios de atención a emergencias de desastres naturales o por desalojos, y el apoyo a las clases medias con créditos de Banobras para adquirir departamentos como los que hoy conocemos en Tlatelolco. Otro aspecto relevante fue la concentración de apoyos en la ciudad de México.

En cuanto a la localización de las zonas pobres en el medio urbano, éstas por lo general quedan segregadas, lo cual, si bien es un fenómeno mundial, en el caso mexicano Conolly comenta un antecedente interesante: durante la Colonia se planeaba el asentamiento de la población blanca, mientras que los indígenas quedaban en las afueras.

Villavicencio revisa las políticas de las décadas de 1980 y 1990, y concluye que la política habitacional la ha dado prioridad al objetivo económico, con un abandono rápido y progresivo de la dimensión social, orientándose por la dinámica del mercado y la búsqueda de la ganancia inmobiliaria. En el ámbito rural se desarrollaron distintos esfuerzos, aunque más modestos por parte del gobierno federal en acciones de mejoramiento de vivienda y construcción de pies de casa, en las que han participado instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), entre otros. Algunos programas como “Tu Casa”, tienen sus antecedentes en programas iniciados en la década de 1990, como fue el caso de “Vivah”, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, de la Sedesol. El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), por su parte, ofreció créditos sólo a través de organizaciones públicas y privadas para vivienda y adquisición de suelos, con preferencia a no asalariados con ingresos de 2.5 salarios mínimos, atendiendo de manera exclusiva a grupos sociales organizados y dio prioridad a la construcción de vivienda. Posteriormente, se hizo cargo de los programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, en especial dirigidos a personas en pobreza. Mientras tanto, el sector social continuó teniendo acceso a viviendas a través de procesos de autoconstrucción, es decir, construyendo ellos mismos o contratando mano de obra especializada para algunas tareas, por lo general realizando pequeñas inversiones a partir de su ahorro o pequeños préstamos, durante varios años. Este esfuerzo constante se refleja en la Gráfica 3, donde se observa una tendencia estable de la inversión de los autoconstructores, y en cambio la inversión pública y privada presenta un comportamiento anticíclico.

Grafica

Inversión en vivienda a precios de 1993

Derivado del Consenso de Washington, a escala internacional se optó porprivilegiar políticas de apoyo directo a la producción de vivienda, cambiando el papel del Estado de constructor a facilitador. En este contexto los procesos de apoyo a la autoconstrucción quedaron a un lado, bajo el estigma de la irregularidad. Como señalamos, esta revisión histórica refiere principalmente a las zonas urbanas, en las cuales se dio un fuerte impulso mediante los créditos hipotecarios. Lo cual, sin embargo, al no acompañarse de acciones de ordenamiento territorial adecuadas, ha generado un crecimiento desordenado.

Marco legal

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Como se ha señalado anteriormente, la interpretación de Miguel Carbonell es que la Constitución garantiza el derecho al disfrute de una vivienda y no a su propiedad. Asimismo, supone un mandato para que el legislador haga realidad ese derecho y, por otra parte, supone un mandato a todas las administraciones públicas de todos los órdenes de gobierno para que implementen políticas públicas de fomento a la vivienda. Nuestra Constitución reconoce en la vivienda un derecho de la familia, como organización social sujeta de obligación y derecho. La vivienda es un parámetro de desarrollo social de la comunidad, de su satisfacción dependen la alimentación, la salud y la educación. Es importante señalar que, con las enmiendas a la Constitución, se ha dado particular énfasis a la atención de los grupos indígenas de nuestro país, especificando nuevamente el derecho a la vivienda, lo que compele al Estado a actuar para asegurar un nivel de vida digno a estos mexicanos. Y son precisamente los indígenas quienes presentan las mayores condiciones de precariedad en sus viviendas, no sólo en sus comunidades de origen, sino también en las zonas urbanas hacia las que han migrando.

El marco legal en torno a la vivienda incluye diversos ordenamientos.

A continuación se destacan aquellos que se vinculan directamente con la necesidad de dar énfasis sobre el apoyo a los más necesitados. El artículo 3 de La Ley de Vivienda publicada en 2006 señala que las disposiciones de la misma deben aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, para que toda persona pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. La misma ley señala que la política nacional de vivienda deberá promover oportunidades de acceso para la población, preferentemente para aquella que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, plantea acciones de concurrencia, de mejora regulatoria para aumentar la seguridad jurídica y disminuir los costos, fomentar la calidad, respeto a la ecología, inclusión de aspectos de sustentabilidad ambiental, su adaptación al medio ecológico, promoción de una distribución y atención equilibrada de las acciones considerando las necesidades regionales, así como mejorar la información para la toma de decisiones.

Destaca el artículo 61, el cual señala que “los subsidios en materia de vivienda y suelo se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza”, y en el artículo 62 precisa que “estos deberán diferenciarse según los niveles de ingreso y sus destinatarios, con atención

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