Las Penas Y Las Medidas De Seguridad

Ensayo sobre la pena y las medidas de seguridad, diferencias que existen entre ambas.

La constitución establece en su artículo 69 numeral 7, que: “Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”. De igual forma La resolución 296-2005, el artículo 4 del Código Penal, el artículo 7 del Código Procesal Penal, entre otras, son disposiciones legales que contemplan el espíritu del principio de legalidad.

Por lo antes dicho, el principio de legalidad es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico penal, el cual es de aplicación inmediata tanto en las penas como en las medidas de seguridad.

En ese tenor, es imprescindible dejar por sentado, que para el juzgador aplicar ya sea una medida de seguridad o imponer una pena, esta ha de estar prevista en la legislación, todo conforme al principio de legalidad. En este sentido señala José Hurtado Pozo en su libro Manual de Derecho Penal que: “El juez no podrá ordenar la aplicación sino de las medidas de seguridad prevista en la ley y sólo cuando se presenten las condiciones establecidas por el legislador”.

En lo atinente a la pena:

La Pena: es la consecuencia jurídica de los actos reprochados por el derecho penal y sólo se aplica a imputables, una vez que se ha determinado su culpabilidad de conformidad con las normas del Estado. “Es el medio coactivo más contundente con que cuenta el Estado” para reaccionar frente a los hechos punibles. Según Zafarroni, la pena es un mal, un castigo, un sufrimiento que padece quien la sufre, que en nada detiene la criminalidad y en nada repara la destrucción de los bienes jurídicos. (Concepto negativo de pena).

La pena tiene por finalidades esenciales: el mantenimiento del orden jurídico y la convivencia social y sirve como herramienta de reeducación para quien la sufre, es decir, esta detiene la delincuencia incipiente o reincidente.

La pena se rige por tres principios modulares, a saber: legalidad, dignidad humana, y proporcionalidad, los cuales a resumidas cuentas operan como las garantías principales con que cuenta el ciudadano frente al poder punitivo del Estado. En ese sentido, el Estado como ente encargado de mantener la paz y el orden social se auxilia de lo que conforma el derecho Penal Objetivo siendo el mismo el conjunto de reglas jurídicas que determinan los comportamientos que resultan inaceptables para el sistema, las sanciones o castigos que deben imponerse a quienes incurren en los mismos y las reglas para la aplicación de estas consecuencias.

En lo atinente a las medidas de seguridad:

Silvio Ranieri en su libro Manual de Derecho Penal, tomo II pág. 374, define a las medidas de seguridad como “providencias administrativas, con garantía jurisdiccional, consistentes en la privación o disminución

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