Ley 183-02 Republica Dominicana
Enviado por atitiboniti • 13 de Septiembre de 2015 • Documentos de Investigación • 991 Palabras (4 Páginas) • 3.764 Visitas
Ensayo sobre la Ley 183-02 Monetaria y Financiera de la Republica Dominicana.
La Ley 183-02 es la encargada de regular el sistema monetario y financiero de la Republica Dominicana. Por lo que tiene por objeto establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero del país, dicha regulación abarca la fijación de políticas, reglamentación, ejecución y aplicación de sanciones. La administración monetaria y financiera es la encargada de llevar a cabo dicha regularización del sistema en todo el territorio dominicano.
Las instituciones encargadas de las regularizaciones del sistema monetario y financiero según esta ley son:
La Junta Monetaria: es el órgano superior del Banco Central, a esta le corresponde la regularización del sistema monetario y financiero del país, así como la coordinación de los entes reguladores del sistema y del mercado financiero. Entre sus funciones principales se destaca: aprobar el programa monetario del país, determinar la política monetaria, cambiaria y financiera, dictar los reglamentos y financieros, otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera o cambiaria, así como autorizar las fusiones, adquisiciones y escisiones, entre otras.
El Banco Central: este es el único emisor de los billetes y las monedas de circulación nacional. Este tiene por objeto velar por la estabilidad de precios, ejecutar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, de acuerdo con el programa monetario aprobado previamente por la Junta Monetaria. A esta le corresponde compilar y elaborar las estadísticas de la balanza de pagos del sector monetario y financiero, este también es responsable de la supervisión y liquidación final de los sistemas de pago, así como del mercado interbancario.
La Superintendencia de Bancos: esta es la institución responsable de la supervisión institucional y preventiva del sector financiero, de las operaciones de bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, entre otras instituciones. Todas estas entidades conforman la Administración Monetaria y financiera, la cual tiene autoridad para fijar políticas, formular e implementar regularizaciones y aplicar sanciones.
Según esta ley en su Artículo 2, la regularización del sistema financiero tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que debe cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera de conformidad con lo establecido en la ley, todo esto con el fin de procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de eficiencia, libre mercado y competitividad.
De acuerdo con esta ley la Administración Monetaria y Financiera garantizara el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regularización, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera. También cabe destacar que, los actos dictados por dicha Administración, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con los procedimientos reglamentarios establecidos, gozan de presunción de legalidad, salvo prueba en contrario, y serán inmediatamente ejecutorios.
Esta ley en sus secciones IV y V establece el principio de la transparencia y la transparencia financiera, en la que las entidades de intermediación financiera estarán obligadas a documentar sus operaciones en la forma que se determine reglamentariamente. El Banco Central deberá de proporcionar al público una serie de informaciones como: el balance general mensual de sus cuentas, los estados financieros auditados anuales, el informe trimestral de la economía dominicana, resumen de la memoria anual, un boletín informativo que contenga reglamentos monetarios y financieros y los instructivos del Banco Central, un boletín informativo que contenga las resoluciones que dicte la Junta Monetaria y las Circulares del Banco Central, así como cualquier otra información que sea relevante a efectos de mantener un adecuado nivel de transparencia de sus actuaciones.
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