Ley Organica De Servicio Publico

Necesidad de reformar el Art. 40 de la Ley del Servicio Público sobre la aceptación previa del servidor público en los casos de traspaso, cambio administrativo,

o intercambio voluntario a un lugar distinto del domicilio civil

1. Resumen

2. Introducción

3. Revisión de literatura

4. Materiales y métodos

5. Resultados

Resumen

La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de las servidoras y los servidores públicos, que sus derechos son irrenunciables, y que la ley deberá regular aspectos como la estabilidad en el desempeño de sus funciones.

A objeto de promover el cumplimiento de las funciones atribuidas a cada uno de los órganos de la administración pública, la Ley Orgánica del Servicio Público, establece la posibilidad de que la autoridad nominadora pueda disponer el traslado, traspaso o cambio administrativo de una servidora o servidor público. La misma Ley en referencia establece que el traspaso, cambio administrativo, o intercambio voluntario de puestos a un lugar distinto del domicilio civil de la servidora o servidor público, deberá hacerse únicamente con la aceptación por escrito, hecha de forma previa, además determina que en ningún caso dichos cambios podrán aplicarse como sanción.

Al revisar la Ley Orgánica del Servicio Público, hemos podido determinar que no se establecen sanciones para la autoridad nominadora, que ilegalmente disponga el traslado, traspaso o cambio administrativo, de una servidora o un servidor público, a un lugar distinto de su domicilio, situación que lamentablemente sucede de forma frecuente en el país y que obedece generalmente a retaliaciones de orden político, a posiciones de orden personal de las autoridades nominadoras, que hacen uso del poder conferido por la ley, para de manera arbitraria e injusta disponer el traslado, traspaso o cambio, de la servidora o servidor público, hacia un lugar distinto de su domicilio, sin que éste acepte expresamente por escrito, ese cambio administrativo.

La actuación de las autoridades nominadoras, al trasladar a las servidoras y servidores públicos, a lugares distintos de su domicilio civil sin cumplir con el requisito legal de la aceptación por escrito, indudablemente afecta los derechos de los servidores públicos, especialmente su estabilidad, y causa problemas a terceras personas, y de manera directa a la familia del servidor afectado, a consecuencia de los contratiempos que ocasiona la movilización hacia un lugar distinto del domicilio.

La problemática anterior es abordada en este trabajo investigativo, el cual culmina con el planteamiento de una propuesta jurídica, que tiene la finalidad de garantizar que se cumpla estrictamente con el requisito de la aceptación por escrito que exige la Ley Orgánica del Servicio Público, so pena de que la autoridad nominadora que actúe arbitraria e ilegalmente, sea sancionada con la destitución, y es hacia allí a donde se dirige el planteamiento propositivo que constituye el aporte principal de este estudio.

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador, provides for the servants and public servants that their rights are inalienable, and that the law will regulate issues such as stability in the performance of their duties.

In order to promote compliance with the tasks assigned to each of the organs of public administration, Public Service Law provides for the possibility that the appointing authority to order the removal, transfer or change in management of a server or servers public. The same Law provides that the transfer reference, change management, or voluntary exchange of positions to a different place of residence of the servant or public servant, should be done only with the written agreement made in advance in addition to determining that no If such changes may be applied as punishment.

In reviewing the Public Service Law, I can determine that no penalty to the appointing authority, which has illegally transfer, assignment or administrative change, a servant or a public servant at a place other than his home state which unfortunately happens frequently in the country and usually reflects political retaliation, to positions of personal order appointing authorities, who use the power conferred by the law, so arbitrary and unfair provisions for the transfer, transfer or change, the servant or public servant to a place other than their home without it expressly agrees in writing, that administrative change.

The action of the appointing authorities by moving to the servants and public servants to places other than home without meeting the legal requirement of written acceptance will undoubtedly affect the rights of public servants, especially their stability, and causes problems to others, especially to the family of the affected server, as a result of the mobilization occasional setbacks to a place other than home.

The above problem is addressed in this research work, which culminates with the approach of a legal proposal, which aims to ensure strict compliance with the requirement of written acceptance required by the Public Service Law, otherwise that the appointing authority to act arbitrarily and illegally, be punished with dismissal, and it's over there where you are going proactive approach constitutes the main contribution of this study.

Introducción

La administración pública constituye un servicio a la colectividad, que debe ser ejercido con eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, dispone la Constitución de la República del Ecuador.

La misma Constitución, consagra que los derechos de las servidoras o servidores públicos son irrenunciables, y que las Leyes desarrollarán los preceptos jurídicos para garantizar entre otras cosas la estabilidad en el desempeño de las funciones de estos servidores.

El servicio público en el Ecuador, actualmente está regido por la Ley Orgánica del Servicio Público, cuerpo de normas jurídicas que contiene todo lo relacionado con la ejecución de la administración pública, así como el régimen legal que norma todo lo concerniente a las servidoras y servidores públicos.

La Ley Orgánica del Servicio Público, establece la posibilidad de que a objeto de garantizar la eficiencia y eficacia de la administración pública, las autoridades nominadoras, podrán disponer del traslado, traspaso o cambio administrativo de las servidoras

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