Mejor Acceso A Justicia Ambiental

Mi propuesta consta de dos partes: una que se llevaría a cabo de adentro hacia afuera, es decir, generándose desde dentro de la empresa y la manera de llevar la gestión ambiental de la empresa hacia las autoridades; la otra parte sería en el sentido inverso, es decir, de las autoridades hacia las empresas.

Primeramente, para poder tener un adecuado acceso a la justicia ambiental, es necesario crear programas de capacitación para todos los niveles de la empresa, adaptándolos según a quienes vayan dirigidos. Por ejemplo, comenzar con programas de concientización de empleados operativos (obreros) mediante los cuales sepan la importancia y los beneficios de hacer las cosas lo mejor posible con miras a disminuir sus impactos ambientales existentes o potenciales y hacer de su conocimiento que existen autoridades en materia ambiental (dígase PROFEPA, SEMARNAT, CNA, etc.) que pueden llegar cualquier día a la planta o instalación a hacer alguna visita o inspección para verificar que todo esté en cumplimiento y que en caso de que hubiera alguna situación de incumplimiento pueden haber diversos tipos de consecuencias (multas, clausuras temporales, etc.). Posteriormente, propongo que se vaya haciendo lo anterior en los demás niveles de la empresa, comunicando qué parte(s) de la legislación ambiental aplica en cada área y cómo actuar en caso de alguna posible interacción con las autoridades ambientales. Todo lo anterior es de vital importancia, ya que como lo dice el artículo 21 del código civil, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.

Como conjunto de empresas, propongo que se tenga una presencia continua de los representantes de cada empresa en CANACERO para llevar un seguimiento continuo de la evolución de la legislación ambiental. Primero, para estar al día de las reformas en normas, reglamentos, leyes, etc., así como para tener una participación activa en la elaboración de las mismas, de manera que se llegue a un punto en que las normas no pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de las empresas.

En contraparte, para la forma de mejorar el acceso a la justicia ambiental y la procuración y administración de la justicia ambiental -de las autoridades hacia las empresas-, propongo que los legisladores trabajen de manera más ardua en la disminución (y poco a poco eliminación) de las lagunas jurídicas. Ya que existen en varias formas: en normas que mencionan reglamentos que no se han expedido aún, artículos de leyes redactadas en forma antigua, preceptos antiquísimos que por el mismo paso del tiempo no son acordes a la realidad presente, etc., y que generan una serie de problemas administrativos que finalmente se reflejan en pérdidas de tiempo y dinero tanto para las autoridades y para las empresas.

También propongo que la distribución de competencias, al menos en las grandes zonas metropolitanas, se reorganice. Por ejemplo, en el Área Metropolitana de Monterrey, se cree una sola autoridad que rija a toda al área metropolitana y no municipio por municipio, ya que si se tiene por ejemplo un problema por contaminación de un río por algún derrame o descarga fuera de norma y dicho río atraviesa varios municipios, el procedimiento administrativo se vuelve tan engorroso que se tarda más en darle una solución al problema que el tiempo en que la misma naturaleza lo repara por sí solo, ya que hay que hacer trámites en todos y cada uno de los municipios por los que cruza el río y que se están viendo afectados. Esto se puede aplicar a cualquier materia (agua, residuos, suelos, aire) ya que el medio ambiente no reconoce por sí solo las divisiones políticas hechas por el hombre y estas divisiones lo que generan en caso de un problema ambiental, es que por tantos trámites, se pasa el tiempo y la misma burocracia no genera ninguna solución.

Finalmente, mi recomendación para que la justicia ambiental se ejerza adecuadamente

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