Nota de prensa situación Sirya

Informe mundial 2018 - Venezuela

Editor: Human Rights Watch

Fecha de publicación 18 de enero de 2018

Cite como Human Rights Watch, World Report 2018 - Venezuela, 18 de enero de 2018, disponible en: http://www.refworld.org/docid/5a61ee074.html [consultado el 21 de febrero de 2018]

Eventos de 2017

En Venezuela hoy en día, ninguna institución gubernamental independiente sigue actuando como un freno al poder ejecutivo. El gobierno venezolano -bajo Maduro y anteriormente bajo el Chávez- ha apilado los tribunales con jueces que no pretenden la independencia.

El gobierno ha estado reprimiendo la disidencia a través de medidas enérgicas a menudo violentas en las protestas callejeras, encarcelando a opositores y enjuiciando a civiles en tribunales militares. También ha despojado el poder de la legislatura dirigida por la oposición.

Debido a la fuerte escasez de medicinas, aparatos médicos y alimentos, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a esta crisis humanitaria y de violación de derechos humanos, cientos de miles de venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones persistentes incluyen malas condiciones en las cárceles, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y el hostigamiento del gobierno.

Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano encarceló a opositores políticos y los descalificó para postularse para un cargo. 340 prisioneros políticos estaban languideciendo en las cárceles venezolanas o en la sede de los servicios de inteligencia, según el Foro Penal, una red venezolana de abogados pro bono de defensa criminal.

A mediados de 2017, el Tribunal Supremo condenó a cinco alcaldes de la oposición, con procesos sumarios que violaban las normas internacionales sobre el justo proceso, a 15 meses de prisión y los descalificó para postularse para un cargo. A la hora de escribir, uno estaba preso en la sede de los servicios secretos en Caracas; los demás habían huido del país. Al menos nueve alcaldes más fueron sometidos a una orden judicial de la Corte Suprema que podría llevar a sentencias de prisión similares, si son acusados de violarla.

El líder de la oposición Leopoldo López está cumpliendo una sentencia de 13 años por presuntamente incitar a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas fidedignas en su contra.

Después de tres años en prisión, López fue trasladado a arresto domiciliario en julio de 2017, pero nuevamente fue detenido a mitad de la noche semanas después de haber criticado públicamente el gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron a Antonio Ledezma, un ex alcalde de la oposición que ha estado bajo arresto domiciliario desde 2015 y había publicado un video crítico mientras estaba bajo arresto domiciliario.

Posteriormente, la Corte Suprema emitió una declaración donde prohibía a López de hacer "Proselitismo político" y que Ledezma no podía hacer ninguna declaración a los medios de comunicación, añadiendo que fuentes de inteligencia sabían que ellos tenían planeado huirse. Ambos hombres fueron devueltos a arresto domiciliario días más tarde. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas detenidas en relación con las protestas antigubernamentales de 2014 o el activismo político subsiguiente siguen bajo arresto domiciliario o detención, en espera de juicio.

Represión contra la actividad de protesta

Las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos progubernamentales armados llamados "colectivos", han atacado violentamente las protestas antigubernamentales -  algunas de ellas asistidas por decenas de miles de venezolanos - entre abril y julio de 2017. El personal de la fuerza de seguridad disparó a los manifestantes a quemarropa con municiones antidisturbios, atropelló a los manifestantes con un vehículo blindado, golpeó brutalmente a las personas que no ofrecían resistencia y organizó incursiones violentas en edificios de apartamentos.

La Procuraduría informó que, al 31 de julio, 124 personas habían sido asesinadas durante los incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en agosto que más de la mitad de muertes había sido causado por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 oficiales de las fuerzas de seguridad murieron en las manifestaciones y se denunciaron varios casos de violencia contra los partidarios del gobierno. 

A fines de julio, antes de que la Asamblea Constituyente despidiera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, estaba investigando cerca de 2.000 casos de personas heridas durante la represión. Si bien la cifra parece haber incluido casos en los que los manifestantes y las fuerzas de seguridad eran los presuntos autores, en más de la mitad de los casos la oficina tenía pruebas que sugerían violaciones de derechos fundamentales.

Según el Foro Penal, alrededor de 5.400 personas fueron arrestadas en conexión con manifestaciones entre abril y noviembre, incluidos manifestantes, transeúntes y personas tomadas de sus hogares sin orden judicial. Alrededor de 3.900 habían sido liberados condicionalmente en el momento de redactar este informe, pero seguían sujetos a enjuiciamiento penal. Uso de descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. Los tribunales militares han enjuiciado a más de 750 civiles en violación del derecho internacional.

A principios de 2014, el gobierno también respondió a las protestas masivas contra el gobierno con una fuerza excesiva. Las fuerzas de seguridad a menudo detuvieron los manifestantes en régimen de incomunicación en las bases militares durante 48 horas o más, y en algunos casos, cometieron violaciones graves de derechos humanos, incluyendo palizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligaron a los detenidos a ponerse de rodillas, sin moverse, durante horas.

No se ha procesado a ningún oficial superior por estos abusos. 

Asamblea Constituyente

En mayo, Maduro convocó una Asamblea Constituyente a través de un decreto presidencial, a pesar del requisito constitucional de que se realice previamente un referéndum público para reescribir la constitución. La Asamblea está compuesta solo por partidarios del gobierno elegidos a través de unas elecciones que tuvieron lugar en julio y que luego fueron declaradas fraudulentas por Smartmatic, la misma compañía británica contratada por el gobierno para verificar los resultados.

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