Obligaciones Fiscales

Obligaciones fiscales

Introducción

Cumplir con las obligaciones que la ley establece para los pagadores de impuestos en México, no es tarea fácil; la excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento.

Los contribuyentes tienen que cumplir con las obligaciones derivadas de diversos impuestos: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), entre otros, cuyos mecanismos de determinación son distintos, ocasionando un esfuerzo administrativo adicional.

Las dificultades de los causantes comienzan con el trámite de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y su respectiva incorporación a determinado régimen fiscal, por lo que se agudizan dichas dificultades al identificar sus obligaciones tributarias, determinar y enterar correctamente sus impuestos e, incluso, continúan a veces aun extinguidas sus obligaciones.

Cumplir con las disposiciones tributarias adecuada y oportunamente, requiere instrumentar una contabilidad especial para efectos fiscales, con adición a la financiera; controlar sus ingresos con base a flujo de efectivo para calcular el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y con base a devengado para el Impuesto Sobre la Renta; cumplir con requisitos adicionales para hacer efectivas las deducciones; presentar numerosas declaraciones provisionales, anuales e informativas; así como integrar una estructura informática mínima para emitir la facturación electrónica y, en su caso, retener y enterar impuestos de terceros, amén de dictaminar cuando proceda sus estados financieros para efectos fiscales por contador público registrado.

Por si fuera poco, la norma tributaria presenta diversas complejidades en su interpretación, provocando divergencias de criterios entre los causantes y sus asesores fiscales, por una parte, y las autoridades fiscales federales por la otra, así como por los diversos tribunales federales con competencia en la materia.

En resumen, la complejidad de nuestro sistema tributario se advierte como un factor determinante para el bajo nivel de recaudación, por lo que es evidente que México necesita lograr una simplificación legal y administrativa que facilite el pago de los impuestos, y que a su vez, propicie una recaudación equilibrada para fortalecer el sistema tributario.

La reforma fiscal estructural, recientemente aprobada, pretende resarcir este problema de muchos años atrás, sin embargo como hemos podido constatar al día de hoy sigue presentando grandes problemas y grandes obstáculos en su aplicación, por lo que ella pretende.

I.- Falta de visión a largo plazo

La facultad legislativa en materia tributaria, sin duda, es de especial importancia debido a que sólo a través de ésta es que se establecen cargas fiscales a los particulares, según mandata el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Por medio del proceso legislativo, se lleva a cabo la estructuración y diseño del sistema tributario mexicano y se consolidan las bases de la actividad financiera del Estado.

Las disposiciones fiscales sufren múltiples y continuas reformas legales, motivadas porque a través de las mismas se quieren resolver las problemáticas a las que se va enfrentando el proceso recaudatorio, esto genera incertidumbre a los particulares, como empresarios e inversionistas, que se ven en la imposibilidad de elaborar una sólida planeación a largo plazo.

La inversión productiva es ya de por sí difícil en México, y tiene que sortear una serie de problemas económicos y regulatorios, si a ello se suman los cambios constantes en la legislación fiscal, el ambiente se torna aún más complejo.

Los derogados impuestos, sustitutivo del crédito al salario y a la venta de bienes y servicios suntuarios son un triste ejemplo de lo anterior, pues fueron cuestionados en cuanto a su constitucionalidad esto sin considerar la excesiva regulación administrativa que originó su puesta en práctica, así como los esfuerzos y costos que implicó para los contribuyentes su aplicación y cumplimiento. Si bien la política fiscal, inserta en la globalización y la constante transformación de los mercados, implica dinamismo, ello no debe ser obstáculo para consolidar como nación una política fiscal consistente y de largo plazo que apoye la sustentabilidad del país.

Además de las inconveniencias que la falta de una política fiscal a largo plazo ocasiona en la planeación estratégica de los sectores productivos, sucede también que al agotarse las medidas o soluciones legislativas de corto plazo, se origina que el sistema se tenga que ir adecuando y regulando por la propia Administración Tributaria, mediante la emisión de reglas de carácter general o criterios normativos, complicando aún más el panorama.

Por sólo mencionar un ejemplo, antes de la entrada en vigor del Impuesto Empresarial a Tasa Única (2008), ya se habían emitido 25 reglas en la Resolución Miscelánea Fiscal para hacer factible su aplicación y entero; mientras que para el 2011 el número se incrementó a 32. Admirablemente la Ley del IETU sólo cuenta con 19 artículos.

Se produce así un círculo vicioso, pues se ha vuelto común en la práctica de la Administración Tributaria, la excesiva regulación, la cual a su vez trae consecuencias jurídicas graves al maximizar la complejidad del sistema contributivo, atentando contra la simplificación administrativa y ocasionando que se incremente el costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Son muchas las problemáticas que trae consigo la actividad regulatoria de la Administración Tributaria. Por ejemplo, está el caso de la Resolución Miscelánea Fiscal cuyo objeto debiera ser la regulación operativa de lo dispuesto en la norma legal, y no la generación de nuevas obligaciones para los contribuyentes, como en varios casos ha sucedido, según lo demuestran los amparos concedidos en contra de la constitucionalidad de algunas normas Misceláneas precisamente por establecer nuevas obligaciones para los contribuyentes.

La falta de visión a largo plazo en materia tributaria ha ocasionado, a la postre, innumerables problemas políticos, financieros, económicos y jurídicos, implicando costos elevados tanto para el Estado, como para los contribuyentes.

II.- Inequidad Tributaria

Puede decirse que gran parte de la población tiene la percepción de que el sistema tributario nacional es inequitativo, debido a que les otorga un trato preferencial a diversos grupos de contribuyentes, o bien a determinadas personas.

Adicionalmente, en una encuesta realizada por el SAT a 1600 ciudadanos, acerca de las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, se obtuvo que los motivos son: I) porque es muy difícil, II) porque no pasa nada si no se paga, III) porque si se paga, el Gobierno se lo roba o no lo usa correctamente y IV) porque no existe una cultura de contribuir.

Percepción que en parte se justifica por el desconocimiento de la mayoría de los contribuyentes respecto del propio sistema tributario, así como de la administración y destino de los recursos públicos.

Por lo que respecta al trato preferencial, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece diferentes regímenes fiscales de excepción, entre los que destacan los siguientes:

I) régimen de pequeños contribuyentes, II) régimen de consolidación fiscal, III) régimen simplificado para autotransportistas y sector primario y IV) régimen de las personas morales con fines no lucrativos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimó que los regímenes fiscales especiales representarán en este ejercicio de 2011 un gasto fiscal aproximado de 512 mil millones de pesos, (lo que constituye más de la mitad de la recaudación del ISR) es decir, 3.79% del PIB.

Los regímenes especiales mencionados, sin bien otorgan un trato diferenciado, no puede decirse que resulten injustos en todos los casos; no obstante, el abuso de algunos sectores de los beneficios previstos en dichos regímenes, ocasiona que “los contribuyentes ordinarios”, tengan la idea de que son ellos los que soportan la mayor carga tributaria. Aunado a lo anterior, hay una percepción ciudadana de que la autoridad fiscal es benevolente o poco dispuesta a fiscalizar a ciertos sectores o personas, ya sea por su peso político, económico o social. Igualmente se percibe la incapacidad técnica y material de la autoridad para fiscalizar a grandes sectores de contribuyentes.

Claro ejemplo de ello, lo constituye la economía informal, que impacta negativamente en la actividad económica regulada del país, y por lo tanto, en la generación de empleos formales y en la recaudación tributaria, contribuyendo a la percepción de impunidad con que puede operar el sistema fiscal.

El SAT publicó en su página de internet, que tiene registrados a 34’104,000 de contribuyentes, de los cuales 32’797,000 son personas físicas; por lo que si se considera que las personas que trabajan en la informalidad son 12’844,580, resulta evidente el alto porcentaje de evasión.

Son muchos los factores que dan origen a la informalidad: la falta de cultura contributiva, el contrabando, piratería y tráfico de mercancías robadas, la complejidad tributaria de las leyes fiscales, el desempleo y la insuficiencia en la transparencia y rendición de cuentas del gasto público, entre otros.

La informalidad compite deslealmente con la economía formal, frenando el desarrollo sustentable del país, lo que repercute en la imposición de

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