Para Nacional Agrario

EL PARO AGRARIO TODAVÍA EXISTE

Las protestas o manifestaciones son actos tan primitivos como la existencia misma del hombre. A través de la historia, los seres humanos han encontrado diversas formas de mostrar su inconformismo frente a políticas que vulneran sus derechos como individuos y ciudadanos, convirtiendo estos actos en métodos de supervivencia social, a través de los cuales se lucha por demostrar que existe una sola escala justa con qué medir a las personas: la igualdad de acuerdo a sus condiciones y capacidades. Las grandes manifestaciones pueden gestarse en cualquier territorio, sin importar factores como su aparente riqueza natural y economía próspera. Es por esto que ni siquiera Colombia, un país que esperaba encontrar el camino hacia el desarrollo teniendo como un guía un TLC, se ha salvado de sentir la ira de su pueblo.

El pasado 19 de agosto se declaró el Paro Nacional Agrario, una sentencia anunciada producto de un efecto dominó, ya que tuvo como detonante la huelga de los cafeteros, seguida de la de los cacaoteros y paperos, hasta que finalmente se formó un solo conjunto de protestantes que alzaban su voz en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y a favor de toda una comunidad agraria y campesina sumida cada vez más en la pobreza. Este cese de actividades agrícolas se prolongó por más de un mes, afirmando el hecho que en un país como Colombia el paro y las revueltas son la única manera de que los mandatarios noten siquiera que las políticas que adelantan, tan prósperas en fachada, están liquidando una actividad de la que todavía dependemos en gran medida. Al bloquear carreteras nacionales y defenderse de la fuerza pública, los campesinos no hicieron más que desaprobar la injusticia.

El paro agrario “tiene orígenes estructurales, porque no existe una política pública consistente y seria para atender problemas como: regulación de costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas e insecticidas); peajes, gasolina, privatización de la asistencia técnica, no existencia de aseguramiento de cosechas, tendencia a disminuir el Fondo de Garantías Agropecuarias y la no contribución de la banca a la financiación de los pequeños y medianos productores, porque según ellos, son mala paga”. Dicen que nada en la vida sucede porque sí o por casualidad, y en este caso, los campesinos decidieron levantarse porque en realidad lo que producen no les está alcanzando para alimentar a sus familias.

Hace algunos años se consideraba a la tierra como uno de los negocios más rentables y como la esperanza de muchas familias sin más oportunidad que la de aprender a labrar y recoger los frutos sembrados. Sin embargo, este panorama ha ido pasando del verde atribuido a la esperanza, al gris turbio propio quizá de la desolación. Un campesino de Boyacá, uno de los departamentos más comprometidos con la protesta, debe invertir en una carga de papa $500.000, de la cual se saca una producción de 35 bultos. Cada bulto se vende en el mercado actualmente en esa zona a un precio aproximado de $12.000, el cual multiplicado por los 35 bultos daría como resultado una venta de $420.000. Adicionalmente, a esa venta se le debe descontar un total de $177.500 que incluye gastos como la sacansa, empaque y acarreo, lo que deja un saldo final de $242.500 que sería la “ganancia” total del campesino. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, las familias campesinas promedio en Colombia tienen un ingreso mensual de $207.235, sin contar además que no tienen derecho a salud ni prestaciones.

Muchos analistas concuerdan al afirmar que las causas de la crisis del campo tienen como componentes factores bastante visibles. Por un lado, el alto precio de la gasolina corriente ($8646,86 por galón, convirtiéndola en una de las más costosas del mundo), necesaria para el transporte de los productos hacia Bogotá; los fertilizantes y abonos más costosos de América Latina (un bulto de abono en Colombia cuesta entre $70.000 y $80.000, y un bulto de papa se vende a $12.000) y el desvío de los pocos subsidios que aporta el gobierno, los cuales casi siempre terminan en manos de terratenientes, los cuales, según cifras de las Naciones Unidas, constituyendo el 0,43% de la población nacional, poseen el 62,9% de la propiedad rural fértil.

Aunque las anteriores cifras hablen por sí solas, la verdadera raíz del problema es mucho más profunda y se venía gestando ya desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) cuando Estados Unidos, gobernado en aquel entonces por Bill Clinton, comenzó a proponerle a Colombia el TLC como la vía rápida hacia el desarrollo. Sin embargo, fue el ex presidente Álvaro Uribe quien fortaleció las intenciones de acuerdo para que Juan Manuel Santos finalmente lo firmara y el tratado entrara en vigencia a partir del 15 de mayo de 2012. Tanto Uribe como Santos, pero en especial el primero, forjaron en las mentes de los colombianos la idea que tal acuerdo con una de las potencias mundiales significaría la gran oportunidad que el país necesitaba para mejorar su economía, aumentar las exportaciones y generar más empleos. No obstante, los aparentes beneficios impulsaron el proceso contrario, afectando principalmente a los pequeños y medianos agricultores.

“Nadie puede decir que la crisis ha sido una sorpresa. [...] Un estudio de Oxfam, fechado en el 2009, denunciaba que el ingreso de las familias campesinas, [...] se desplomaría en un 70% gracias al TLC con los EEUU. [...] ¿Se refería a los campesinos el ex vicepresidente Francisco Santos cuando decía, celebrando la firma del TLC, que habría “perdedores”? Y cuándo decía, con visible entusiasmo, que también habría ganadores, ¿se refería acaso a los grandes consorcios agroexportadoras norteamericanas que en un año han aumentado las exportaciones de arroz subsidiado a Colombia en un 2000%? [...] Marx decía que el Estado es la oficina de la clase capitalista para administrar sus negocios. En Colombia, el Estado es una oficina transnacional manejada por gente que desprecia y desconoce al pueblo colombiano, que están más familiarizados con Nueva York que con Ciudad Bolívar”.

Cuando Colombia firma un TLC entran en gran medida al país productos extranjeros que no pagan impuestos de entrada y que además tienen grandes subsidios otorgados por los gobernantes de sus países de origen, lo que reduce los precios de producción y transporte. Su precio final en el mercado colombiano será entonces mucho más bajo que el de los productos cosechados por los campesinos de estas tierras. Esto significa que los agricultores colombianos se ven obligados a trabajar a pérdida porque si les cuesta 500 pesos producir un kilo de zanahoria, en los mercados se venderá a 300 pesos. Ante semejante

...