Pena De Muerte

PENA DE MUERTE.

INTRODUCCIÓN.

Este trabajo tiene como finalidad comprender un tema que causa una gran polémica en nuestro país, “la pena de muerte”; La inseguridad y la violencia son tema centrales de la preocupación y debate en México, escenario en el cual más de la mitad de los ciudadanos está de acuerdo en que se aplique la pena de muerte. El clamor generalizado de la gente es muy claro, es muy clara la posición de la sociedad mexicana que está agraviada y lastimada de la manera cómo ha crecido la delincuencia.

Es muy cierto que la delincuencia ha rebasado límites inimaginables pero aplicar la pena de muerte en México sería retrograda afectaría los fundamentales Derechos del Hombre, siendo el principal el de su vida.

DESARROLLO.

Para conocer un poco más de este tema tan polémico es importante saber que la historia de la pena de muerte en México es muy antigua. Se tiene noticia de ella desde las culturas precolombianas.

En el derecho azteca, las formas de aplicar esta irreparable pena eran crueles y dolorosas; entre otras: descuartizamiento, decapitación, lapidación, horca.

En la época colonial, en tiempos de la Inquisición, la muerte como pena fue práctica común junto con la tortura. Después de la Independencia, la pena capital siguió presente; en el posterior y primer código penal de México independiente, promulgado en el Estado de Veracruz en 1835, estableció la pena de muerte con reglas muy detalladas.

Es importante mencionar que el Código Penal de 1869 canceló esta pena para todos los delitos, lo cual constituyó un avance muy importante para su época. En el Código Penal Federal de 1871 conocido como Código de Juárez, prescribió, entre otras sanciones, la de muerte, a pesar de que la mayoría de los miembros de la Comisión Redactadora se manifestaron en contra de ella y la tacharon de innecesaria. Martínez de castro, presidente de la Comisión, consideró que era sumamente peligroso suprimir esta pena, en virtud de las circunstancias difíciles en que se encontraba el país y dado la situación precaria e insegura de las penitenciarías.

El Código Penal de 1929 abolió esta pena; a sí mismo el Código Penal de 1931 siguió el camino y en esa línea legislativa, no incluyó la pena de muerte.

El Primer Código Penal para el Distrito Federal, de 2002, coherentemente con esta evolución legislativa, tampoco incorporo esta debatida pena.

Uno de los primeros antecedentes constitucionales que se refiere a la pena de muerte es el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, se prohibía terminantemente la aplicación de esta pena para los delitos políticos respecto a los demás delitos, limitaba su aplicación únicamente al salteador, al incendiario, al parricida y al homicida con alevosía o premeditación. Además, condicionaba su abolición al establecimiento a la mayor brevedad del régimen penitenciario, se refería a que hubiese cárceles adecuadas en cuanto a su funcionamiento, propicias para la rehabilitación; el proyecto de la (CPEUM) de 2 de noviembre de 1842, retomó estas mismas disposiciones.

La constitución de 1857, después de un fuerte debate quedó evidenciado el repudio por la pena de muerte, la conservo, pero su abolición dependía de que se estableciera el régimen penitenciario pero instituyó su abolición para los delitos políticos; y la Constitución de 1917 reiteró, de manera tajante, la prohibición de aplicar la pena de muerte por delitos políticos, y limitativamente la permitió para los mismos delitos previstos en la Constitución de 1857.

Finalmente el artículo 22 de la (CPEUM) establece: Quedan prohibidas las penas de muerte.

Actualmente ha surgido, con finalidades electorales, la pretensión de reinstaurar la pena de muerte. El Partido Verde Ecologista en una de sus campañas propone la pena de muerte a los secuestradores. Comenta que en la encuesta de percepción ciudadana sobre seguridad en México, ocho de cada diez mexicanos rechazan avances en el combate al secuestro, y más del 60 por ciento de la población es escéptica en torno a la depuración policiaca. Así mismo dice que las encuestas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas, que incluso hay un alto índice de aprobación de imponer la pena de muerte por delitos graves.

Que lo anterior ha propiciado que la seguridad pública sea, entre otros, uno de los mayores reclamos de la sociedad y que incluso haya trascendido a nivel internacional al considerar la INTERPOL y la DEA a nuestro país como el quinto lugar de los 107 países más inseguros. Que no ha funcionado la coordinación entre los tres poderes de gobierno que esta se debe fortalecer, desafortunadamente no hay una relación proporcional entre el tamaño de la fuerza policial y la incidencia delictiva.

Lo que sí es de suma importancia mencionar que la cifra de víctimas corresponde más a obreros o empleados. Es decir, las principales víctimas de la delincuencia son los trabajadores asalariados. Por esta razón el Partido Verde propuso reformas para que se garantice que los salarios que reciban los policías a nivel estatal y federal san dignos y suficientes para mantener a su familia.

Por otro lado el (PVEM) dice que el rezago de la policía mexicana demanda la adopción de políticas públicas que promuevan la educación, entre los elementos activos de la policía.

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