Plan Del Buen Vivir

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integraciónsocial y territorial en la diversidad

Estamos comprometidos en superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni lugar de origen. Queremos construir un porvenir compartido sostenible con todas y todos los ecuatorianos. Queremos lograr el buen vivir.

Fundamento

Los procesos de exclusión en el Ecuador tienen raíces histórico-culturales de carácter ancestral que, en las tres últimas décadas, se agudizaron, transformaron y emergieron en formas más complejas y profundas, debido a cambios generados por la globalización, al aparecimiento de nuevos modelos productivos y de organización laboral, a modelos familiares no tradicionales, y a las relaciones entre géneros y situaciones sociales inusitadas como consecuencia de la acentuación de la movilidad humana. Las formas y condiciones de exclusión, expresadas en la estructura social, han impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía a personas y grupos específicos.

La aplicación de modelos de crecimiento y acumulación, basados en la concentración de la riqueza, el ingreso y los medios de producción, agudizó los ciclos de exclusión/inclusión, aumentó las desigualdades entre países y al interior de éstos y, finalmente, debilitó la cohesión social y las dinámicas de pertenencia e identidad social.

Las respuestas públicas expresadas en mecanismos de protección social de corte asistencial, o las acciones paliativas, son limitadas e insuficientes, en especial, cuando tienen un carácter homogeneizador y no incorporan enfoques interculturales que reconozcan la diversidad social, cultural y territorial de la población.

La Constitución de 2008 plantea un nuevo modelo de sociedad y de Estado, en el cual el desarrollo constituye un medio para concretar el ejercicio de los derechos del Buen Vivir, en el marco de los principios de justicia social, ciudadanía y solidaridad. Este nuevo modelo implica un reparto orgánico de la riqueza del país, en términos de infraestructuras, bienes y servicios, considerados necesarios e indispensables para la ampliación de las capacidades y libertades humanas y para el funcionamiento eficaz de la economía ecuatoriana. El Estado reconoce y garantiza el carácter indivisible del sistema de derechos del Buen Vivir y, sobre todo, asegura su concreción institucional y pública.

Este objetivo propone la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de cohesión y re-distribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad. Los mecanismos de inclusión, protección social e integración territorial de este nuevo modelo, se sustentan en una lógica basada en los derechos, que identifica y valora a las personas y grupos de atención prioritaria, y reconoce la diversidad de comunidades, pueblos y nacionalidades.

El ejercicio de los derechos, en especial a la educación, salud, seguridad social, alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos estén incluidos e integrados en las dinámicas sociales, mediante el acceso equitativo a bienes materiales, sociales y culturales. Esto último implica poner freno, mediante la acción del Estado, a las desigualdades económicas, en la perspectiva de contribuir a la democratización de los medios de producción y avanzar hacia la construcción de una sociedad dispuesta a hacer realidad el Buen Vivir.

Diagnóstico

El crecimiento y la estabilidad macroeconómica son una condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza, promover la igualdad y garantizar los derechos del Buen Vivir. Es necesario contar con mecanismos de distribución y re-distribución de la riqueza con la inclusión social y productiva de los grupos menos favorecidos reconociendo la diversidad en un sentido amplio, y promoviendo la gestión sostenible del patrimonio natural.

Los cambios estructurales considerados en este objetivo contribuyen, desde el principio de la justicia, al desarrollo infantil integral, a la reducción de las desigualdades económicas, sociales y territoriales, y la democratización de los medios de producción que apoyan al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria.

El Ecuador es un país desigual, en el cual el 10% más rico acumula aproximadamente el 42% de los ingresos totales generados por la economía, en tanto que el 10% más pobre no recibe ni el 2%. Poco más de la mitad de la población no logra satisfacer a plenitud sus necesidades básicas y cuatro de cada diez ecuatorianos vive en situación de pobreza (CISMIL, 2007). Solucionar esta situación es prioridad para la transformación del país.

El porcentaje de pobres con relación a la población total llegó al pico del 52% en 1999 como resultado del Fenómeno de El Niño de 1998 y la crisis bancaria de 1999. Esta tendencia se revertió para el 2006, alcanzando el 38%, como resultado del incremento del precio internacional del petróleo, las remesas de los emigrantes y una recuperación del salario real.

Cuadro 7.1.1: Evolución de la pobreza y la extrema pobreza de consumo

(% del total de la población)

Nivel Territorial 1995 1998 1999 2006

Pobreza Extrema Pobreza Pobreza Extrema Pobreza Pobreza Extrema Pobreza Pobreza Extrema Pobreza

Región

Costa 36,1 9,1 46,4 16,3 52,9 16,0 40,1 10,9

Sierra 41,7 18,5 42,2 21,8 51,4 24,7 33,8 12,2

Amazonía 60,6 23,8 50,0 22,3 n.d. n.d. 59,7 39,6

Área

Campo 63,0 27,4 66,8 33,9 75,1 37,7 61,5 26,9

Ciudad 23,0 4,1 28,7 7,8 36,4 8,0 24,9 4,8

Nacional 39,3 13,8 44,8 18,7 52,2 20,3 38,3 12,9

Fuente: SIISE-INEC, basado en INEC, ECV. Varios años

Elaboración: SENPLADES

Garantizar los derechos del Buen Vivir abarca una visión integral que inicia por la superación de las condiciones de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Aún queda mucho por hacer para superar la pobreza estructural cuando consideramos la carencia de satisfacción de las necesidades básicas de las familias por la falta de acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo.

Frente a esta meta, el gobierno de la Revolución Ciudadana está ejecutando políticas públicas para reducir la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional, urbano y rural (INEC, 2008). Esto se evidencia con una caída nacional de la pobreza medida por ingresos de 37,62% a 35,08% entre el 2006 y el 2008. En esta reducción inciden la reforma al sistema tributario a través de la Ley de Equidad Tributaria, la eliminación de la tercerización laboral lograda por mandato constituyente en el año 2008 y la creación de un sistema de compras públicas transparente que favorece la producción de pequeños y medianos productores, entre otras intervenciones de política pública.

La presión tributaria (% del PIB que corresponde a la recaudación de impuestos) en el Ecuador es relativamente baja pero se ha incrementado en los últimos años como medida fundamental para cumplir con el objetivo gubernamental de mejorar sustancialmente la re-distribución de los beneficios del desarrollo.

Gráfico 7.1.1: Evolución Presión fiscal en Ecuador

(En millones de US dólares y en porcentajes)

Fuente: SRI, Centro de Estudios Fiscales

Elaboración: SENPLADES

Como se muestra en el mapa a continuación, las desigualdades sociales y económicas están localizadas. Las provincias de Bolívar, Carchi, Chimborazo y toda la Amazonía tienen la mayor incidencia de pobreza de consumo. De igual forma, los habitantes de las zonas rurales tienen un nivel de pobreza muy por encima de la media nacional, alcanzando el 62%.

Mapa 7.1.1: Mapa de pobreza de consumo por provincia

Nota: La información disponible es previa a la provincialización de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas

Fuente: SIISE-INEC, con base en ECV 2005-2006, INEC.

Elaboración: CISMIL

Los programas de atención social incluyen iniciativas de alivio al impacto de la inflación en contexto de crisis para los hogares ecuatorianos, a través de los programas Socio Ahorro y Socio Solidario, en conjunto con el sector privado. Durante los últimos meses, 174.381 hogares se benefician del programa Socio Ahorro en supermercados y se han vendido más de $ 25’411.624 en artículos del programa Socio Solidario en tiendas, favoreciendo la producción nacional y el consumo de productos de calidad a bajo costo (MCDS, 2009).

El desarrollo pleno de la vida se articula con el derecho a un trato de igualdad que reconoce y respeta las diversidades y erradica todas las prácticas de discriminación que aún son necesarias de superar. Estas prácticas buscan modificar el escenario de pobreza y extrema pobreza que afecta de modo excesivo a los grupos étnicos históricamente han sido excluidos: indígenas y afrodescendientes.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2006, presenta un 38,3% de pobreza medida por consumo en el país nacional; entre los indígenas y afroecuatorianos sube al 57,2% (en los indígenas un 67,8% y en los afroecuatorianos el 43,4%). Por otro lado, los restantes grupos étnicos tienen niveles de pobreza inferiores a la media nacional, demostrando una condición de exclusión social que se evidencia también en el acceso y mantenimiento del trabajo, en el acceso y gestión de recursos y medios de producción, y en la incorporación de todas las personas, sin discriminación,

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