Politicas Publicas En Materia De Seguridad

POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Por políticas públicas en materia de seguridad, se puede entender las actividades planificadas, dirigidas y coordinadas por el estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad, a los efectos están enmarcadas en las Líneas Generales del Plan de desarrollo económico y social de la nación que representa la formulación para definir las líneas maestras de control de la criminalidad por parte del estado, así como los planes específicos que se han adoptado en los últimos años para enfrentar la delincuencia especialmente en el ámbito urbano.

Hoy en día el estado venezolano implementa políticas públicas a través de la Misión A toda vida que es una política integral que atenderá directamente al pueblo, y permitirá establecer un nuevo modelo de seguridad en el país, garantizando la seguridad de todas y de todos los ciudadanos.

POLITICAS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

La realidad penitenciaria en Venezuela hace propicio desarrollar los lineamientos de un nuevo cuerpo normativo con el objeto de involucrar a la Sociedad conjuntamente con el Estado, en la ejecución de sus políticas de asistencia post penitenciarias, al tiempo de canalizar la premisa de reinserción social del recluso como objetivo fundamental de la pena.

Al respecto, aunque modernamente no pareciere existir una justificación a la pena, desde el punto de vista criminológico, lo cierto es que sea cual sea la teoría que pretenda imponerse, su ejecución siempre ha buscado, entre otros aspectos, evitar la reincidencia, es decir, evitar que el condenado vuelva a delinquir en el futuro, tras su puesta en libertad. La razón de ser del Sistema Penitenciario debería responder, en principio, a la aplicación o ejecución de un programa enmarcado en una política criminal seria, objetiva y moderna, que facilite al Estado la aplicación de medidas de tipo preventivo y penal destinadas a llevar la criminalidad a límites tolerables.

Esto permitiría evitar que los comportamientos considerados como antisociales, perturben el nivel y calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, garantizando así el mayor bienestar posible, lo que implica, la determinación de medidas extrajudiciales de corte preventivo, normativas y medidas penales que en definitiva respondan a una política social general.

Lo deseable sería, que la utilización de medidas penales por no ser las más adecuadas para reducir la delincuencia, se constituyeran en la última alternativa, y decididamente se abordaran las causas del delito en su origen; como lo es la problemática de la pobreza, el desempleo, el acceso a la educación, la vivienda, la salud, la recreación, la cultura, el deporte e inclusive el acceso a una Administración de Justicia oportuna; variables que influyen significativamente en la conformación del sistema de valores de las personas.

La prevención, entendida en un sentido amplio, persigue evitar la ocurrencia del delito con cara al futuro, por intermedio de todos los programas de atención a la comunidad en las materias de salud, empleo, educación, recreación, cultura, deportes, vivienda y otras medidas de carácter profiláctico. Es por todos conocido, las grandes limitaciones que actualmente existen en materia preventiva, comparable con lo que se observa en la mayoría de los países calificados como del tercer mundo.

Las medidas penales responden a la acción represiva del Estado frente al comportamiento tipificado como antisocial en la legislación penal. Se instrumentan a través de los órganos policiales y de investigación criminalistica en principio, con la participación de la Fiscalía del Ministerio Público, los Jueces de Control, Juicio y Ejecución, para culminar con la intervención del Sistema Penitenciario,

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