POLITICAS PUBLICAS SEGURIDAD CIUDADANA FRENTE NARCOMENUDEO

MASTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS APLICADOS

EDICIÓN X

2007/2008

TRABAJO FINAL

“Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en el Combate al Narcomenudeo

en Chihuahua, México”

Alumna: Georgina Alejandra Bujanda Ríos

País: México

Tutora: Dra. Rosa de la Fuente

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

– FIIAPP –

MADRID, junio de 2008

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Página

i. Agradecimientos 02

ii. Resumen Ejecutivo 03

iii. Introducción 04

Capítulo 1: DIAGNÓSTICO 07

1.1. Antecedentes y Conceptualización de la Problemática 07

¿Qué es o qué se entiende por Seguridad Pública? 07

¿Qué es la Seguridad Ciudadana, Gobernanza y Gobernabilidad? 08

Relación entre Seguridad Pública y Participación Ciudadana 09

1.2. Organización de la Seguridad Pública en el Sistema Jurídico y Político Mexicano 09

1.3. El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua 12

1.4. Delegación de Responsabilidades: Principio de Subsidiariedad 14

Capítulo 2: PROBLEMÁTICA 16

2.1. Concepto de Narco-menudeo 16

2.2. Análisis Cuantitativo de la Problemática 17

2.3. Crecimiento de Consumo de Narcóticos y Sustancias Prohibidas en México 18

2.4. ¿Por qué el Narcomenudeo es un problema diferente al Narcotráfico? 19

Capítulo 3: ACTORES INVOLUCRADOS 21

3.1. Actores Federales 22

3.2. Actores Estatales 25

3.3. Actores Municipales 27

3.4. Árbol de Problemas 29

Capítulo 4: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 30

4.1. Descripción de las Propuestas 31

Capítulo 5: METODOLOGÍA UTILIZADA 52

Conclusiones 55

Bibliografía

Anexos

AGRADECIMIENTOS

A aquellos cuyo ejemplo, amistad, complicidad, cariño y apoyo desmedido han hecho realidad el cumplimiento del sueño de estudiar una maestría en España. Pero sobre todo porque su ejemplo ha ido moldeando como barro la persona que soy y sobre todo la política que deseo llegar a ser:

Partido Acción Nacional, por ser el cause de mi pasión, mi visión ideológica y motivación constante por un México más libre y justo para todos.

A Usted, mi mentor, Lic. Jorge Mazpulez Pérez.

Oscar y Hortensia, mis padres.

Michelle y Claudia, mis hermanas.

Lázaro Gaytan, mi buen amigo y jefe.

“GAMP” compañeras en esta brega de eternidad por México.

No sin antes dejar de mencionar a la Fundación Internacional y para Ibero América de Administración y Políticas Públicas, por brindarme esta maravillosa oportunidad y acogerme como una de los suyos. Con un especial cariño y agradecimiento a la excelente labor y calidad humana de la Dirección académica del MEPA y sus tutores metodológicos por su labor paciente, por creer en mi y por darme las herramientas necesarias.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de carácter aplicado trata el problema de gobernabilidad que ha representado para el Estado Mexicano la creciente ola de inseguridad y el crecimiento en la incidencia de delitos contra la salud como lo es el narcomenudeo, concretamente en este estudio en el Estado de Chihuahua, México.

Este estudio analiza la concepción actual de la seguridad pública imperante en el país, sus actores y el marco jurídico vigente, así como los intentos de solución actualmente desplegados en el complejo entramado del sistema descentralizado de la seguridad pública en el país.

El diagnóstico y perspectivas de solución de este trabajo, se centran en el concepto de seguridad ciudadana, que concibe a la seguridad como un bien público jurídicamente protegido y condición sine cuan non de un Estado democrático. Bajo esta significación se comprende una sociedad no tiene posibilidades de conseguir el bienestar social y la calidad de vida necesario para la promoción, salvaguarda, y garantía de los Derechos Humanos, de todos sus integrantes.

Las propuestas de solución pretende constituirse en parte de la construcción de las soluciones desde la esfera de lo público, de la política pública; por ello las tres propuestas analizadas parten del principio de la modernización y coordinación institucional, de la construcción de políticas públicas incluyentes y participativas y sobre todo intenta fortalecer un punto en el que sistema político mexicano flaquea: adentrarse en las causas que es la tarea de la prevención del delito.

INTRODUCCIÓN

El Estado de Chihuahua es el más grande de la República Mexicana, ocupando el 12% de la superficie total de la República Mexicana y tiene una población superior a los tres millones de habitantes, el 3.1% del total del país. . Es una entidad Federativa con un relativo nivel de vida y próspera económicamente ocupando el cuarto lugar en producción del PIB Nacional y es tradicional en sus costumbres. Sin embargo, la aparente calma por la que el Estado había estado transitando históricamente, se ha visto mermada por el incremento en la incidencia delictiva producto de la descomposición social, el acelerado crecimiento económico de las últimas dos décadas y el fenómeno del narcotráfico y el narcomenudeo, tan crucial en un estado que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos de América y una ciudad fronteriza tan importante para el país como lo es Ciudad Juárez.

Específicamente este año 2008, se ha visto marcado por alarmantes sucesos como las más de 400 “narco–ejecuciones” y violencia en las calles por los capos que se disputan “la plaza” tanto como ruta para transporte de estupefacientes a los Estados Unidos como por el control del mercado interno de drogas o narcomenudeo.

Los terribles hechos delictivos (que se producen a cualquier hora del día, en cualquier calle o barrio de la ciudad y que no sólo incluyen a los grandes capos de drogas) y su combate, aunado a una extrema difusión en los medios y su vivencia cotidiana, han hecho que el tema de la seguridad pública, hoy por hoy, cuente con uno de los primeros lugares en la agenda de los gobiernos federal, estatales y municipales, como lo ha constituido desde el 28 de marzo del año en curso, que se dio la puesta en marcha de los operativos conjuntos con el Ejército Mexicano por el Gobierno Federal. Estos operativos conjuntos consisten en la coordinación de todas las corporaciones policíacas a fin de controlar de nuevo para el Estado el espacio público y combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, a través de detenciones, labores de inteligencia policial, presencia de vigilancia y revisión por las fuerzas del orden, lo que supone, en cierto modo, un “estado de sitio legalizado”.

Estos operativos conjuntos, acompañados de las recientes reformas penales federales y estatales, cuentan con un alto grado de aceptación social para el pueblo Mexicano, quién de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta nacional en viviendas de febrero de 2008, titulada “percepción ciudadana sobre la seguridad en México” de la empresa Consulta Mitofsky , cuentan con un 55.1% de aprobación; así mismo, sobre la presencia del ejército mexicano en los operativos, un 83% de los encuestados considera que es correcto, lo cual es congruente con la alta confianza que los ciudadanos muestran hacia el Ejército (única Institución estatal con una calificación promedio de 7.8 sobre escala de 0 a 10 ).

Si bien las reformas penales federales y estatales y los operativos conjuntos constituyen un enorme esfuerzo hacia la profesionalización de las instituciones de seguridad pública y un paso hacia la paz y la sana convivencia, combatiendo los efectos de la delincuencia, el concepto de seguridad pública en la entidad sigue viéndose reducido a un problema del derecho penal, derecho administrativo y criminología. Prevalece en el tema una visión simplista de lucha del bien contra el mal, de buenos contra malos, de policías y ladrones. Es así, que respondiendo a estos objetivos, la política de seguridad pública en el Estado sigue siendo básicamente criminal: reformas legislativas para incrementar penas, aumento de número de policías, más operativos policíacos, etc.

Sin embargo, en este tenor de ideas, se comienza a hablar del problema de inseguridad pública producto del creciente narcomenudeo como un problema público transversal que tiene multiplicidad de causas y efectos, que no sólo atañen a los cuerpos de seguridad y a la tradición concepción de respuesta estatal. Afortunadamente para Chihuahua y para México, empieza a permear una concepción de recuperación desde la política de los asuntos que le son propios por ser de interés público y necesario para la consecución del bien común.

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