Politicas Sanitarias

Las políticas sanitarias y los DDHH a la salud

El factor político y la salud es una relación compleja y estructural que trasciende la mera aceptación de los derechos civiles y políticos, propende por el afianzamiento de los derechos sociales y se basa en que «las diferentes estructuras políticas de los Estados afectan, virtualmente, a todos los aspectos de la sociedad, incluida la salud»

Al aprovechar el marco de los derechos humanos, la salud pública encuentra un nuevo hito para su transformación, se basa en las políticas públicas para enfrentar los determinantes de la salud y defender la justicia social, para lo cual hace uso del arsenal de la intersectorialidad. La salud se gana y se pierde por políticas extra sanitarias, es decir, políticas y efectos que van más allá de la esfera sanitaria. De ahí la necesidad de adoptar una actitud más participativa que prescriptiva y valorar el efecto que sobre la salud ejercen las decisiones de las instituciones derivadas del poder político.

Se relacionan varios ejemplos de ello en la literatura médica. Hunt explicita algunos: así, en la «Estrategia para la reducción de la pobreza en Nigeria» se incluyen políticas de derechos humanos y de salud, dirigidas a proteger a la población pobre y a las minorías étnicas; en otro ejemplo, el de las «Enfermedades olvidadas en Uganda», concluye sobre la inclusión de aspectos relacionados con los derechos humanos y las necesidades de las personas en las políticas públicas enfocadas contra la estigmatización de los pacientes y de ciertas enfermedades. El Movimiento por la Salud de los Pueblos propende por el derecho integral para lograr la salud, el desarrollo y la equidad, reconoce que «el ambiente político, económico y social determina las políticas locales, nacionales e internacionales, junto con la equidad y el desarrollo sostenible».

Como corolario, cabe mencionar que el abordaje de los problemas de salud en el contexto de los derechos humanos rebasa las soluciones médicas y de acceso a servicios, se sustenta en políticas indirectas de salud (de alimentos, medioambiente y salud), y hace posible la extensión del derecho a los factores determinantes básicos de la salud, como nutrición, vivienda, agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y un medio ambiente sano. Asimismo, en relación con la salud infantil, Colomer et proponen «considerar los aspectos conceptuales de los determinantes de la salud, la visión del desarrollo y del ciclo de vida y los derechos» en la formulación, implementación y evaluación de políticas y servicios de salud.

La salud debe constituirse en un tema de primer orden en la agenda política, como una cuestión social con amplias potencialidades redistributivas de la riqueza en el mundo.

Los derechos ciudadanos se convierten en una vía importante para la transformación social, en una poderosa herramienta para el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población. Pero se requieren nuevas estrategias y métodos, en su globalidad, para enfrentar mayores desafíos, como la defensa de los derechos de los ciudadanos y la salud en instancias donde el Estado no responde ni existe una autoridad garante.

La salud pública, como bien público global, y las políticas públicas tienen sentido si se apoyan en los derechos humanos mediante mecanismos de construcción ciudadana y participación política, de ahí que sea necesario promoverlos, más allá de las acciones encaminadas a resolver su vulneración en los sistemas de salud. Hoy empieza a reconocerse en el argot político-académico que los problemas relacionados con las políticas públicas y los derechos humanos conllevan enfermedades, epidemias y muerte.

Las políticas educativas y los DDHH a la educación

El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un mundo sin temor y donde las personas puedan gozar plenamente de su libertad. El derecho a la educación es el epítome de todos los derechos humanos porque él es la clave que posibilita el ejercicio de los demás derechos, tanto de los civiles y políticos (los derechos de la libertad) como de los sociales, económicos y culturales (los derechos de la igualdad). Por la situación de pobreza y de polarización social que se vive en América Latina, la aspiración a una educación gratuita y obligatoria, enfocada a promover la paz y el entendimiento entre las personas y naciones, y donde los padres pueden ejercer el derecho de elegir qué educación darle a sus hijos, este derecho está más vigente que nunca. El derecho a la educación se basa en tres principios fundamentales: el de la igual dignidad de todos los seres humanos, el de la no discriminación, y el de la participación democrática. Se explicita a qué tienen derecho los estudiantes en el sistema escolar y se concluye con el rol que le compete al Estado y a la comunidad nacional e internacional en hacer exigible este derecho humano fundamental.

La necesidad de educar en y para los derechos humanos figura en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26 reconoce tres dimensiones del derecho a la Educación:

• La gratuidad y obligatoriedad.

• El contenido o el tipo de educación a la que se tiene derecho.

• El derecho preferente de los padres de escoger el tipo de educación para sus hijos.

Con respecto a la primera dimensión, la obligatoriedad y la gratuidad son dos condiciones esenciales para garantizar la exigibilidad de este derecho. El Estado es quien debe asegurar que todos puedan recibir una educación elemental que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje; que son las competencias que las personas requieren para desplegar su vida, tanto en la perspectiva de su desarrollo personal

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