Primer congreso pedagógico 1882

Primer congreso pedagógico 1882:

Este primer congreso pedagógico se desarrolló en Buenos Aires en 1882, en el marco de la “Exposición continental de la industria”. Asistieron mas de 250 delegados y participaron figuras importantes del ámbito político e intelectual de la época. Este congreso fue convocado por el ministro de educación Manuel Pizarro y por Domingo F. Sarmiento quienes discutían sobre su composición y matas.

Ya inauguradas sus sesiones, el congreso debatió sobre las ideas y principios que debían regir en la educación pública. Los delegados eran convocados para discutir sobre el estado de la educación, los medios para impulsar el progreso, el flujo de los poderes públicos en su desarrollo y el estudio de la legislación educativa.

Existieron tres áreas de duro debate; la intención de secularizar la educación, el papel adjudicado a la sociedad civil, el Estado Nacional y las provincias en la dirección del sistema educativo, y las orientaciones pedagógicas.

Se votó por aclamación una propuesta para eliminar de la agenda el tema más decisivo: la enseñanza de la religión en la escuela. Mas tarde la cuestión volvió a emerger y un grupo de congresales católicos se retiraron del Congreso. Los debates acerca de la secularización de la educación eran ineludibles, esto llevo a cabo un fuerte enfrentamiento entre liberales y católicos.

La secularización constituyó uno de los temas centrales en los debates de la generación del ochenta y de resonancia en el Congreso Pedagógico, fundamentalmente en la discusión de la ley de educación 1420. Esto representó uno de los debates centrales de la Argentina moderna, pero existieron otros temas en discusión: uno de ellos fue el referido a las modalidades de financiamiento de la educación. Se presentaron una serie de posiciones que iban desde el rechazo al uso de fondos públicos para solventar la educación hasta la propuesta de establecer el financiamiento municipal y un compromiso fuerte de las organizaciones de la sociedad civil.Otro tema fueron los órganos de regulación y poder del sistema educativo, que delineó dos posturas. Por un lado, estuvieron las propuestas centralistas que promovían el carácter nacional de la política educativa y, por otro, los defensores de las autonomías provinciales, para quienes la intervención de la nación en temas educativos era inconstitucional.

Las conclusiones del Congreso Pedagógico señalaron la importancia de la enseñanza gratuita en las escuelas comunes, la necesidad de establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre seis y catorce años, defendieron la enseñanza conjunta de varones y mujeres, y la administración propia de los recursos económicos de cada escuela.

Ley1420:

La ley 1420 resolvió estas discusiones en un punto medio. La intervención del gobierno central se realizaría mediante subvenciones a las políticas educativas de los gobiernos provinciales, adjudicadas con el visto bueno de las autoridades nacionales, pero manteniendo la autonomía de los gobiernos provinciales respecto a las leyes y la organización de la educación. Se preveía, también, la participación de la sociedad civil en distritos escolares en las zonas administradas por el gobierno nacional. Sin embargo, rápidamente el Estado Nacional asumió cada vez mayor poder en el sistema educativo en su conjunto y terminó imprimiéndose una política centralista. Con la ley Láinez, aprobada en 1905, el Estado Nacional se atribuyó potestades para crear y dirigir escuelas en las provincias.

La ley de Educación Común 1420 aprobada en 1884, después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa.

Se presentaron distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado sobre la educación. Estas diferencias se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, gratuita y obligatoria.

Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones opuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Los liberales impulsaron un programa secularizador, por el cual la Iglesia católica perdió parte de sus potestades en cuanto al registro civil, la educación y el matrimonio. La religión en la escuela fue el punto de debate. La ley ya aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar.

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