Reseña Descriptiva La Frontera Caliente Cap. 4

RESEÑA DESCRIPTIVA

“El TLC y los Pueblos Indígenas”

Cap. 4 “El TLC Colombia – EEUU y los derechos de pueblos indígenas”

Pág. 96- 140

Olga Lucia Pérez y Edwin Novoa

Año de publicación: 2007

Editorial: Ántropos, Bogotá

INTRODUCCION

La finalidad de este trabajo es desengrosar las ideas principales del capítulo 4 “El TLC Colombia – EEUU y los derechos de los pueblos indígenas” del libro “El TLC y los pueblos indígenas” escrito por Olga Lucia Pérez y Edwin Novoa.

La globalización económica neoliberal, y la modificación incesante que genera en las territorialidades, transforman espacios sociales y políticos que afectan directamente los conceptos y las realidades de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

A nuestra indagación sobre el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos la guía una pregunta: ¿cómo el TLC afecta los derechos de los pueblos indígenas?

Una primera conclusión es que el TLC no es beneficioso para el país en general, y para los pueblos indígenas en particular.

El debate internacional sobre los efectos del libre mercado globalizado, y los acuerdos comerciales que los visualizan en los países en desarrollo, es reiterativo en afirmar que “un mundo basado en acuerdos bilaterales no favorece el interés de los países en desarrollo (…) y la mejor forma de contribuir a que (éstos) tengan más peso es reforzar el sistema comercial multilateral” (Lamy 2007).

No priman la equidad o la democracia, sino los intereses de grupos particulares como las farmacéuticas o las petroleras, o al menos esos son los intereses que representa la oficina comercial de los Estados Unidos … los países que firman TLC creen que les van a traer inversión y no hay evidencia de que eso pase (…) es sólo un sueño. Los TLC no son buenos, no son justos, por que traen más perjuicio que beneficio.

Ahora bien, aunque en teoría la globalización genera riqueza, da acceso a mercados internacionales, a la tecnología y posibilita el aumento en la productividad, depende de cómo se gestione este proceso en los países y del papel que asuma el Estado como garante de los derechos fundamentales y promotor del desarrollo económico sostenido e incluyente (López y Galán, 2007, p.16).

De otra parte, los estudios que se han realizado en Colombia en relación con los efectos en la microeconomía no se prevén impactos favorables del TLC: las importaciones crecerán casi el doble de las exportaciones(11,92% contra 6,44%); la producción colombiana se reducirá en sectores como los cereales, minas y energía, cueros y maderas, alimentos, carne bovina y otras, manufacturas, servicios y finca raíz; el comercio exterior perderá ( las ventas crecerá en 14% mientras las compras aumentarán en (35,6%) y convertirá en desfavorable la balanza comercial.

Por último, se ha señalado como una ganancia neta del TLC los beneficios que traerá a los consumidores. Sin embargo, por la manera que fue negociado el tratado, y por la estructura de competencia de los distintos mercados de bienes y servicios, el resultado será pérdida de la soberanía alimentaria y de la capacidad adquisitiva de los colombianos.

A lo largo de casi dos años se realizaron catorce rondas de negociaciones con énfasis en determinados temas, algunos con mayor prioridad que otros y que, por lo tanto, estuvieron más presentes en las diferentes rondas (ver anexo). Dos puntos clave se dieron durante las rondas: las concesiones unilaterales por parte de Colombia, y la estrategia de ésta por mantener las condiciones de la ley de Preferencias Arancelarias andinas y erradicación de drogas (Atpodea).

La participación de movimientos indígenas en estos espacios fue disminuyendo progresivamente pues se consideró que la incidencia de las propuestas y conclusiones era reducida, además no implica el cumplimiento de sus derechos de participación y su desaprobación al proceso de la negociación.

Pero los pueblos indígenas fortalecieron procedimientos alternos y diversificados. Antes de realizarse la primera ronda de negociaciones, múltiples y heterogéneos sectores sociales cualificaron un movimiento de crítica frente al TLC que se manifestó en su momento por medio de diferentes tipos de protesta civil y acciones judiciales.

Así mismo, las consultas indígenas, respaldadas por campañas de divulgación y concientización, se establecieron como medios para reflejar la opinión mayoritaria.

No obstante, la fuerte acogida popular de las consultas no consiguió los mejores resultados.

En el proceso de negociación del TLC el estado no cumplió con la obligación de reconocer y viabilizar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, y en este sentido se interpusieron diversas acciones populares.

Las principales razones de la vulneración versan sobre el decreto 2314 de 2004, por el cual se regulan alguno aspectos procedimentales de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Esta omisión legal y fáctica se asume como una violación al derecho a la consulta indígena, pues es de conocimiento público que dentro de los puntos a negociar con Estados Unidos en el marco del TLC, se encuentran la propiedad intelectual sobre materias primas que se extraigan de productos naturales, la liberación de la producción agrícola y el libre intercambio de productos agropecuarios, entre otros, todos ellos relacionados necesariamente constitutivos de estos pueblos.

Al estudiar el caso especifico de la negociación del sector agropecuario (López y Galán, 2007), queda claro que en ella se reflejo el mínimo poder de negociación con que contaron los negociadores colombianos, y la misma fue vista como la expresión de una potencia agrícola que impone sus intereses.

Finalmente, las comunidades indígenas exigieron “excluir de las negociaciones los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política, leyes convenios, tratados internacionales y otros que se refieren al respeto a la diversidad cultural, territorio, gobierno, autoridades ancestrales, autonomía, biodiversidad, dignidad de los grupos étnicos, pueblos indígenas y afrocolombianos”.

Aspectos legales y constitucionales

No

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