Resistencia Y Justicia Social

Resistencia y justicia social

La Historia Universal registra la firme resistencia interpuesta por los pueblos del mundo en demanda de justicia social y frente a actitudes autoritarias, surgidas generalmente de la prepotencia y fiebre de poder de los  gobernantes, que vulneran y quebrantan sus más elementales derechos como son los de la vida, la libertad de expresión y la subsistencia y trabajo dignos.

En estos días la denominada “Marcha por el agua, la dignidad y la vida”; organizada por sectores plurinacionales para rechazar la minería a gran escala, exigir la promulgación de leyes sobre el manejo del agua y la redistribución de tierras, para exigir la reinserción de servidores públicos obligados a renunciar, para impugnar las limitaciones a la educación superior, así como demandar la libertad de expresión y rebatir la definición de criminal o delictiva que han dado a la protesta social algunos funcionarios y políticos del régimen, vuelve a poner en la palestra el incumplimiento de varios Artículos de la Constitución que nos rige, así como la ambigüedad en los textos de muchos  de ellos.

En lo referente a la minería a gran escala, se argumenta que incumple artículos de la Constitución como el 30 que garantiza el derecho “a un hábitat seguro y saludable”; el 71 que otorga a la naturaleza “el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”; y el  73 que expresa “el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales”.

La ambigüedad, en cambio, estaría en la imprecisión de los Artículos 98 y 111 cuya redacción reza textualmente:

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Art. 111.- Se reconoce el derecho de los partidos y Movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de gobierno.

En verdad los textos son confusos y dan lugar a expectativas de naturaleza muy general, o muy parcial como el 111 donde el derecho de oposición se restringe a los Partidos y Movimientos Políticos registrados en el Consejo Electoral, aunque aparentemente se enfoque “a todos los niveles de gobierno”, donde se incluiría al pueblo, mismo que en realidad se excluye si no se agrupa en un movimiento o partido.  

Todo intento de violación a la justicia social y libertad ciudadana impulsa a los pueblos a luchar por una nueva declaración de sus Derechos, por una estructura que se fundamente en la justicia económica,  por la pragmatización de la utopía de la igualdad o de la justicia social; y por aquella libertad que, en lugar de ser innata al espíritu del ser humano, suele ser condicionada por el ejercicio del poder.

Siempre he sostenido que la justicia social no va más allá de las palabras; y que las discusiones sobre cual es el limite de la justicia, sobre si la propiedad debe estar en manos privadas o del Estado o si ésta debe ser redistribuida, terminan generalmente en nada. Al parecer todos tienen razón, pero no ha habido alguien que la evidencie y la ponga en práctica, pues casi no hay persona alguna que se encuentre satisfecha con el reparto de la riqueza.

Esta reflexión es confirmada por la historia pues de otra forma no hubiesen existido levantamientos, guerras o revoluciones que concluyen con las más insospechadas formas de reparto. El ser

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