Justicia Social

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CIUDADANO EN VENEZUELA FRENTE AL SISTEMA DE JUSTICIA A PARTIR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Abstract

En Venezuela, a lo largo de 1999, se produjo un proceso de profundas transformaciones en el ámbito institucional y político, que dio lugar a la aprobación de una nueva Constitución, la cual introdujo cambios sustanciales en la organización del sistema de justicia y en el rol de la sociedad civil y del ciudadano frente a la justicia. La aspiración del constituyente venezolano de 1999 era la de constituir una democracia participativa y un estado democrático donde la justicia fuera uno de sus valores fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y el Poder Judicial, un órgano independiente y fuerte y con ese fin, la nueva Constitución “ciudadanizó” a los venezolanos frente a la administración de justicia, otorgándoles un papel más activo y estableciendo obligaciones para el Poder Judicial frente al ciudadano. En este trabajo se pretende determinar si el propósito del constituyente se materializó durante los años siguientes a la nueva Constitución. Para ello, se hace un análisis de la situación de la sociedad civil y del ciudadano frente a la justicia en Venezuela como sujetos activos y pasivos del sistema de justicia, es decir, se hace referencia, por una parte, a la participación ciudadana en esos años y por la otra, al acceso a la justicia. El análisis de la sociedad civil venezolana y del sistema de justicia se refiere fundamentalmente a la situación existente para el año 2003, ya que a partir del año 2004 entró en vigencia una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se han tomado una serie de medidas en el ámbito social, económico y político, cuyo impacto no ha sido aún objeto de estudio. Las fuentes de este trabajo, en efecto, corresponden fundamentalmente a estudios o cifras oficiales de finales de 2003.

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CIUDADANO EN VENEZUELA FRENTE AL SISTEMA DE JUSTICIA A PARTIR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Por LAURA LOUZA

INTRODUCCIÓN

A finales de 1999, como resultado de un complejo proceso político y de una Constituyente, entró en vigencia en Venezuela una nueva Constitución. Algunos de sus ideólogos han insistido en señalar que ese texto se encuentra inspirado de un espíritu “humanista”, y a pesar de que a muchos críticos esto les ha parecido un galimatías, no deja, sin embargo, de ser una explicación de los nuevos postulados constitucionales digna de ser tomada en consideración.

Efectivamente, y aun en medio de serias paradojas, la Constitución de 1999, da a la persona un rol de gran importancia, ciudadanizando a los venezolanos, que hasta ese momento – y en los textos constitucionales anteriores – eran sólo tenidos por recipiendarios de la actividad estatal. Y esta ciudadanización del venezolano se expresa de dos maneras, por una parte se refuerzan algunos de los derechos y garantías individuales (muchos de los cuales ya existían), y por otra parte se abren múltiples formulas de participación ciudadana activa en la conducción de los asuntos públicos, más allá del simple ejercicio del derecho al sufragio, por lo que no cabe duda entonces que la publicitada humanización de los postulados constitucionales es una realidad.

Este replanteamiento del rol del ciudadano y del ciudadano organizado como sociedad civil, lo encontramos máximamente expresado en la Constitución en toda la regulación atinente a la administración de Justicia. Efectivamente, por una parte, la Constitución se ha preocupado por integrar a los ciudadanos a lo que se ha denominado el sistema de justicia, por otra parte, ha reforzado las garantías ligadas al proceso y al acceso a la justicia y, por último, ha incluido diversas formas de participación ciudadana en los quehaceres judiciales, más allá de la tradicional postra de usuario o justiciable.

Ahora bien, uno de los grandes retos de la sociedad venezolana y del Estado a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, una vez que se ha producido este despertar, era lograr llevar a la realidad esta participación ciudadana, así como acercar la justicia al ciudadano. Se trata, como hemos dicho, de un verdadero reto, pues hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, aunque aparecieron algunas leyes que empezaron a introducir formas de participación ciudadana, en términos generales, la legislación venezolana no regulaba mayormente lo atinente a la Participación Ciudadana, ni le prestaba especial atención a la sociedad civil , y esto sucedía paradójicamente por la poca relevancia que tenía esta área a los ojos de los legisladores que se ocuparon de establecer las normativas correspondientes.

Sin embargo, esto fue cambiando paulatinamente. En efecto, aunque el concepto de sociedad civil originalmente era más bien importado y ha sido tradicionalmente carente de contenidos idiosincrásicos, es evidente que en Venezuela, como en otros países de América Latina, este concepto nació por oposición al de Estado, y en especial, en los últimos cincuenta años su evolución respondió a esta característica, al haberse desarrollado asociaciones sin fines de lucro, unas organizadas como ONG´s, otras como corporaciones de grupos de intereses, cuya finalidad era la defensa de los derechos ciudadanos frente al Estado .

Adicionalmente, cabe destacar que, a pesar de que en un principio en Venezuela el foco de interés de la sociedad civil organizada se encontraba dirigido más que todo hacia el espacio económico y social (especialmente en el ámbito de los derechos de los trabajadores), en los últimos diez años se ha referido más a los derechos humanos y garantías que debe prestar el Estado.

Esto se debe a que en Venezuela a partir del inicio de la década de 1990, el sistema político se hizo inestable. Buena parte de la crisis se debió a la generalizada percepción de corrupción y derroche que los venezolanos tenían de sus gobernantes. Los venezolanos dejaron de creer en sus instituciones: el sector público fue relacionado con corrupción, manejo clientelar e ineficiencia. El Poder Judicial fue considerado como incapaz de impartir justicia y altamente orientado por el Ejecutivo o por el poder económico.

Esto explica como a partir de la década de los noventa, se incrementó el interés de la sociedad civil venezolana por el fortalecimiento del estado de derecho y el Poder Judicial . A ello se debe en buena medida que el nuevo texto constitucional prevea formas de participación ciudadana en el sistema de justicia y profundice el rol del ciudadano y de la sociedad civil como usuarios

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