Retardacion De Justicia

Retardación de justicia

La retardación de justicia, considerada como el mayor factor que afecta los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

La retardación de justicia, tiene causas que implican dimensiones insostenibles en el tiempo, cuyos principales elementos son:

- Indefinida duración de los procesos.

- Sobrecarga procesal.

- Ausencia de mecanismos pragmáticos, que posibiliten disminuir dicha carga procesal.

- Utilización inadecuada por desconocimiento de recursos por parte de los propios acusados o imputados.

- Asesoramiento y asistencia jurídica ineficiente.

Las reformas procesales pretendieron atacar frontalmente este problema incluyendo un título para el control de retardación de justicia, como establece en el Art. 133 del Procedimiento Penal, donde resalta, “que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años o mecanismos administrativos como la multa y la penalización al autor de la inactividad”, cuya probable aplicación en la práctica, habría significado una eficaz solución al problema de la mora judicial, sobre todo si consideramos que si dicha disposición a continuación determina las causas de suspensión de los plazos máximos de duración de los procesos.

Las Salas Penales a cargo de las Apelaciones y la máxima autoridad del poder judicial, tienen cientos de expedientes que como promedio tienen una mora judicial de 2 años para que los mismos sean resueltos.

2. Generadores de retardación de justicia

Los generadores más importantes son aquellos ocasionados por el propio sistema judicial y los vinculados a los propios acusados.

2.1 Generadores de retardación de justicia

Los generadores más importantes son aquellos ocasionados por el propio sistema judicial y los vinculados a los propios acusados.

- Sobrecarga de trabajo

- Permanente ingreso de procesos penales de toda índole.

- Insuficiente número de juzgados.

- Acefalias en los juzgados correspondientes

- Sobrecarga de trabajo en las actuales autoridades judiciales.

- Recursos Humanos insuficientes.

Priorización de resolución

No obstante de que la vigencia del principio de Igualdad en la administración de justicia y por ende la prelación en la emisión de resoluciones, en procesos penales en los que existen detenidos preventivamente, no opera ningún tipo de preferencia en su resolución, debiendo esperarse para su resolución el “orden cronológico” establecido en cada juzgado, para la emisión de la correspondiente resolución, el privado de libertad debe esperar el “turno” para que su proceso ingrese a despacho para su consideración.

-Limitaciones de eficiencia en asesoramiento jurídico

A pesar de que el Estado tiene la obligación de otorgar asesoramiento legal gratuito a los denunciados, acusados o procesados penalmente, a través del funcionamiento de oficinas de Defensores Públicos.

Los abogados del Estado brindan un limitado apoyo jurídico, por la asignación de demasiados procesos que impide atención personalizada.

En los casos de asistencia particular, los honorarios, pretensiones e intereses económicos, que juegan con la ignorancia, personalidad, y aspectos psicológicos, desesperación, angustia, la misma infraestructura de los recintos, su dinámica interna, son elementos que implican, dilación de los procesos, que no brindan asistencia adecuada.

Se debe tener presente que en ciertos casos las medidas sustitutivas a la detención preventiva establecen fianzas altas, o requisitos inalcanzables para el privado de libertad especialmente sin recursos, domicilio permanente o garantías documentadas.

-Suspensión de audiencias

Por la recargada carga procesal las audiencias se señalan con incluso

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