Revisión de Medida Cautelar

                                   Exp. N° 19.858-17

Ciudadano:

Juez séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas.

Su despacho.

Nosotros, SERGIO RAMÓN ARANGUREN CARRERO, ALICIA GAMBOA, CARLOS ENRIQUE ARANGUREN DUARTE, y ELISANDER FERNANDEZ infrascritos, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-6.082.652., V- 9416063, V- 18.603.267 ,10.000.223 y  Abogados en el libre ejercicio de la profesión, de este domicilio, afiliados al Inpreabogado con las matrículas 51.303, 49.462, 247.070, y 249.785 actuando en nuestro carácter de DEFENSORES PRIVADOS de los ciudadanos: ANGEL MIGUEL RODIL, MIGUEL ANGEL RODIL Y LUIS PERICAGUAN, Venezolanos mayores de edad titulares de la C.I.V-14.202.643, C.I.V-14.202.644 y C.I.V- 20.098.627, respectivamente pertenecientes a la SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.

 Acudimos ante su competente autoridad con el fin de exponer.

 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA

En virtud de las análisis de las pruebas y experticias realizadas por los forenses a los justiciables ANGEL MIGUEL RODIL, MIGUEL ANGEL RODIL Y LUIS PERICAGUAN  demostrado los análisis  la negatividad a su favor de las experticias realizadas, ocasionando con ellas el cambio de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siendo que con la detención preventiva se desvirtuó en su naturaleza la Garantía Constitucional de SER JUZGADO EN LIBERTAD, con la  violación  y el soslayo del deber Constitucional de presunción de inocencia, consagrados en los artículos 44.1. y 49.2. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ciudadana Juez, con base en el repertorio de medidas cautelares inserto en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, invocamos en beneficio de nuestros defendidos, siendo que tienen arraigo y responsabilidad familiar y con los grupos sociales así como también en la función de seguridad social, vecinal, parroquial, y comunal, de su comunidad, el otorgamiento de alguna de las medidas cautelares siguientes:

1°) Su detención domiciliaria, bien sea en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o la que el Tribunal ordene.

Nuestros defendidos tienen domicilio solvencia moral y ética que sirven de aval para que alguna persona de su entorno familiar o profesional se preste a garantizar:

2°) El sometimiento al cuidado o a la vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al Tribunal.

3°) La presentación periódica ante el Tribunal o ante la autoridad que aquél designe.

4°) La prohibición de salida del país, de la localidad donde reside o del ámbito territorial que fije el Tribunal.

5°) La prohibición de concurrir a terminadas reuniones o lugar.

6°) La prohibición de comunicarse con determinadas personas, salvo lo concerniente al derecho a la defensa.

7°) La prestación de caución económica adecuada, mediante el depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales.

8°) La sumisión al cumplimiento de cualquier medida preventiva o cautelar que el Tribunal mediante auto razonado, estime procedente.

CAPÍTULO 1

Ciudadana juez, con base a la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 26 y 49 numeral 2,3,5,7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que otorgan a nuestros defendidos el derecho y la Garantía Constitucional de SER JUZGADO EN LIBERTAD de acceder a una administración de justicia expedita a los fines de  hacer valer sus derechos e intereses, así como les garantiza el derecho a acceder a las pruebas,  el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, garantiza además el derecho de que sean anuladas las pruebas obtenidas de manera irregular, que violen el proceso y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.  

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