Seguridad Social

El artículo presenta algunos desafíos de la nueva gestión de lo social, que incorpora el enfoque de los derechos humanos. Distingue entre diferentes propuestas de reforma de la política social que están siendo formuladas actualmente y profundiza acerca de la especificidad de aquella que se encuentra basada en el enfoque de derechos. Asimismo, especifica las implicaciones que para la gerencia social tiene la implantación de un nuevo enfoque de racionalización social centrado en el sujeto. Una de estas nuevas exigencias es la necesidad de ofrecer información apegada al enfoque de los derechos, como un medio para interrogar nuestras prácticas sociales e institucionales y desarrollar estrategias de sensibilización y movilización social.

Introducción

La noción derecho social es un elemento consustancial a la categoría política social. Precisamente la diferencia entre el bienestar promovido desde el Estado y el bienestar entendido como una elección pertinente de los consumidores en un contexto económico y social fundado en el mercado, estriba en el reconocimiento de que hay ciertos bienes y servicios colectivos que requieren ser organizados por el Estado en virtud de que satisfacen necesidades que no pueden dejarse al libre albedrío del mercado. Es la solidaridad vista como un derecho y no como una caridad, tal y como se visualizaba en el capitalismo liberal.

Este reconocimiento es sin duda alguna una realidad compleja que no se define por la visión unilateral del éxito de las luchas sociales ni por el éxito de la visión, también unilateral, de la pretensión de una estrategia de integración y control social construida desde el Estado. Por el contrario, es el producto de una dinámica social en la que intervinieron múltiples factores, y que se ha traducido en un esfuerzo por construir una gestión de la sociedad, el cual tuvo resultados positivos y efectos negativos.

El enfoque de los derechos humanos, sin embargo, es una perspectiva reciente en las políticas sociales, que sistematiza los alcances positivos de los esfuerzos redistributivistas y exigencias que van más allá de la simple satisfacción de bienes y servicios y tocan desigualdades sociales particulares que se vinculan con fenómenos asociados a la construcción de la identidad. Para este enfoque es necesario revisar los viejos instrumentos que garantizaban los medios públicos de solidaridad y construir nuevos instrumentos que incidan en esta realidad particular que al mismo tiempo que es más íntima es también más social. Me refiero a una nueva gestión de lo social que traduce una nueva ética en nuevos instrumentos de gestión social.

El presente documento tiene como propósito mostrar los desafíos de esta nueva gestión de lo social en torno al concepto de gerencia social. Un concepto reciente que procura asociar aspectos más operativos de los programas sociales, relacionados con su eficiencia y eficacia, con aspectos más globales vinculados con la sistematicidad, permanencia y capacidad estratégica de las políticas públicas. En un entorno como el latinoamericano, donde estos atributos son escasos, este concepto contribuye a postular los requerimientos para una política pública. La discusión de la reforma de la política social ha estado imbuida de estas preocupaciones, así como también ha estado condicionada por perspectivas más bien contrarias a la ingerencia social del Estado. El presente artículo llama la atención sobre esta preocupación y se esfuerza por visualizar una perspectiva nueva de reforma basada en los derechos que vaya más allá de esgrimir una nueva ética basada en los derechos humanos.

1. Política social y derechos humanos

La política social surgió en el marco del Modelo Intervencionista del Estado o también llamado Estado Keynesiano. Ésta se visualizó como una actividad complementaria y compensatoria del mercado, dirigida a contribuir con el proceso de integración social. Este enfoque produjo una perspectiva asistencial orientada a generar una integración desde el Estado y centrada principalmente en propiciar el acceso a ciertos bienes y servicios de consumo colectivo entendido como derechos sociales y colectivos de observancia universal. Se organizó una infraestructura social y se desarrolló un estilo de planificación social volcado hacia la administración del riesgo externo, el control de "los problemas" sociales que generan desequilibrio y la prevención primaria como una acción surgida desde el Estado. Este modelo de política social basado en el control social diseñó una serie de instrumentos y conceptos de lo social que han sido muy valiosos para incidir en las condiciones de vida de la población y han moldeado patrones de conducta a partir concepciones científicamente fundadas.

El surgimiento de movimientos sociales, la urgencia de la atención selectiva de los problemas sociales y la evolución de las concepciones políticas y culturales de "lo social" condujeron a incorporar el tema de los derechos humanos en las políticas sociales. Se inició un proceso de declaraciones políticas con contenidos éticos y morales basados en los derechos fundamentales y sociales aplicados a estos grupos de manera específica, que condujo a la positivación de los nuevos derechos mediante normativas internacionales y procesos de adecuación legislativa en el nivel nacional. Este proceso llevó a la institucionalización internacional y nacional de las luchas de las mujeres y posteriormente de los movimientos sociales que venían reclamando los derechos de la niñez y de la adolescencia, de las personas adultas mayores y de otros grupos sociales con presencia importante en las sociedades específicas. La discusión jurídica y los esfuerzos por traducir las normas en acciones de política institucional y de control social es lo que se ha denominado como el enfoque de los derechos. En materia de política social este enfoque está obligando a diseñar programas y proyectos sociales, que redefinen muchas de las premisas e instrumentos de la planificación social tradicional. Podemos decir que esta tendencia está generando un nuevo enfoque de la política social, que requiere no sólo sistematizarse conceptualmente sino traducirse en nuevos instrumentos y perspectivas de gestión social.

La principal diferencia que hay entre este enfoque basado en los derechos humanos y el enfoque tradicional de la política social consiste en que hay un esfuerzo por construir una capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más consciente y global, en el sentido de que involucra no sólo el reconocimiento político-estatal sino también el social-cultural. Ésta es una capacidad que se procura internalizar en las personas, las organizaciones y las comunidades, de tal manera que se establezca una relación "consciente" entre las leyes o normas morales basadas en el reconocimiento recíproco y las prácticas sociales e institucionales. La política social tradicional se ha configurado en torno a la satisfacción de los derechos sociales o colectivos, como una actividad "externa" y provista por el Estado, el cual se ha visualizado como un actor situado por encima de la sociedad. Por el contrario, para el enfoque los derechos hay que propiciar la articulación indivisible entre los derechos sociales, las garantías jurídicas y los derechos individuales. Todos ellos entendidos como parte constitutiva de la identidad del sujeto, definido como un ser autorreflexivo y por ende activo.

Esto ha implicado un gran paso para la sociedad, ya que la conciencia de esta vinculación necesaria entre el reconocimiento recíproco y los derechos ha dejado de ser objeto de discusión filosófica entre juristas y científicos sociales y se ha visualizado como una capacidad social que hay que desarrollar. Es decir, un conjunto de conocimientos e instrumentos jurídicos y sociales que le permitan a las personas o colectivos ciertos "funcionamientos" o capacidades para establecer criterios más racionales de clasificación, jerarquización y procesamiento de los procesos de comunicación social que se generan en la vida. El propósito de esta capacidad es desarrollar una relación transparente, tolerante y respetuosa de las necesidades y de las individualidades de la contraparte.

Voy a resumir algunas de las características de este enfoque, para que se puedan comprender los alcances prácticos y técnicos que tiene. Comenzaré señalando que tiene una visión más global de la política social que los enfoques tradicionales, ya que desarrolla una doble preocupación: la atención de las necesidades y la atención de las identidades. La política social tradicional se había constreñido a atender exclusivamente las necesidades - como, por ejemplo, la supervivencia infantil o la dotación de agua y saneamiento básico - sin considerar los aspectos subjetivos y específicos de los diferentes sectores o grupos de beneficiarios1.

El reconocimiento de las ciudadanías específicas, conlleva a que se visualicen dimensiones que van más allá del simple acceso a "derechos colectivos" y que se refieren al desarrollo de la autonomía y de la libertad de las personas, particularmente de aquellas que no han alcanzado un reconocimiento pleno como sujetos. El carácter de la exclusión social adquiere matices muy diferentes, que superan los reducidos enfoques economicistas que limitan tal condición a un problema de nivel de ingresos. Temas como la democracia en la familia, en la escuela, la vivencia de la salud sexual y reproductiva adquieren relevancia para la política social y obligan al Estado a una toma de posición al respecto.

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