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demandas sociales a través de la mediación política que les permitía el sistema corporativo de representación de intereses. En parte como consecuencia de una política de industrialización subsidiaria por el campo, los obreros fueron logrando una mejor posición política y mayores beneficios sociales, mientras que los campesinos lograron el reparto un tanto errático de la tierra y los precios de garantía de los granos básicos.

Los líderes sindicales obtuvieron el monopolio de la representación de los trabajadores, una cuota creciente de gubernaturas y escaños legislativos, además de la multiplicación de los derechos sociales contenidos en la constitución. A medida que los sindicatos y sus líderes incrementaban su control sobre os organismos de seguridad social, salud, educación, etc. Se fue reduciendo paulatinamente la autonomía que habían tenido los presidentes de la Republica en el manejo del sector social.

El fenómeno de descentralización que se ha venido dando en México desde la década de 1970 se debe entender como un proceso que, en una primera etapa, consistió en instrumentar una serie de medidas adoptadas y dirigidas por el gobierno federal con la intención de eliminar, o al menos reducir, la excesiva concentración de decisiones y recursos que existía en este nivel de gobierno sin perder el control político. Se trató de impulsar políticas de descentralización administrativa más que de rediseñar la distribución de recursos y decisiones entre los tres niveles de gobierno.

El proceso de descentralización respondió a presiones políticas que fueron surgiendo con más intensidad a nivel local. Durante el gobierno de López Portillo, los cambios más importantes se siguieron consolidando en términos de la reforma administrativa, que buscaba fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos estatales sin quitar el control político al gobierno federal, ya que este nivel de gobierno seguía decidiendo el destino de los recursos descentralizados.

En 1977 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Copla mar), cuyos programas funcionaron exclusivamente con los recursos que diversos organismos y dependencias comprometían para tal efecto. Este programa tenía como objetivo la redistribución de la riqueza y funcionaba, orientándose a grupos seleccionados, a través de medidas proteccionistas como precios de garantía, créditos baratos, subsidios a la producción, intervención en la comercialización de granos básicos, etc. Sin embargo, fracasó en lograr su objetivo porque operó fundamentalmente a través de la estructura del mismo sistema político corporativo.

Durante el gobierno De la Madrid, la descentralización siguió formando parte de un proceso administrativo en el cual se transfirieron recursos condicionados principalmente a los gobiernos estatales y en el que se consolidó el aparato operativo para la planeación y la inversión pública, pero el poder de decisión lo siguió conservando el gobierno federal.

La crisis económica del fin del sexenio de Miguel de a Madrid acentuó más la necesidad de contar con un apolítica efectiva de combate a al pobreza. Aunado a ellos comienza a vislumbrar, de forma más sistemática, la presencia de un proceso de democratización “desde abajo”, que significaba una presión política creciente para el gobierno central, que lo forzó a seguir por el camino de la descentralización de recursos.

Cuando hay crisis económica, es decir, cuando existe mayor probabilidad de que crezca la pobreza, el país cuenta on menos posibilidades de asignar recursos los programas de combate de la

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