Seminario de actualizacion juridica
Enviado por cleirynatasha • 5 de Noviembre de 2022 • Tareas • 1.114 Palabras (5 Páginas) • 410 Visitas
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UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS
(UAPA)
ESCUELA
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS
ASIGNATURA
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN JURIDICA Il
TEMA
TAREA DE LA SEMANA I
PARTICIPANTE
CLEUDIS MARTÍNEZ DE LOS SANTOS
MATRICULA
100047268
FACILITADOR
ALBERTO JIMÉNEZ MONEGRO
RECINTO
SANTO DOMINGO ESTE
FECHA
29-07-2022
INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo hablaremos con relación a la función de la dirección ejecutiva de pro-consumidor y función del consejo directivo de pro-consumidor buscando consigo que el usuario conozca cuáles son sus derechos y deberes.
Es función del Estado proteger y garantizar la efectiva y eficientemente del goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas dentro de la política económica gubernamental se debe promover el crecimiento y desarrollo económico en un ambiente de libre competencia que facilite las condiciones para la formación de precios justos y estables que fortalezcan el poder adquisitivo de la población, especialmente el de los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad la preparación del país para los desafíos de la globalización requiere de la actualización urgente de los instrumentos legales e institucionales para la defensa de los derechos de la población consumidora es necesario la creación de un marco legal en el que los derechos de los consumidores o usuarios de bienes y servicios se encuentren real y efectivamente consagrados y contemplando especialmente el derecho a información, orientación, educación y transparencia en los mercados de bienes y servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El objeto específico de esta tarea es dar a conocer las funciones de la dirección ejecutiva de pro-consumidor y función del consejo directivo de pro-consumidor, para que el participante aprenda y conozco las importancias de las mismas.
DESARROLLO
REDACTA UN RESUMEN ACERCA DE LOS SIGUIENTES TÓPICOS
FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROCONSUMIDOR.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, PRO CONSUMIDOR, es el organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), con el objetivo de establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana.
La Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, en su artículo 53, da carácter de derecho fundamental a las disposiciones de protección al consumidor. Estas son de orden público, imperativas y de interés social.
La Carta Magna, expresamente señala que “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use y consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley”.
Esta disposición constitucional ratifica el establecimiento de un régimen de protección, garantía, seguridad y defensa de los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios.
La Ley 358-05, ha establecido el procedimiento administrativo que se debe cumplir ante Pro-Consumidor, cuando el usuario ha sido lesionado en sus derechos, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse ante los tribunales competentes. Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, garantizando la equidad, imparcialidad y la seguridad jurídica en relaciones de consumo mediante el cumplimiento de la normativa vigente con los más altos niveles de profesionalidad, eficiencia y eficacia.
La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor, estará facultada para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos. Cuando hablamos de la relación de servicio entre los usuarios de salud y los proveedores, nos damos cuenta que se trata de un servicio básico que el Estado está en la obligación de garantizar a un sea a través de las formas de contracción administrativas correspondientes, por lo que siempre la intervención pública deberá estar presente.
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