Seminario

SEMINARIO JURISPRUDENCIAL EN OBLIGACIONES

SEMESTRE: QUINTO B

Introducción:

El objetivo de este ensayo es, dar solución al problema jurídico de si ¿Existe la posibilidad de otorgarle a las normas de la Constitución Política una eficacia directa, en cuanto a las relaciones económicas de carácter privado? Con base en la controversia generada en la sentencia T-375 / 1997, en la cual se presenta la tutela por la privación del derecho de trabajo que se ve reprimido por la discriminación arbitraria de una de las partes. Para desarrollar a cabalidad la solución propia de esta problemática, recurriré al texto propio de la sentencia que presenta la opinión misma del juez y haré referencia igualmente a algunos de los artículos de la Carta Política que tienen relación con el interrogante en cuestión.

Desarrollo del Plan:

La Corte en más de una ocasión ha dejado claro que en cuanto a contratos se refiere, se regulan mediante la ley y la voluntad de cada una de las partes; dichos litigios se soluciona ante la jurisdicción ordinaria, teniendo fuentes pertinentes, que se relacionan propiamente con la ley y el contrato. Cuando la lesión es generada por parte del Estado, los términos referidos no siempre son los mismos que se plantean en una relación entre particulares, es ahí en donde actúa la doctrina de la eficacia directa de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, la cual cuando se da el caso, debe demostrar cómo y de qué manera el elemento fundamental de un derecho puede resultar específicamente vulnerado.

Aclarado lo anterior, si se está frente a un caso en el cual de forma arbitraria y/o abusiva se estácoartando un derecho como el del trabajo, aun cuando este no está contemplado dentro de los derechos de aplicación inmediata que estipula el artículo 85 de la Carta Política, no se puede dar vía libre a la transgresión de un derecho que desencadena tras de sí la violación de principios y valores superiores.

Según la opinión del juez, en la sentencia estudiada, al negarse la empresa a suministrarle la materia prima, de gran importancia para el desarrollo de sus procesos productivos, al fabricante; tiene una relevancia constitucional directa, ya que la actitud del empresario traduce para el demandante una afectación de los derechos de igualdad, trabajo y protección de la familia dada la paralización de la fuente de sus ingresos.

Aunque constitucionalmente, las empresas cuentan con el derecho de “Libertad de empresa” estipulado en el artículo 333 de la Constitución, por medio del cual ejercen su autonomía en cuanto a las decisiones propias de su negocio, su derecho debe ceder o conciliar con los principios y valores constitucionales, en este caso concreto no solo debe ceder, sino que queda fuera del

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