Sistema Economico Social

La libertad económica ha convivido con un Estado

democrático. Lo ha hecho, sin embargo, en un plano teórico6

formal. En la práctica, como lo fue antes, el saldo es desfavorable a la

libertad económica.

El modelo económico en curso, en especial desde 2005, reedita

viejas técnicas de intervención, sin mayor aporte. Control de precio,

control de cambio, planificación, empresas públicas, nacionalizaciones,

todas son técnicas que el Estado ha desarrollado desde 1939. La novedad

no reside allí, sin embargo. Lo novedoso del modelo económico en

curso, es su expresa y deliberada fundamentación en un modelo de

transición al socialismo, que como se sostiene en el Plan de la Nación

2007-2013, pretende destruir las estructuras del Estado capitalista para

la creación del hombre nuevo y de una sociedad socialista, igualitaria.

Modelo de transición al socialismo que, con independencia del rechazo

al proyecto de reforma constitucional de 2007, cuenta con un importante

marco jurídico. La Ley Orgánica que crea la Comisión Central de

Planificación, la Ley de Economía Popular, la Ley Orgánica de Seguridad

y Soberanía Agroalimentaria, establecen un diseño que margina a

la empresa privada tradicional, y preferencia a la empresa pública y a

las asociaciones colectivas para el trabajo. Modelo de transición al socialismo

que se apoya en la promoción de la participación ciudadana

directa, pero que no es una participación autónoma y libre, sino una

participación organizada, dirigida y financiada desde el propio Estado.

Participación ciudadana que, además, de manera forzosa, debe orientarse

a la construcción de la sociedad socialista, tal y como se ha dispuesto

en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Con lo cual la

participación ciudadana no legitima al socialismo, pues es, en realidad,

producto de ese socialismo, impuesto por el Estado.

Todo ello, fundado expresamente en el Estado social, que viene a

ser, de esa manera, una cláusula general que condiciona socialmente a

toda la economía, funcionaliza socialmente a la empresa privada y

otorga al Estado el poder inminente de dirigir, controlar y planificar el

proceso económico hacia los objetivos que el propio Estado define, junto

con organizaciones promovidas por él.

Sin embargo, el Estado social, como lo concibe el artículo 2 de la

Constitución de 1999, nada tiene que ver con ello.

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10.- Para poder extraer, objetivamente, cuáles son las consecuencias

prácticas del Estado social, debemos comenzar por recordar una

premisa bastante elemental. No es el caso discutir abstractamente sobre

las bondades o defectos del Estado social. Ese debate es sin duda relevante,

y cabría preguntar, incluso, si la redacción del artículo 2 del Texto

199 generó algún cruce de ideas, de contrastes, en el seno de la

Asamblea Nacional Constituyente o de la opinión pública. Pero, en todo

caso, debemos comenzar nuestro análisis con un dato concreto de

nuestro ordenamiento jurídico: el artículo 2 de la Constitución califica a

Venezuela como Estado social y Democrático de Derecho. El calificativo

social del Estado viene acompañado además de normas sustantivas,

especialmente en el orden económico, como es el caso relevante del

artículo 299. Dentro de esas normas, el artículo 21.2 resulta relevante: la

Ley debe asegurar la igualdad real, no sólo la igualdad formal. Esto

otorga contenido al principio de justicia social, entendido en el preámbulo

de la Constitución como aquel que asegura la participación equitativa

de todos en el disfrute de la riqueza, es decir, que el Estado debe

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