Sistema Penitenciario De Mexico

SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICO

Habrá que tomar en cuenta que los altos muros perimetrales de las prisiones sirven no solamente para evitar que los que se encuentran adentro escapen, sino también para impedir que los que están fuera se enteren de todo lo que sucede dentro de la institución.

Ciertamente, quienes estén de alguna manera relacionados con el estudio del tema ya se habrán hecho un criterio informado, dado que existen datos respecto de todos sus componentes. Sin embargo, es necesario que las conclusiones a que se haya arribado hasta el momento sean difundidas entre la ciudadanía en general para que se tome consciencia de que tales irregularidades afectan no solamente a los internos y sus familiares, sino a toda la población, dado que, además de que la forma irregular en que se custodia a los internos propicia que éstos sigan delinquiendo durante su reclusión; también se dan efectos negativos que afectan la economía, comenzando por el alto costo de mantener privados de la libertad a quienes bien podrían estar libres, siguiendo por los efectos perniciosos ya no de carácter económico, sino social, pues el inadecuado tratamiento de los internos produce efectos negativos tanto durante el cumplimiento de su condena como al quedar en libertad, una vez cumplida aquélla o, aún peor, si se fugan sin haber completado su condena.

Si se acepta que un detonador de varios de los problemas recurrentes del sistema penitenciarios es el hacinamiento, se debe considerar que se ha dado un primer paso positivo para resolverlo con la construcción de nuevos centros federales de reclusión. Esto alivia automáticamente la sobrepoblación en los reclusorios estatales, puesto que históricamente ha sido en estos centros en los que un alto porcentaje de condenados del orden federal compurgan la totalidad o parte de sus condenas.

Asimismo, en el ámbito local se ha iniciado la construcción de nuevos centros de reclusión, con el apoyo de fondos federales, aunque no al ritmo deseable.

La falta de centros penitenciarios modernos, equipados y administrados debidamente propicia el incumplimiento de normas fundamentales, como son la debida separación de los sentenciados tras una clasificación que garantice que las características de cada interno sean determinantes en la decisión del lugar o la sección en que deba cumplir su condena, para evitar que delincuentes de poca peligrosidad o aquellos que delinquen por vez primera tengan contacto con los reincidentes o de mayor peligrosidad. Si al menos se lograra en lo futuro separar correctamente a los diversos grupos delincuenciales se estaría dando un gran paso para evitar la contaminación que implica el actual sistema, que ha convertido las cárceles en centros de capacitación y adiestramiento de futuros miembros de la delincuencia organizada, principalmente.

La prisión preventiva es otro de los aspectos negativos que es un fenómeno histórico en México. Al acudir a las estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública federal se puede constatar que en promedio, en el plano nacional, más de 40 por ciento de los privados de libertad del fuero común no han sido sentenciados, es decir, están siendo procesados, por lo que legalmente son inocentes, pues no se ha demostrado su culpabilidad y responsabilidad mediante sentencia firme. Si de por sí 40 por ciento es muy alto como promedio, podemos encontrar entidades como Baja California Sur y Quintana Roo con porcentajes mayores a 60%; aunque en contraste se tengan porcentajes menores a 30% en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Esto es, se tiene perfectamente detectado el problema por entidades federativas, por lo que se puede tratar de solucionar la tendencia a utilizar la prisión preventiva en forma indiscriminada y comenzar a aplicar los criterios establecidos en la RC, para reducir el porcentaje de procesados privados de su libertad.

El costo económico de la prisión preventiva es muy alto en México, sobre todo si se toma en cuenta que un gran porcentaje de los procesados se encuentran privados de su libertad acusados de delitos de menor cuantía. De lograrse uno de los objetivos de la RC, consistente en procurar disminuir la privación de la libertad como medida precautoria durante el proceso, habrá un ahorro de recursos que pueden ser empleados para otros fines, independientemente de que, al dejar de dictar prisión preventiva para miles de procesados, se evitarán los efectos negativos en el ámbito laboral y familiar que la prisión preventiva ocasiona.

Los primeros pasos para resolver o aminorar el problema de la sobrepoblación penitenciaria han sido dados con la asignación de recursos para la construcción de nuevos centros penitenciarios y la entrada en vigor de la reinserción social y la consecuente entrada en escena del juez de ejecución de sanciones, con lo que es de esperarse que mejore la situación de los que se encuentran privados de su libertad. Desde luego que aún falta lo más difícil de lograr, que es que se produzca realmente el cambio esperado al quedar a cargo del Poder Judicial la determinación de la duración y modificación de las sanciones, entre otras varias funciones correspondientes ahora al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, se están realizando esfuerzos para reclutar, capacitar e integrar nuevos elementos al sistema tanto federal como en el Distrito Federal y algunas entidades para reforzar al personal de custodia de los centros penitenciarios, medida que en los nuevos centros penitenciarios y con la intervención del juez de ejecución de sanciones probablemente cambie el panorama, así sea modestamente al principio.

Será necesaria una constante labor de divulgación de los beneficios que implica lograr que los centros penitenciarios no sólo garanticen seguridad, sino que, además, propicien que durante su detención el procesado o condenado sea tratado teniendo

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