TESIS DE GRADO

Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Licenciatura en Sociología

TESIS DE GRADO

“Políticas juveniles de educación, formación y empleo en la última década”

Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza.

Un análisis desde la perspectiva y experiencia de los agentes burocráticos.

María Isabel Guillén

Registro: 13466

Directora: Dra. María Eugenia Martín

Mendoza, Septiembre del 2010

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INTRODUCCIÓN

Con la crisis del modelo de industrialización y la llegada del neoliberalismo, comenzó un período de transformaciones y reformas, donde el fin del Estado de Bienestar ocupó el lugar central. En Argentina, este proceso, que comenzó en los años ‟70, tuvo su auge en la década de los ‟90 con el gobierno menemista.

El rasgo que caracterizó ese momento histórico y que condicionó fuertemente las políticas sectoriales de todos los ámbitos del hacer social, fue el agotamiento y posterior abandono del modelo de acumulación keynesiano, que depositaba en el Estado Nacional y en su acción política, la función de arbitrar en la distribución de los recursos y orientar el proceso económico, y su reemplazo por un modelo en el que prima la lógica del mercado. Como consecuencia de este cambio se generó una reestructuración que polarizó la estructura social, a través de un movimiento descendente que afectó a gran parte de la sociedad constituyéndose una masa de población marginal hasta ese momento ajena a la realidad nacional. La contracara de este proceso fue la acumulación de la riqueza, la transnacionalización de la economía y el desarrollo de un moderno circuito, destinado a satisfacer las necesidades de consumo de los sectores enriquecidos.

Es importante destacar, asimismo las consecuencias que las reformas en materia económica tuvieron sobre la educación y el mundo del trabajo.

Las reformas económicas de los ‟90 fueron acompañadas de un conjunto de cambios en lo educativo a través de distintas leyes que modelaron el sistema a los requerimientos neoliberales de la época.

Se trató de una reforma profunda, que se materializó en diversas leyes educativas que la sustentaban, como la Ley de Transferencia de los establecimientos educativos (24049) de 1992, la Ley Federal de Educación (24195), sancionada y promulgada en 1993 y la Ley de Educación Superior (24521) de 1995.

Las políticas educativas se inscribieron en un discurso sustentado por los principios de equidad y calidad, dictados por los organismos internacionales de crédito. Estos recomendaron la focalización como modo de asegurar una “verdadera equidad”, consistente en llegar con los recursos del Estado a quienes efectivamente los necesitan, es decir, a los sectores definidos como más vulnerables, involucrando a todos los sectores educativos en

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una discusión sobre si el Estado debe pagar servicios para todo el mundo o solo para los pobres. También se abandonó el concepto de “igualdad” y se lo reemplazó por el de “equidad”, el cual a pesar de presentarse como superador del primero, profundizó la brecha existente, ocultando la desigualdad de base. En palabras de Asso, “… las escuelas de zonas “desfavorables” quedaron libradas a su suerte y a la de sus comunidades, ya que cargaron y continúan cargando, con la responsabilidad de igualar la desigualdad que el propio Estado no reconoce ni atiende como tal, pero que contribuye a reproducir”.1

La repitencia, el desgranamiento y la deserción como expresiones de la desigualdad y la exclusión educativa siguen siendo un tema irresuelto en nuestro país.

Por otra parte, las reformas económicas y educativas mencionadas anteriormente impactaron en el mercado de trabajo.

Al decir de Herger, “Las políticas de formación y calificación laboral conformaron, junto a la flexibilidad laboral y la reducción de la jornada de trabajo, la triada de las llamadas “vías rápidas” para atacar la crisis ocupacional”. 2 En función de tales nociones las políticas de formación se incluyen entre los instrumentos de acción ante fenómenos de crisis del empleo y, más aún, cuando ésta adquiere características estructurales y permanentes.

Los programas sociales frecuentemente han utilizado la formación para el trabajo como un instrumento para intervenir en poblaciones marginadas socio-económicamente, donde su escasa terminalidad educativa dificulta su inserción laboral. En este caso, la formación actúa como un paliativo dirigido a aquellos jóvenes que abandonan los estudios antes de lograr niveles educativos considerados necesarios para una adecuada inserción en el mercado de trabajo.

Por esta razón, y tal como lo explica Martín, “las políticas de educación, formación y empleo tienen un papel importante en las formas de articulación que el sistema productivo y el sistema educativo adquieren. Por ende, el abordaje de esta relación es crucial, en tanto que forma parte de los mecanismos de reproducción social”.3

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1ASSO, Jorge Alejandro; Educación, Trabajo y Desigualdad Social: Una aproximación al Programa “Servicio Cívico Voluntario” en la Provincia de Mendoza; página 2.

2HERGER, Natalia; ¿A quiénes sirvieron las políticas de educación y formación para el trabajo en los ‟90?; páginas 4-5.

3MARTIN, Mª Eugenia; “Juventud, educación y trabajo. La dinámica entre estructuras y agentes burocráticos en las políticas de Mendoza”; página 181.

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En este contexto, nuestro trabajo tiene como objetivo, conocer desde la perspectiva y la experiencia de los agentes burocráticos, las políticas juveniles de educación, y de formación y empleo; y las condiciones que impuso el contexto nacional, provincial y municipal en la construcción y ejecución de dichas políticas.

Partimos interrogándonos sobre los factores que condicionaron las políticas implementadas frente al problema de la desigualdad en la distribución de oportunidades de acceso a la educación, la formación y al empleo de los jóvenes vulnerables en el Departamento de Maipú durante la última década y que papel jugaron en ellas los agentes burocráticos. Tema que ha sido abordado con anterioridad por la Dra.

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