Tutela

Tutela

La palabra tutela proviene del latín tutela. Se trata de la autoridad que se confiere para cuidar de una persona que, ya sea por minoría de edad o por otras causas, no tiene completa capacidad civil. De esta manera, el tutor adquiere autoridad y responsabilidad, en defecto de los padres de la persona en cuestión, sobre el sujeto y sus bienes.

Tutela Efectiva

“Derecho de acción” o “derecho a la jurisdicción”, es decir derecho de libre acceso a los tribunales y órganos de la justicia que, en principio. Corresponde, a todos los ciudadanos en ella se acogen la idea del derecho a que un tribunal conozca de las pretensiones atinentes a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con la garantía precisas para que no produzca indefensión.

Es por ello, que para el estudio del derecho a la tutela judicial efectiva se debe previamente aclarar lo que se entiende por tutela judicial efectiva, ya que existen dos corrientes a saber:

Una corriente ha señalado que la tutela judicial efectiva se limita a lo establecido en el art. 26 de la CRBV que establece:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…” (CRBV, 1999: art. 26).

Por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende palabras del Tribunal Constitucional Español un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto. (Pico I Junoy 1997).

En el mismo orden de ideas, la tutela judicial efectiva garantiza: la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales iniciando un proceso; la obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes; la posibilidad de las partes de poder interponer los recursos que la ley provea; y la posibilidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia. (Carroca 1998).

También es partidario de esta corriente Rivera (2002), para quien la tutela judicial efectiva no solo supone el derecho de acceso a la justicia y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sino que comporta de igual forma la obligación que tiene la Administración de justicia, en respeto del derecho constitucional a la igualdad prevista en el artículo 21 de la CRBV y a decidir una controversia de una manera imparcial y equitativa.

El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un mecanismo eficaz que permita a los particulares restablecer una situación jurídica vulnerada y está integrado por el derecho de acceso; el derecho a la gratuidad de la justicia; el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada en derecho y congruente; a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la sentencia (CRBV, 1999: art. 26).

El Derecho de Acceso a la Jurisdicción

Como ya se afirmó, el derecho a la tutela efectiva es complejo, comprende varios derechos, pero el primero es sin duda el derecho de acceso, conocido en la doctrina como el derecho de acceso a la jurisdicción. De acuerdo a la Constitución venezolana toda persona tiene derecho no sólo de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, sino también a ser oído en cualquier clase de proceso5 y a dirigir peticiones ante cualquier autoridad.

Asimismo, para el Tribunal Constitucional “el derecho a la jurisdicción se concreta en un derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional, a fin de llegar a una decisión judicial sobre las pretensiones formuladas”. Sin embargo, en el caso venezolano, este derecho de acceso no se limita a los tribunales de la República, sino que comprende “cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa y judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”

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Además, el acceso, como derecho, no puede estar sujeto a condiciones excesivas, que atenten contra su esencia e impidan o restrinjan, sin justificación, la admisión de las demandas, solicitudes o recursos, “lo que también obliga a evitar todo pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo”. Así mismo, está vedado a los órganos del Estado imponer requisitos o exigencias, no determinadas en la ley, que imposibiliten o obstaculicen el ejercicio de este derecho. Así, por ejemplo, constituye una violación del derecho de acceso, y por ende de la tutela efectiva, la negativa de algunos Notarios Públicos de trasladarse a las instituciones bancarias para levantar protestos de cheques, bajo el argumento de no contar con los equipos de computación necesarios para ello.

Igualmente, el derecho de acceso libre a la jurisdicción de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de toda persona a ser parte en un proceso, y a poder promover en su marco la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.

Puede observarse que, para los autores previamente citados el derecho a la tutela judicial efectiva se circunscribe únicamente a lo establecido en el artículo 26 de la CRBV, sin involucrar la suma de las garantías procesales consagradas en el artículo 49 de la CRBV.

En contraparte, otra corriente considera que la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en el artículo 49 de la CRBV; es decir, que por tutela judicial efectiva se entiende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a las pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a un tribunal competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado por jueces naturales y derecho a no confesarse culpable, entre otros.

Derecho

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