UNESCO EN COLOMBIA

PROGRAMAS EDUCATIVOS PROMOVIDOS EN COLOMBIA POR LA UNESCO

Desde mediados de los años 80 había comenzado a darse en el país una serie de transformaciones institucionales que apuntaban a desconcentrar y descentralizar funciones del gobierno nacional. La racionalidad detrás de dichas medidas era una combinación de argumentos en favor de la mayor participación ciudadana, la autonomía y la eficiencia económica. La primera gran reforma en este sentido fue la elección popular de alcaldes. En el campo educativo propiamente dicho, siguieron medidas orientadas a fortalecer el poder local, tales como la cesión de recursos fiscales y la transferencia de responsabilidades relacionadas con aspectos administrativos del servicio.

A las expectativas sobre la descentralización se sumaban otras, relacionadas con las características que debía tener el sistema educativo que resultara de -e impulsara- un gran proceso de reforma social: apertura a la participación de otros actores, autonomía de las instituciones para construir proyectos educativos que dieran respuesta a las necesidades reales de las comunidades, el reconocimiento de la pluralidad cultural y religiosa, más y mejor educación básica para todos.

Las condiciones para desencadenar una reforma educativa variaron radicalmente como consecuencia del proceso que condujo a la expedición de la nueva Constitución Política. Hasta ese momento los asuntos educativos preocupaban casi exclusivamente al gobierno y al sindicato docente. El primer espacio real de concertación se creó con motivo de la redacción de una nueva Carta por parte de constituyentes de la más diversa procedencia. La actividad intensa que desplegaron las ONG y muchos miembros y representantes de la sociedad civil con anterioridad y durante los trabajos de la Asamblea, hizo posible que en el articulado se incorporaran temas cruciales que iban más allá de los que hasta ese momento habían hecho parte de la discusión pública sobre educación. La adopción del derecho a la educación, su obligatoriedad entre los 5 y los 15 años, la participación de la comunidad educativa en la dirección de los planteles, y la asignación creciente de recursos a la educación pública constituyen victorias jurídicas sin precedentes en la historia de Colombia.

...