VIOLENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO 1

LOS PERÍODOS DE LA VIOLENCIA

1.1. LOS DATOS CENTRALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile -los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación.

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas.1

Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Así, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Y es que la violencia impactó desigualmente distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población. Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que

1 En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente. Para mayores detalles véase el anexo del presente informe titulado: ¿Cuántos peruanos murieron?: Estimación del número total de víctimas fatales del conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como propia.

1.2. EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano2. En nuestro país no se repite el esquema clásico latinoamericano de agentes del Estado como perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso restringido de la violencia y, sobre todo, a civiles desarmados. Por un lado, la violencia armada en contra de la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP Sendero Luminoso, utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos. Por otro lado, dicha violencia subversiva estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del «antiguo orden» en las áreas iniciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac) por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas del país. Desde entonces fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto por las normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, convirtiéndose así en el primer perpetrador.

Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tuvo el derecho y el deber de defenderse, siempre garantizando la defensa y vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, la Comisión constata que, paradójicamente, las etapas más duras del conflicto en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, transcurrieron en democracia. El mayor número de víctimas, muertes y desapariciones forzadas, incluyendo los tres picos de 1984, 1989 y 1990, ocurrieron cuando el país tenía gobiernos democráticos, surgidos de elecciones libres, sin exclusión de partidos ni fraudes electorales, por lo menos antes del autogolpe del 5 de abril de 1992. Asimismo, entre 1980 y 1990, se dio una de las etapas con mayor número de procesos electorales democráticos a nivel nacional, regional y municipal de toda la historia republicana, con la excepción puntual de las áreas directamente afectadas por la violencia que atravesaron por circunstancias particulares.

El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada, que se expandió en unos años a casi todo el país.3 Los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto,

2 Para un análisis detallado sobre este punto y los diferentes tipos de causas (históricas, institucionales, coyunturales) del conflicto ver capítulo correspondiente.

3 La CVR ha recibido testimonios de muertes y desapariciones como producto del conflicto armado interno en todos los departamentos, salvo Moquegua y Madre de Dios. Sólo en Tacna (1) y en Tumbes (4) la cifra de víctimas reportadas a la CVR es de un dígito.

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abandonando sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En relación a este punto, los gobiernos elaboraron hipótesis equivocadas sobre las organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta fundamentalmente militar que terminó por agravar el conflicto, propiciando su escalada tal como el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la gravedad de los hechos, era inevitable que el Estado utilizara a sus fuerzas armadas para hacerle frente, declarando además los estados de excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las previsiones del caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la población. Peor aún, a la abdicación de la autoridad civil en la conducción de la respuesta estatal contrasubversiva se sumó la desatención a las denuncias de violación de los derechos humanos e incluso, en varios casos, la garantía de impunidad que se facilitó a los responsables de las mismas. Según los casos reportados a la CVR, los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos, especialmente miembros de las fuerzas armadas escalaron la violencia iniciada por el PCP-SL, resultando responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Si bien en nuestro país no se repite el esquema clásico latinoamericano, ello no exime la responsabilidad por la acumulación de graves denuncias sobre sus agentes que, incluso investigadas, no fueron sancionadas.

En efecto, otra de las peculiaridades del conflicto armado interno es que hubo importante información, denuncias e investigación sobre los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos. A diferencia de lo acontecido en otros lugares, el país contó con una cobertura amplia de los hechos y con libertad de prensa hasta para las organizaciones subversivas. En las áreas de conflicto, sin embargo, hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de periodistas. Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y acopiaron información sobre la guerra interna.

Hubo, también, investigaciones periodísticas, parlamentarias y, en menor medida, judiciales que lamentablemente tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables. Sin embargo, la Comisión constata, con sus resultados, que hubo también un sesgo en el recojo de dicha información y realización de investigaciones y denuncias, pues no se hizo el mismo esfuerzo por recoger denuncias que apuntaban a la responsabilidad de los grupos subversivos. Debido a ello, estimaciones realizadas anteriormente por otras instituciones, oficiales o particulares, situaban la responsabilidad del PCP-SL en menos del 10% mientras elevaban las atribuidas a los agentes del Estado a más del 80%.

A pesar de esta constatación, la Comisión no puede dejar de señalar que la respuesta de los organismos del Estado a la violencia subversiva alcanzó también márgenes extremos que rompieron con un patrón singular de las FFAA peruanas. Durante la dictadura que dirigieron entre 1968-1980, años sombríos para los derechos humanos en América Latina, los militares peruanos registraron pocas violaciones de este tipo, toleraron la existencia de organizaciones y de

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propaganda izquierdista y, más aún, cumplieron ellos mismos reformas reclamadas tradicionalmente por las izquierdas. Si bien en los últimos años de la década del setenta, el gobierno militar endureció sus acciones contra las fuerzas de izquierda mediante la severa represión policial de las protestas sociales y el incremento de las deportaciones de opositores, quedó lejos del nivel de violencia desplegado a partir de 1983, cuando ingresaron al combate directo contra Sendero Luminoso.

Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto peruano como parte de un proceso en el que las acciones de violencia transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos graduales de intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a zonas marginales al poder político y económico

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