Violencia hacia la mujer.

INTRODUCCIÓN

A pesar de ser la violencia hacia la mujer por su pareja, un fenómeno ancestral, es reconocido por la sociedad como un problema social y de salud vigente, no solo por los efectos deletéreos que ocasiona sino además porque nulifica los derechos humanos fundamentales. Organizaciones internacionales han declarado que una de cada tres mujeres la sufre en algún momento de su vida, lo que la ha convertido en una “pandemia silenciosa”, epidemia invisible”; y, se ha pronosticado que podrá ser incluida como una de las primeras quince causas de enfermedad y muerte en 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera responsable del 5% a 16% de los años de vida saludable perdidos; un año perdido por cada cinco años de vida saludable. Es la primera causa de daño físico en el grupo de 15 a 44 años de edad y se le atribuye ser la causa de un descenso del 12,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) exhortaron a los estados miembros a estudiar el conjunto de factores que favorecen la aparición del problema, a implementar programas nacionales y proyectos locales que contribuyan a mejorar las respuestas institucionales del sector de la salud. A las Ciencias de la Salud Pública no les basta con interpretar y explicar la situación de este problema de salud y las respuestas de los servicios de salud, sino además, servir de mediadora con la comunidad para viabilizar las acciones transformadoras necesarias que respondan a un contexto determinado.

Nuestro Gobierno ha realizado ingentes esfuerzos para dismi-nuir la incidencia de este problema a nivel social y se han logrado avances relevantes en lo económico, educacional, político, en lo jurídico. Se creó el Grupo de Trabajo Nacional para la Atención y Protección contra la Violencia Familiar. Sin embargo, en el sector de la salud no se ha implementado un programa nacional y; aunque existen acciones formalmente enunciadas en algunos documentos normativos, su aplicación resulta insuficiente, así como las actitudes manifestadas en las prácticas cotidianas de los actores del Sistema de Salud lo que, a criterio de la autora, ha retardado el posicionamiento acerca del papel que debe des-arrollar el sector en el tratamiento de esta cuestión.

Es alentador que, recientemente, el problema se ha insertado en las áreas prioritarias relacionadas con el comportamiento: “Promover y apoyar proyectos específicos que contribuyan a la prevención de las manifestaciones de violencia más relevantes en nuestro medio y que alerten a la comunidad sobre sus causas, efectos, dejándola de considerar como un fenómeno inevitable”. ∗La prevalencia a nivel mundial de la violencia hacia la mujer por su pareja se ha elevado en comparación con la década de los noventa, según el Banco Mundial, la OMS, la Unión Africana y la Comisión de los Derechos Humanos, que alcanza cifras desde 10% a 69%. Se cuenta con estudios nacionales acerca de la prevalencia de este problema entre nosotros. A pesar que, según cálculos, sólo se denuncian el 10% de las violencias vividas; este incremento no necesariamente refleja que ocurran en mayor cuantía sino que las mujeres están concientizando que es una violación de sus derechos fundamentales.

Otras estimaciones que revelan las consecuencias de esta problemática y la barbarie que entraña están dadas por la gravedad y las muertes ocasionadas; los datos arrojan que con peligro para la vida, el 10% y graves sin peligro para la vida el 7%, en 2001; cifra que se incre-mentó en el 2009 a 16% y 13%, respectivamente. (15,16) En los últimos diez años ocurrieron 40 muertes injustas y evitables en la totalidad de los casos y que, por encontrarse las víctimas en las edades productivas de la vida (31-40 años), representaron una alta pérdida en años de vida. La morbilidad de las mujeres que denuncian el delito, fue similar en dos mediciones realizadas por la autora en los años 2000 y 2009. Más del 60% fueron clasificadas como enfermas, con predominio de los trastornos emocionales y de los trastornos cardiovasculares. El 31,2% presentaba riesgos y entre el 5% y el 6% estaban sanas. Además este grupo de mujeres sentía la necesidad de ser atendidas por los especialistas de las instituciones de salud y de conocer las leyes que las amparan, pues sólo el 1% las conocían. (15,16). La violencia no es una enfermedad (17) - en el sentido más estricto del término- sino que desborda esta denominación y actúa como un factor mediatizado de una amplia gama de problemas de salud, entre ellos: el bajo peso al nacer (BP), las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y las conductas para-suicidas (I/S). (18) En tres investigaciones tutoradas por la autora, el 66% de las madres de niños nacidos BP sufrieron de violencia por su pareja durante la gestación y más del 20% de los casos sufrió violencia física. Un 86% de las mujeres que presentaron I/S, soportaron tanto violencia física como psicológica y un 13% de los casos sufrió también violencia sexual. Y el 70% de las mujeres portadoras de ETS también sufrieron el maltrato. Los costos directos ocasionados por las prestaciones de los servicios de la policía se han duplicado. Si tenemos en cuenta que, en el Área Metropolitana, en el año 2000 fueron utilizados esos servicios por 372 mujeres, mientras que, en 2008, los utilizaron 500 mujeres y en 2009, 749. mientras en los servicios de salud, el número de mujeres atendidas por lesiones aumentó cuatro veces más y en 2009 se ingresaron más de 116 mujeres y al 12% se les extendieron certificados médicos. A estos costos en los servicios de salud, se les agrega que las mujeres que denuncian el maltrato de pareja, asistieron cuatro veces más a consultas médicas, padecen cinco veces más de enfermedades relacionadas con el estrés y consumen diecisiete veces más medicamentos, predominantemente psicofármacos, que las no maltratadas.

La violencia de la pareja se sitúa entre los cinco problemas de salud que más afectan a las mujeres del área metropolitana y es un asunto priorizado en el territorio. En el segundo quinquenio de la década de los noventa, la OPS efectuó un estudio multicéntrico en seis ciudades de América Latina y en dos ciudades de España, que incluyó factores sociales y comunitarios relacionados con la violencia hacia la mujer, determinados por la cultura, la historia y la interacción humana. El objetivo era orientar las acciones del Proyecto Activa a partir de los resultados encontrados en este estudio. Entre los países de América Latina no fueron estudiados los factores relacionados con la subjetividad de las víctimas, ni con la organización de los servicios de salud. En la revisión bibliográfica realizada no se encontraron publicaciones de trabajos científicos nacionales

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