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A mi también me duele: Silencio e Impunidad a la violencia contra la mujer


Enviado por   •  4 de Julio de 2018  •  Ensayos  •  5.452 Palabras (22 Páginas)  •  213 Visitas

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FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

ARTÍCULO:

“A MÍ TAMBIÉN ME DUELE: Silencio e impunidad al fenómeno social de violencia contra la mujer”

SEUDÓNIMO DEL AUTOR (A):

“Themis”

Chiclayo-Perú

2018

RESUMEN

La presente investigación surgió en el contexto que vive hoy en día nuestro país, respecto al silencio e impunidad del fenómeno social de violencia hacia la mujer. Dado este contexto, preguntarse ¿qué es lo que mayor dolor e impotencia causa de este mal social? fue el referente que motivó a realizar esta investigación.

El título que lleva el presente artículo es “A mí también me duele: Silencio e impunidad al fenómeno social de violencia contra la mujer”; teniendo como objetivo principal de estudio, el analizar el fenómeno social de violencia contra la mujer, y el silencio e impunidad que nos presenta la realidad actual.  

La investigación surgió de la observación de un problema vinculado a la realidad actual que presenta nuestra sociedad: el tema de violencia contra las mujeres.

Todo este trabajo permitió concluir que, si bien llena de impotencia y dolor el acto de violencia como tal; es aún más preocupante y doloroso, el silencio cómplice que ampara la violencia, los estereotipos, prejuicios y roles que alimentan el odio machista contra la mujer el silencio de la víctima, así como la impunidad de este tipo de agresiones, por parte de las autoridades de nuestro país.

Palabras clave: Violencia – Mujer - Silencio - Impunidad

A MÍ TAMBIÉN ME DUELE: Silencio e impunidad al fenómeno social de violencia contra la mujer

I. INTRODUCCIÓN

Sí, a mí también me duele la violencia aplicada sobre madres, hijas, hermanas o amigas; a mí también me duele los asesinatos de mujeres por su condición de tal y el sufrimiento cruel que padecen; a mí también me duele escuchar a diario en los medios de comunicación, frases como: “hombre quema viva a mujer en autobús”, “mata a esposa de 14 puñaladas porque le propuso divorciarse” o, “comerciante celoso decapita a esposa delante de su único hijo”. Sí, me llena de impotencia el silencio cómplice que ampara la violencia, los estereotipos, prejuicios y roles que alimentan el odio machista contra la mujer.  No obstante, tengo la plena certeza que este dolor e impotencia es compartido por miles de personas más, porque rechazamos tajantemente todo acto denigrante y de maltrato contra la mujer.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, en nuestro país, la violencia de género en la pareja aún continúa quedando encubierta por un pacto de silencio, especialmente en el ámbito doméstico, toda vez que la víctima por miedo o temor no denuncia este tipo de agresiones. Aunque cueste aceptar, diferentes formas de maltrato son toleradas, si no aceptadas socialmente.

Entonces, es a raíz de esta realidad, que la sociedad se empieza a cuestionar: ¿dónde está la justicia ordinaria en nuestro país? ¿se pudo realizar algo para prever dicha violencia? ¿dónde están las autoridades para la punibilidad de este delito? ¿por qué la violencia de género no cesa? A criterio personal, ello surge porque la clave no radica en la penalización y aumento de penas para los agresores, sino en la prevención y esfuerzos que se deben realizar desde múltiples instancias y trabajo conjunto de las instituciones de justicia.

No hay duda de que las trasformaciones sociales, culturales y legales de los últimos años deben implicar una mayor sensibilización de la opinión pública respecto a este fenómeno social.

Para Roca (2011)[1], la violencia ejercida contra la mujer es un problema que obedece a estructuras jerárquicas patriarcales que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas como objetos desechables y maltratables. Muestra de ello es que las múltiples violaciones a los derechos de las mujeres se desarrollan tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado; respondiendo a diferentes contextos, pero a imaginarios culturales similares que limitan y atentan contra la libertad femenina y el desarrollo de sus capacidades. Con ello se evidencia que las mujeres se enfrentan a la discriminación del Estado, de sus familias y de la comunidad en general.

El fenómeno social de violencia, no tiene actores ni coyunturas únicas, ni tampoco existe un perfil único de víctimas; en consecuencia, cualquier mujer puede ser agredida hasta ocasionarle la muerte. Por otra parte, los autores de los crímenes no responden a una particularidad; es decir, que pueden ser realizados por personas conocidas o vinculados con las víctimas (familiar, sentimental o amicalmente), así como del entorno laboral o de estudios; además de ex convivientes o ex cónyuges, o desconocidos.

El presente artículo tiene como propósito de estudio, analizar el fenómeno social de violencia contra la mujer, y el silencio e impunidad que nos presenta la realidad actual. El centro de interés de este problema social, tiene incidencia tanto a nivel nacional como internacional, y es que la violencia ha invadido de forma extrema e irreparable nuestra realidad actual.

Tal como lo afirma Bustelo (2007)[2], a pesar de los avances, la violencia contra las mujeres sigue representando un problema polémico y complejo. En nuestro entorno geopolítico hay una gran variedad de interpretaciones y análisis, y un gran número de estrategias de acciones distintas, influenciadas por los diferentes contextos nacionales; sin embargo, no se ha evidenciado hasta el momento ningún avance significativo en nuestro país.

Ahora, ¿y qué de la punibilidad de la conducta del agresor? Sin duda ese es un tema, que indigna tanto como la propia agresión, y es que, si bien en nuestro sistema jurídico se han desarrollado normas y estrategias para garantizar la atención y protección a las víctimas, así como la criminalización de la conducta; éstas normas a su vez, presentan serias deficiencias y vacíos, máxime si las propias autoridades en el ejercicio de sus funciones, dejan una gran frustración al momento de administrar justicia. Los Estados, a través de sus autoridades, tienen la obligación de proteger a las mujeres de la violencia, responsabilizar a los culpables e impartir justicia y otorgar recursos a las víctimas.

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