CASO TEXACO-CREVRÓN

La mano negra de Texaco-Crevrón

“El Petróleo es un buen negocio, pero explotar el petróleo en países que son mal organizados es mucho más negocio.”

Anónimo

Hace varias décadas atrás, el Oriente ecuatoriano permaneció por mucho tiempo casi intocado por considerarse un territorio hostil, de difícil acceso, y sin mayores riquezas. Sin embargo, en ese entonces nadie pudo imaginar que la industria del futuro dependería de lo que había debajo del suelo selvático, y que la mayor explotación, destrucción y aniquilación empezaría unas décadas más tarde, cuando las industrias norteamericanas del petróleo iniciaron la exploración para dar con yacimientos petroleros. Esta se convirtió finalmente en la situación del Ecuador, país que sostiene actualmente la peor contaminación de la historia, provocada por la transnacional Texaco-Chevron. La misma que al rededor 26 años dejó irreparables huellas en la Amazonía ecuatoriana, por la intromisión de su mano negra.

En 1964, el gobierno ecuatoriano invitó a la petrolera estadounidense Texaco para que inicie exploraciones petroleras en la Amazonia. Ecuador y Texaco firmaron un contrato para quedarse en el país por 28 años y explotar crudo en Sucumbíos y Orellana. Las exploraciones de Texaco se iniciaron en Lago Agrio, en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador. En el sector que se inició la exploración vivían varias comunidades indígenas, las cuales fueron afectadas por la contaminación, durante las operaciones. Esto se debió a que cerca de 18 mil millones galones de aguas tóxicas fueron vertidas directamente en suelos y cuencas (Embajada del Ecuador en Estados Unidos, 2009).

Dos años antes de que se acabe el contrato entre Ecuador y la petrolera, Texaco transfirió las operaciones del consorcio al gobierno ecuatoriana pero mantuvo su propiedad del 37% de la producción de petróleo. Durante su operación Texaco perforó 350 pozos, de los que extrajo cerca de 1700 millones de barriles de petróleo crudo. Posteriormente, Petroecuador se convirtió en el propietario del 100% de la concesión, y Texaco dejó el país (Buen vivir, 2013).

Impresionantemente, el petróleo derramado en el agua y suelo de la zona era imposible de ocultar. El nivel de contaminación que se observaba en los pozos donde operó Texaco era abrumador. Estos motivos fueron suficientes para Cristobal Bonifaz, un abogado radicado en estados unidos, quien junto con otros abogados, demandó a la transnacional por contaminación ambiental. Al comienzo, ellos representaban a unos pocos demandantes ecuatorianos, número que fue creciendo mientras más amazónicos se enteraban que existía esa demanda. Creció hasta llegar a 30 mil personas que se sentían afectadas por la operación de la petrolera. Esta demanda en permaneció en EEUU por casi 10 años, pasó por manos de varios jueces y mientras no se sabía que pasaría con la demanda, Texaco interpuso 9 demandas en contra de los afectados, acusándolos de fraude, enriquecimiento ilícito y otros (Coronel, 2010).

Durante años posteriores existieron una serie de demandas paralelas que fueron interpuestas puestas por Chevron por concepto de fraude. Pero, no fue sino hasta el 2011, que un juez de Sucumbíos emitiera una sentencia, la cual falló a favor de los demandantes y determinó que la Petrolera debía pagar 8000 millones de dólares por concepto de indemnización ambiental y social a los 30 mil afectados. Este valor fue duplicado porque la empresa no se disculpó frente a los afectados.

Con este juicio, más allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que “trabajó” entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En este fallo histórico, muchos fueron los daños irreversibles provocados por la trasnacional, a los cuales se le

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